El líder de la CGT, que intenta imponer al vice de la fórmula presidencial oficialista y se siente perseguido por la Justicia, se entrevistó dos veces con Cristina. Los reclamos futuros.
La Presidenta sorprendió a los gremialistas anunciando que iba a hablarles sobre el impuesto a las Ganancias desde el lugar de “una militante más”. Envió un mensaje al líder camionero: “Para sostener el modelo, hay que hacerlo con inteligencia, dejando de lado la irracionalidad y la brutalidad”.
Sin embargo, para lograr el acercamiento hizo falta que intercediera la presidenta Cristina Kirchner. Recibió a Moyano dos veces –el miércoles y ayer– en su despacho. Con la paritarias de Camioneros el kirchnerismo colocó el techo a los reclamos de otros gremios. Con el mínimo no imponible, la CGT se atribuyó un logro que beneficiará a más de 700 mil personas (ver página 22).
“En esta hora y media que estuvimos reunidos con la Presidenta y los ministros, tuvimos un intercambio muy importante de ideas y la Confederación General del Trabajo cree que se ha dado un paso muy importante”, apreció Moyano al salir de Balcarce 50, después del mediodía. A la mañana, Amado Boudou había elogiado el cierre salarial de Camioneros, alcanzado el miércoles. “Esto me pareció un acuerdo muy racional, que da previsibilidad, en un país que está creciendo, tiene que ver con la realidad de la Argentina”, especificó el ministro.
Hay un tema que no se tocó en el encuentro: el frente judicial que ataca a Moyano, esta vez por lavado de dinero, en la Justicia argentina (ver página 3). En cuanto a la deuda que mantiene el Poder Ejecutivo con las obras sociales sindicales, el Gobierno prometió para esta semana una reunión con los sindicalistas, con los ministros de Salud y Economía, y el superintendente de Salud.
La disputa que viene. La pelea por los fondos de las obras sociales es la disputa que se viene. Moyano reclama la liberación del Fondo Solidario o Fondo de Redistribución. Se trata de una cuenta corriente que se nutre de un aporte de entre 10 y el 15% de todos los salarios superiores a 2.400 pesos.
Todo indica que ahora la CGT deberá pelear por su demanda menos escuchada. El Gobierno mantiene una deuda con las obras sociales, ya que el pago de los reintegros por altas prestaciones están atrasados, dicen los sindicalistas. Además, quieren que se redistribuya entre todas las obras sociales parte de ese Fondo Solidario.
Será una pelea mucho más difícil que la ganada esta semana, ya que la Presidenta se niega rotundamente a liberar el Fondo de Redistribución desde su asunción en diciembre de 2007, como reveló este diario el año pasado.
Esta semana, la CGT incluso deslizó la posibilidad de iniciar un juicio al Estado para que el Ejecutivo libere esos fondos, guardados en una cuenta corriente en el Banco Nación.
Pero el Gobierno tiene otros planes para ese dinero. “Los sindicalistas dicen que esa plata es de ellos, pero no es así. Estamos estudiando varios programas y medidas para que ese excedente sea destinado a ampliar las prestaciones de las obras sociales”, confirmaron a PERFIL fuentes oficiales.
La tensión entre el oficialismo y CGT se había iniciado con el exhorto enviado por Suiza en el que se pide información sobre una presunta maniobra ilegal de Covelia, una empresa que los suizos vinculan con Moyano. El líder gremial vio, detrás de la difusión de ese dictamen, una mano del Gobierno para debilitarlo. Moyano amenazó con un paro general, luego se retractó, tras una intervención del ministro de Planificación, Julio de Vido.
Después convocó a “reventar” la 9 de Julio para el acto del Día de los Trabajadores, intimó al Gobierno a incorporar a los sindicalistas en las listas y habló de un vicepresidente de extracción gremial.
Ayer, Moyano llegó a la Casa Rosada 15 minutos antes de las 11, hora fijada para la reunión. CFK se demoró media hora. Lo recibió junto a los ministros Carlos Tomada (Trabajo), Amado Boudou (Economía) y Ricardo Echegaray (titular de la AFIP). En la negociación hubo un acuerdo previo explícito: el oficialismo volteó la discusión en la Cámara de Diputados, impulsada por la oposición, con la complicidad de los legisladores sindicalistas como Héctor Recalde y Omar Plaini. Sabían que un día después lograrían aumentar el mínimo no imponible y la Casa Rosada podría, de ese modo, no dejarle el rédito servido en bandeja a la oposición.
Un estrecho colaborador de un ministro del Gabinete descartó, ante PERFIL, que se pueda hacer una lectura política del acuerdo por el impuesto a las Ganancias, la paritaria sindical, y la relación entre el oficialismo y el líder de la CGT.








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