La tragedia climática que azotó a Bahía Blanca y localidades del suroeste bonaerense el pasado 7 de marzo sigue sumando consecuencias. En la madrugada de este lunes, el Presidente Javier Milei oficializó el veto total a la Ley de Emergencia y Catástrofe aprobada por el Congreso, que buscaba brindar asistencia a las miles de familias afectadas por las inundaciones que causaron 18 muertes y destruyeron viviendas, escuelas, hospitales y caminos.

Con esta decisión, el Gobierno nacional desoyó un reclamo respaldado por 153 legisladores —con sólo 32 votos negativos, todos de La Libertad Avanza— y dejó sin efecto un fondo de 200.000 millones de pesos destinados a obras de reparación, exenciones impositivas, créditos blandos y moratorias para damnificados. La respuesta del oficialismo fue un tecnicismo: ya existe, según argumentaron, un decreto anterior (238/2025) que contempla ayudas a través del programa S.U.R. (Suplemento Único para la Reconstrucción). Sin embargo, ese mismo programa excluye a localidades como Coronel Rosales y no alcanza a cubrir la totalidad de la emergencia.

La falta de sensibilidad institucional no es nueva. Milei recién apareció en la zona cinco días después del temporal, cuando la desesperación de los vecinos ya era noticia nacional. Su visita, breve y sin contacto con los damnificados, fue rechazada con abucheos y reclamos públicos. Tampoco hubo presencia durante las horas más críticas por parte de sus funcionarios, que solo se sumaron días más tarde, enfrentando el mismo repudio.

El decreto de veto también cuestiona la ley por supuesta falta de “fuente de financiamiento”, como si una tragedia humanitaria necesitara una justificación contable para movilizar recursos.

Mientras tanto, familias enteras siguen esperando ayuda en barrios donde el agua arrasó con todo. En Bahía Blanca, el personal del Hospital Penna tuvo que rescatar bebés internados en Neonatología, en medio de un edificio anegado.

Desde el Partido Justicialista bonaerense, la respuesta fue contundente: “Nada nuevo. Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”.

La crítica apunta no solo al destrato del Ejecutivo con las provincias, sino también a las prioridades de gestión de un Presidente más preocupado por agradar al FMI que por dar respuesta a una población que perdió todo.