"El anteproyecto es una base para comenzar a discutir y tengo entendido que se va a debatir y me parece bien que se difunda más", subrayó Gil Lavedra, que se distanció de las opiniones políticas porque a su entender "son interesadas".

María Elena Barbagelata, ex diputada socialista y miembro de la comisión redactora, dijo que tiene "consultas permanentes" con los funcionarios que trabajan en la elaboración final del proyecto.

Sobre la reincidencia y la prisión perpetua, la ex legisladora aseguró que "son temas para discutir", pero advirtió que son puntos que actualmente generan "una discusión entre la doctrina y la jurisprudencia".

Barbagelata aclaró que el anteproyecto "no excluye la reincidencia" sino que invita al juez a "evaluar" antecedentes del acusado y sobre todo "la predisposición del penado para cumplir la pena de otra manera. No es que se ha excluido totalmente".

La dirigente socialista admitió que no se "puede pensar que no va a tener disenso y opiniones divergentes", pero reclamó que el debate "sea democrático, responsable y no tironeado con mentiras irresponsables".

Tanto en el oficialismo como en la oposición esperan la llegada del proyecto al Congreso, que según el discurso ante la asamblea de Cristina Kirchner, "a la brevedad" va a ser remitido al Parlamento.

El jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, cargó ese mismo sábado contra el anteproyecto al advertir que la reforma del Código Penal "abre las puertas de las cárceles" y anunció el lanzamiento de una campaña de recolección de firmas para frenar la iniciativa.

Las críticas de Massa alentaron a otros sectores de la oposición como el radical Julio Cobos y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien dijo tener "fuertes disidencias" con la propuesta.

El proyecto fue elaborado por una comisión coordinada por el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y que integraron los juristas Carlos Arslanian, por el kirchnerismo, Gil Lavedra, Barbagelata y el macrista Federico Pinedo.

La comisión se creó en mayo de 2012, a partir del decreto 678/2012, con un plazo prorrogable de 180 días corridos.