El operador judicial de Macri y hoy prófugo de la Justicia, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, también ingresaron a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo.

Según pudo reconstruir El Destape, el 31 de julio de 2017, el entonces titular de la cartera laboral, Jorge Alberto Triaca, ingresó a la AFI. El registro del libro de entradas a la Casa de los espías indica que a las 15 horas fue a entrevistarse con el director del organismo de inteligencia, Gustavo Arribas.

El encuentro de Triaca con el jefe de los espías se da en el marco de la avanzada contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina pero también de la que realizó el gobierno nacional contra la Justicia laboral.

Ese mismo 31 de julio, tal como publicó El Destape, el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, partícipe de la reunión de la Gestapo e imputado en la causa, concurre a la central de espías con el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien también fue parte del encuentro en el Banco Provincia. Entraron a las 14.51. Se reunieron con el director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, otro de los participantes de la reunión en el banco.

También aquel día se inicia por una denuncia anónima en el juzgado federal de Quilmes otra causa contra el Pata Medina. De acuerdo al documento que abre el expediente, en la mesa de entradas del juzgado federal de Quilmes, “una persona que no se identificó” dejó “sobre el mostrador un sobre de papel madera cerrado, sin remitente o destinatario”. La denuncia hace referencia al contenido que tienen algunos de los informes de AFI que se hicieron sobre Medina con búsquedas en Nosis y otras bases de datos. El escrito está armado de tal manera que apunta al delito de lavado para que pueda ser investigado en la justicia federal. Y hasta se toma un domicilio viejo de una empresa involucrada en la causa para que el caso quede radicado en Quilmes y no en La Plata, donde el macrismo no tenía llegada a la justicia federal.

En la declaración indagatoria que el referente de la UOCRA La Plata prestó el 16 de mayo de  2018, Medina hizo referencia al rol de Triaca en la persecución en su contra. Entonces, aseguró: “Estoy seguro que tanto la gobernadora como el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el Intendente de La Plata me cortaron el diálogo por orden exclusivamente del Gobierno Nacional. Estoy seguro porque por el mes de julio del año ante pasado me citó el Ministro de Trabajo, Sr. Villegas, que quería que fuera a su oficina para hablar algunos temas, me hice presente en esa oficina y la gran sorpresa que tuve en esa oficina fue que había inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación que los había enviado el Sr. Ministro Triaca”. Medina relató que en esa reunión, “una abogada del Ministerio de Nación” cuyo nombre no recordaba le dijo si podía “bajar un poco los valores y las condiciones del acuerdo” al que había llegado su gremio. El sindicalista declaró que rechazó cualquier modificación.

En la misma indagatoria, Medina también indicó que se buscaba parar una obra hidráulica en la Provincia “por orden del gobierno nacional, que quería investigar al gobierno saliente”. Contó que pidió que no paralicen las obras “porque iban a quedar miles trabajadores en la calle”. Pero su reclamo no tuvo eco: “Estuvo parada la obra por cinco meses”, recordó el sindicalista.

Medina también afirmó en su declaración que el sindicalista Balcedo se reunió con el ministro bonaerense Marcelo Villegas –involucrado en el caso Gestapo-  y este le contó que tenía “orden del gobierno nacional” de empezar a hacerle “carpeta para que me pudieran meter preso”.

Antes del encuentro de Triaca con Arribas en la AFI, el gobierno de Macri ya tenía decidido ir por la justicia laboral para poder flexibilizar las condiciones laborales de los trabajadores.

Entre junio y julio de 2017, el entonces Presidente arremetió contra lo que llamó “la mafia de los juicios laborales”. El ataque era por doble vía: se avanzaba contra los sindicalistas “díscolos” en pos de bajar un mensaje claro para el resto de los gremialistas y también se cuestionaba a la Justicia y abogados que defendían los derechos de los trabajadores. El objetivo del macrismo era ir por una reforma laboral.

En esa línea, se presentaron diversas denuncias contra jueces laborales en el Consejo de la Magistratura.

Es que el 2017 fue el año de la avanzada judicial también. En junio de aquel año, Macri envió un mensaje claro al Poder Judicial: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”. Está claro que cuando el entonces primer mandatario decía "verdad” se refería a que fallasen de acuerdo a sus intereses. Aquel que no lo hiciera podía recibir una denuncia ante el órgano de selección y sanción de magistrados, donde el macrismo gozaba de una hegemonía incuestionable. Esto se refleja en el caso de la Mesa Judicial PRO donde se investigan las presiones a los jueces y fiscales que no “acataron” ese mandato presidencial. El ataque no discriminó en fueros.

El encuentro Pepín - Arribas  

Pepín Rodríguez Simón, que asesoraba a Macri en cuestiones judiciales y era diputado del Parlasur y director de YPF, se reunió con el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, el 4 de septiembre de 2017. Según pudo reconstruir El Destape, su entrada se dejó anotada en el libro del edificio de la Casa de espías. Entró a las 14.28. Pepín y el exseñor 5 son dos integrantes de la Mesa Judicial macrista. Al día siguiente Arribas concurrió a la Casa Rosada.

¿Qué pasaba en septiembre de 2017 en la agenda político-mediática-judicial?

Por aquellos días se profundizaba la presión contra la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien el 31 de agosto era indagada por el juez Julián Ercolini por la compra de un inmueble. Pepín fue parte de esa avanzada, tal como lo reveló el entonces fiscal Gabriel De Vedia quien se reunió con el operador judicial en la Casa Rosada para intentar frenar la persecución contra quien era la cabeza del Ministerio Público Fiscal. De Vedia relató que Pepín le advirtió que el ataque contra Gils Carbó concluiría cuando ella presentase la renuncia. Y que si la procuradora no dejaba el cargo sería detenida al igual que sus hijas. Gils Carbó terminó renunciando al mes siguiente del encuentro entre Rodríguez Simón y Arribas, en octubre de 2017.

El ataque contra la procuradora no era lo único que sucedía.

Al día siguiente del encuentro Pepín-Arribas, Clarín publicó en uno de sus títulos de portada: “Investigan a Scioli por vender a terrenos a una proveedora del Estado”. La decisión se tomó en el marco de una denuncia que había realizado la cofundadora de Cambiemos entonces cercana a Pepín, Elisa Carrió, contra Scioli y su equipo. Se trató una de las tantas operaciones contra el exgobernador y excandidato a Presidente durante el macrismo que ahora empieza a investigarse en la Justicia. Este viernes, la fiscal federal de La Plata Ana Russo le dio impulso penal a la presentación que realizó Alberto Pérez, el exjefe de gabinete de Scioli, ante el juzgado federal que investiga el caso Gestapo para analizar esos hechos. Se ordenaron una serie de medidas de prueba como oficiar a la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia la declaración del policía Hernán Casassa, quien hizo referencia a la existencia de una Mesa Judicial bonaerense para perseguir a la entonces oposición.

Además, por aquellos días también estaba en agenda el caso Maldonado. Santiago no aparecía, el gobierno difundía diversas operaciones sobre su supuesta aparición y Macri decía estar preocupado por el tema.

Rodríguez Simón, que fue quien propuso a Macri designar por decreto como jueces para la Corte a los actuales presidente y vice del Alto Tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, era un hombre de consulta permanente para el Presidente. Tan es así que el empresario Cristóbal López aseguró en sede judicial que en el marco de la extorsión que sufrió Pepín se presentó con una frase contundente: “Yo soy Macri”.

Pepín actualmente se encuentra prófugo de la justicia argentina que busca indagarlo en el caso de la extorsión al Grupo Indalo donde también está involucrado el expresidente Macri.