Eugenia Muzio

Mientras Luis Caputo exhibe ante Wall Street la hoja de ruta oficial, en la City el mercado le cuenta los dólares al Tesoro. El programa financiero que presentó el equipo económico en julio empieza a quedar ajustado pero, ante la SEC estadounidense, blanqueó los riesgos de su programa y los millonarios juicios que arrastra el Estado en el exterior, parte de un informe que le sirve para preparar el terreno de cara a un eventual regreso a los mercados internacionales.

En los últimos días el microcentro porteño notó un clima de búsqueda de liquidez, en la antesala de una época de obligaciones abultadas y un clima electoral que sólo crecerá. Luego de dos días de tensión por las elecciones en Brasil, el viento desfavorable calmó para Argentina. Pero más allá de eso, el Banco Central no compró dólares por tercer día consecutivo, su sexta rueda en cero en lo que va del año. Si bien la ausencia de intervención no resulta sorpresiva en una jornada de fixing —ya ocurrió en julio y septiembre—, la lupa del mercado se posó sobre el Palacio de Hacienda. Según señaló un informe de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), fue el Tesoro el que salió a comprar USD 44 millones.

El movimiento rompe la lógica en la que, en un buen contexto, es la autoridad monetaria la que se hace de dólares en la rueda cambiaria y cobra otra relevancia al cruzarse con los ruidos de un día anterior, cuando circuló el rumor de que el Tesoro había vendido USD 100 millones ante la presión cambiaria desatada por la fuerte depreciación del real brasileño.

Los números rojos y la mira del FMI4

Ocurre que Economía debe pagarle USD 877 millones de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) este jueves 5 de noviembre. Sin embargo, en su cuenta en el Central apenas dispone de USD 869 millones, señaló la sociedad de Bolsa. La cuenta surge del último dato oficial al 23 de octubre (USD 925 millones), menos las ventas por USD 100 millones por el "efecto Brasil", más las compras por USD 44 millones. A ese rojo de caja se le suman vencimientos extra por USD 60 millones para la misma fecha.

El FMI aprobó el acuerdo técnico, pero giraría los USD 900 millones tras el cumplimiento de "pasos acordados"

Y es que con el anuncio del acuerdo técnico, el organismo validó la gestión macroeconómica, pero avisó que el desembolso por USD 860 millones (o USD 900 millones según la composición de los DEGs) no será automático. En su comunicado, el Fondo planteó: “Una vez cumplidos los pasos restantes acordados, se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre”.

Si el Gobierno no concreta nuevas colocaciones locales ni suma compras cambiarias, el Tesoro terminaría el año con depósitos en el BCRA en torno a los USD 1.800 millones. La cifra representa menos de la mitad de los USD 3.700 millones estipulados en el programa financiero de julio. Según PPI, este escenario llevaría a exceder las compras del Tesoro al BCRA en USD 1.100 millones frente a lo pautado. El eventual ingreso de USD 340 millones por la privatización de AySA y el giro de USD 1.000 millones por parte de otro organismo internacional asoman como los puentes necesarios para atravesar el último bimestre.

Vidriera en Wall Street y blanqueo de riesgos

Una de las herramientas que insinuó el Fondo que debería usar el Gobierno son las colocaciones de deuda bajo ley local. Pero Caputo presentó, también, una señal externa: envió a Wall Street parte del Form 18-K, un reporte anual ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) requerido para los soberanos que buscan colocar deuda en Nueva York. A la espera de que el riesgo país perfore los 700 puntos base, la presentación oficializa los números del plan libertario.

Frente a los tenedores de bonos, el equipo económico expuso un incremento en los recursos tributarios que alcanzaron los $ 103.000 millones hasta agosto. Esta suba interanual del 26,4% se apoyó principalmente en IVA, Ganancias y las cargas a la seguridad social. En materia de pasivos, resaltó el estiramiento de los vencimientos, remarcando que el stock de letras de corto plazo (como Ledes, Lecer y Lecap) se comprimió desde los USD 54.100 millones a fines de 2025 hasta los USD 42.800 millones. El documento también lució las recientes mejoras de calificación de la deuda soberana convalidadas por Fitch (a "B-") y Moody’s (a "B3").

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El prospecto legal, no obstante, obliga a sincerar las debilidades estructurales. En la lista de contingencias, el Gobierno puso sobre la mesa las amenazas a la macroeconomía. Entre los frentes internos que podrían complicar las proyecciones, el texto oficial advierte por la “volatilidad del tipo de cambio”, posibles rebrotes inflacionarios y subas en las tasas, además de un eventual freno en la inversión externa. En el plano internacional, alertó sobre fluctuaciones en los precios de las materias primas, recesiones en países socios, “eventos climáticos” y alteraciones en el mercado del petróleo por el conflicto bélico en Irán.

El inventario más complejo pasó por el frente judicial y la amenaza constante sobre las reservas. Tras la derrota en Nueva York por la expropiación de YPF, el Estado rinde cuentas sobre los laudos en su contra. Hasta principios de octubre, Argentina suma en el CIADI siete fallos firmes en contra por USD 832,5 millones, a los que se añaden otros dos expedientes por USD 833,5 millones donde el país solicitó la anulación. La contingencia mayor agrupa seis reclamos vigentes que totalizan unos USD 15.200 millones, fuero al que también acudieron los demandantes de la petrolera.

El informe listó además los litigios por los bonos atados al PBI (por USD 1.300 millones más intereses), aclarando a los inversores que los montos responden a distintas etapas procesales y no configuran una deuda consolidada inminente. Como gesto de buena voluntad, reportaron acuerdos con tenedores del 87% de la deuda no licitada a 2015, logrando desactivar sentencias que pesaban por USD 5.830 millones.