Las negociaciones con el tribunal del Banco Mundial apuntan a conseguir el favor de Obama en el litigio con los buitres. Estados Unidos exige el arreglo con dos empresas de fuerte lobby en Washington. El secretario de Estado y su hermano, funcionario del Departamento de Comercio, operan a través de un poderoso estudio de abogados. Manzano, el otro operador en las sombras del acuerdo.
Pero detrás de esa operación hay una enorme red de intereses ocultos de la que surgen nombres sorprendentes. En principio, la verdadera intención del Gobierno argentino es disminuir la tensión con Washington y enviar un gesto de distensión a la Casa Blanca, que se ha negado reiteradamente a ayudar al país en el litigio con los buitres.
La desesperación de la Casa Rosada está relacionada con las pésimas noticias que envía la justicia estadounidense. El fallo de la Cámara de Apelaciones del mes pasado cayó como una bomba, sobre todo por el tenor de las críticas hacia la estrategia argentina. Ayer, el juez Thomas Griesa determinó que los fondos del Banco Central son embargables, lo que podría afectar las cuentas de la entidad. A futuro, en el Gobierno creen que la Corte estadounidense también fallará en contra del país y le dará la razón a los buitres.
Por detrás de esos cachetazos pesa y mucho la decisión de la administración de Barack Obama de no respaldar la posición argentina en el juicio, pese a que había anunciado que lo haría.
El presidente estadounidense está molesto con su par argentina debido a una promesa incumplida. A poco de comenzar su segundo mandato, Cristina Kirchner se reunió con Obama en Cannes y éste le reclamó que arregle sus litigios en el Ciadi. Cristina se comprometió en avanzar en los arreglos pero no cumplió.
El norteamericano hizo especial hincapié en Azurix y Blue Ridge, dos empresas con un enorme poder de lobby en Washington. Tan es así que en 2012 lograron que Estados Unidos saque a Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias arancelarias.
El acuerdo que negocia Lorenzino en el Ciadi incluye a Azurix -concesionaria de la quebrada Enron-, Blue Ridge y otras tres firmas (Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company). En total, se habla de unos 500 millones de dólares. Las dos empresas mencionadas cobrarán, sumadas, unos US$ 300 millones.
Según el diario Clarín, durante la misión de Lorenzino representantes del Tesoro estadounidense condicionaron el envío de una nota de respaldo a la Corte Suprema a que el país cancele previamente las deudas pendientes en el Ciadi.
La mano de Manzano y Kerry
Detrás de esa operación hay varios actores que hacen su juego. Se trata de un grueso negocio de honorarios, comisiones y otros aportes que cobran abogados, intermediarios y banqueros, por lo que los operadores están a la orden del día.
Uno de los que está detrás del pago a Azurix y Blue Ridge es José Luis Manzano. El empresario mendocino tiene conocidos vínculos con el mundo financiero y político de los Estados Unidos, donde durante años trabajó como consultor. Ahora, Manzano está usando sus contactos con el Gobierno argentino para forzar la indemnización a esas empresas.
Pero hay otro nombre que sorprende mucho más. Se trata de John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos. En abril de este año, a poco de asumir su nueva función, el ex candidato presidencial dijo ante el Congreso de su país que existen "varias cuestiones" pendientes con la Argentina, entre las que mencionó la necesidad de que se le pague a las empresas que consiguieron acuerdos favorables en el Ciadi.
Kerry, abogado de profesión, comenzó su carrera pública como fiscal en Massachusetts y luego fundó un influyente estudio junto a Roanne Sragow. Su carrera de abogado culminó en 1982 cuando fue electo vicegobernador del estado. Sin embargo, su influencia en el ámbito de las leyes siguió activa a través su hermano Cameron.
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John y Cameron Kerry.
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“Cameron es la sombra de John”, sostienen los medios estadounidenses. Lo fue durante toda su carrera y muchos recuerdan que durante la primera incursión política del joven John, su hermano menor terminó preso por meterse ilegalmente en el comando de campaña de su rival. Fue el pequeño Watergate de los hermanos Kerry, ocurrido tres meses después del original.
Tras ese episodio policial, el aporte de Cameron se acotó a lo político y se convirtió en el jefe de sus campañas electorales y principal asesor de John. “Cam” recibió su premio y actualmente es el Asesor General del Departamento de Comercio, cartera que llegó a comandar interinamente. Es el principal asesor en temas legales y tiene a su cargo a 325 abogados divididos en 14 oficinas.
Hasta convertirse en funcionario de Obama, en 2009, Cameron Kerry se desempeño durante 25 años como abogado en el poderoso estudio “Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo” de Boston.
El lobby político de John Kerry y el accionar económico de Cameron se complementan con el accionar legal del estudio Mintz. Una trilogía de presión perfecta.
Mintz actuó en un litigio contra Argentina de Enron Corp. y Ponderosa Assets, antiguos accionistas de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Las dos firmas habían demandado al Estado argentino por perjuicios económicos provocados por el congelamiento de tarifas en el año 2002.
La quebrada Enron y Ponderosa vendieron sus acciones a la estadounidense Ashmore Energy International (AEI), que continuó el litigio y consiguió que el Ciadi ordene un pago de 167 millones. En 2011, la argentina Pampa Energía, dueña de Edenor, compró la participación de AEI y el año pasado dio por cerrado el litigio después de un acuerdo con el Gobierno nacional. Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, era en ese momento uno de los empresarios preferidos del kirchnerismo.
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