Por caso el último informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) señaló que “se trataría de un acuerdo nominalmente menos condicionado que los conocidos tanto para el caso argentino como para la historia de acuerdos del organismo”, pues plantea que “no se prevé reforma laboral, previsional ni fiscal; no hay oposición al mantenimiento del control de las divisas y el desdoblamiento del tipo cambio”, agregando que “el sendero de baja del déficit fiscal y el del financiamiento monetario por parte del tesoro, si bien es exigente no es tan veloz como el exigido, por ejemplo, a Grecia o a Ecuador en los últimos años”.

Por su parte, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) planteó que “los lineamientos del pre-acuerdo explicitados por la conducción económica lucen a priori razonables, ya que no condicionarían los espacios de la política económica para sostener el proceso de expansión de la economía y de creación de empleo”, mientras que la mayor especialista en las relaciones entre el FMI y nuestro país, la economista de la UBA y el Conicet Noemí Brenta, afirmó que se trataba de un acuerdo “razonable” y “diferente a todos los anteriores”.

Con todo, aun cuando entre economistas y centros de estudios heterodoxos primó la ponderación del acuerdo, también se plantearon dos reparos importantes, el primero de ella referido a que por el momento se trata de declaraciones públicas antes que de acuerdos firmados que puedan ser evaluados con rigurosidad. El otro aspecto, fue referido a los elementos que sí trascendieron, como lo son la reducción del déficit y la emisión monetaria, junto a la anunciada positividad de las tasas de interés. Por caso, Brenta planteó el interrogante “de cuánto podría crecer la economía si se tiene en cuenta que uno de los puntos acordados responde a otra demanda clásica del FMI, como la suba de tasas de interés, así como debido al anunciado desarrollo de un gasto público que el mismo Guzmán definió como moderado”.

Sucede que la positividad de las tasas de interés, esto es que su guarismo sea mayor a la inflación, es un elemento que, al mismo tiempo que favorece el ahorro, perjudica la inversión y el consumo. Desde el informe de FIDE, si bien dan cuenta que las metas fiscales “resultan consistentes con el sendero que la política económica viene recorriendo hasta el momento”, se desprende también que el déficit primario acordado con el FMI de 2,5 por ciento deberá reducirse en rigor un punto porcentual (cerca de 4.500 millones de dólares) respecto al de 2021, pues el déficit del año pasado no fue mayor debido a los ingresos extraordinarios del aporte del FMI para combatir la pandemia, equivalentes en su totalidad para la Argentina al 0,9 por ciento del PIB, así como lo ingresado por el impuesto, también extraordinario, a las grandes fortunas, que representó otro 0,6 por ciento del PIB. Por eso, sin estos dos ingresos, en 2022 no se contabilizarán, el resultado primario deficitario del 2021 hubiera alcanzado al 3,5 por ciento del PIB. Pero además, el financiamiento de ese déficit fue tuvo en 2021 un 60 por ciento de transferencias de utilidades y de adelantos por parte del Banco Central (aquí se incluye la emisión monetaria) por un monto que alcanzó el 3,7 por ciento del PBI, el cual también se acordó también reducir a otro no mayor al 1 por ciento, con lo que no solo el déficit real deberá ser reducido, sino que el mismo no podrá contar con el financiamiento del 60 por ciento que en 2021 concedió el Banco Central.

Frente a ello, desde el gobierno confían en que, además de un crecimiento del 4 por ciento que mejorará la recaudación, se logrará un mayor financiamiento por parte del mercado local, incluyendo organismos públicos que podrían aportar financiamiento por un punto del PBI, pero resulta claro que el manejo de estas variables será mucho más complejo que obtener financiamiento por parte del Banco Central.

La otra fuerte apuesta, es efectuar una reducción de los subsidios que en 2021 implicaron cerca de un 2,5 por ciento del PBI. Pero aquí también se encuentra una dificultad. El mismo informe de FIDE, plantea que este es el objetivo “cuya viabilidad despierta más dudas”, pues citan un informe publicado por el economista Nicolás Arceo, en el que se enumeran “cinco puntos que generarán costos extra a la ‘política tarifaría’ para 2022 y dificultan esta situación”. Entre los mismos, enumera la suba del dólar oficial, que incide en el costo y precio de la energía, el aumento de los precios internacionales de la energía, la mayor demanda energética a causa del crecimiento económico, la baja (debido a la sequía) de la potencialidad de la generación de energía hidroeléctrica, que deberá sustituirse por producción termoeléctrica, la menor capacidad de Bolivia de enviar gas, la cual deberá sustituirse por importaciones de gas licuado, que tienen un costo mayor. Si se tiene en cuenta, además, que según el último informe de MATE, el aumento del precio mayorista de la energía eléctrica entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021 fue del 63 por ciento frente a un nivel general del 105 por ciento, es posible también observar cómo podrá repercutir la quita de subsidios en la inflación, si el gobierno no modifica efectivamente la política sostenida hasta el momento de control de precios.

Así, el haber acordado un programa con el FMI que eluda reformas regresivas estructurales y plantee un ordenamiento macroeconómico de manera gradual, fue resaltado por economistas conocedores de las implicancias de los acuerdos con este organismo, pero la falta de documentos oficiales que especifiquen detalles del acuerdo, y ciertas variables fiscales acordadas, fueron elementos comunes a la hora de manifestar cautela. Así las cosas, la clave para vislumbrar el futuro estará en los detalles.