Por Felipe Osman

El desembarco de Martín Llaryora en el Palacio 6 de Julio se produjo en circunstancias extraordinarias. El dirigente, que ciertamente militó en las filas del peronismo citadino en sus años mozos, llegó a la gestión de Córdoba sin un extenso equipo de llaryoristas puros, ayudado por el empuje de un Juan Schiaretti en la cúspide de su popularidad. Y cuando la gestión arrancaba, la pandemia representó -además de una profunda crisis- una innegable oportunidad para “pacificar” un frente gremial que siempre fue el talón de Aquiles de toda administración municipal.

En ese contexto, correctamente leído por el intendente, el Surrbac -en una atribulada situación judicial- se alineó, la UTA -frente a una monumental caída en el corte de boletos- hizo lo propio, y el Suoem, sin chances de ejercer una resistencia vandálica -como siempre acostumbró- también debió capitular.

Esa situación, que a decir verdad ya había empezado a reconfigurarse con el paulatino retroceso de la emergencia sanitaria, pareció entrar ayer en su tramo final, con el anuncio que el propio Llaryora hizo de nuevas y amplias flexibilizaciones. Ahora empieza a modelarse un escenario distinto.

Llamémosle, sin desvelarnos por precisiones técnicas, un incipiente regreso a la “vieja normalidad”. Y, ¿qué esperar de tal regreso?

El presente judicial de los mandamases del Surrbac no ha variado demasiado o, al menos, no ha mejorado. Pero el gremio ha construido una relación, en apariencia, sólida con la nueva gestión, que ha consentido firmar generosas paritarias con los recolectores, siempre un ápice por encima de las negociadas por Camioneros, un simbolismo indispensable para justificar la existencia del Sindicato “Único”…, que a cambio aporta incansable mano de obra al COyS, ente municipal que ha multiplicado exponencialmente sus prestaciones.

En el transporte las cosas son distintas. La UTA de Córdoba sigue alineada, en gran medida, por la situación interna que atraviesa el sindicato a nivel nacional, con un Roberto Fernández que necesita contener a los sindicatos del interior por encontrar su imperio amenazado por el moyanista Miguel Bustinduy, desde Buenos Aires. Pero más allá del frente gremial, el regreso a la normalidad implicará una renovada presión sobre el sistema de transporte. He ahí un asunto a resolver para el intendente, antes de que las largas filas en las paradas de colectivo empiecen a trastocar el humor de los cordobeses.

Aun así, la madre de las batallas será la que se libre (o no) con el “enemigo interno” de la gestión.

El respaldo que la fórmula Luis Juez-Rodrigo De Loredo cosechó en las urnas el anteúltimo domingo entusiasmó a la tropa municipal, que recuerda sus tiempos de abundancia de la mano de la UCR y el Frente Cívico y recuerda, mejor aún, la dura confrontación que mantuvo con el peronismo durante el primer semestre de la pandemia.

Ese conflicto terminó -o entró en stand by- en noviembre del año pasado, con el acuerdo paritario alcanzado entre las partes. Y la tregua volvió a prorrogarse con la firma de un nuevo acuerdo en mayo de este año.

Sin conflictividad desde hace ya casi un año, y después de que el intendente haya declarado que a su entender no hay impedimentos para que Rubén Daniele vuelva a competir por la Secretaría General del sindicato, no hay dudas de que ha habido un acuerdo. La pregunta, en todo caso, es si ese acuerdo ha sido o no positivo para la gestión.

Asumiendo que se desconoce contra qué obstáculos podría haber chocado el Ejecutivo en el último año de no haber “achicado” con el Suoem, sí puede tomarse nota de algunos de los costos que implicó haber acordado.

Buena parte de los planteles municipales, muy mayoritariamente constituidos por agentes que ingresaron durante las gestiones juecistas y radicales, se preparan para militar para la boleta de Juntos por el Cambio. En efecto, propios y extraños admiten que en las PASO centenares de municipales fiscalizaron para la lista Juez-De Loredo.

Además, ocupando puestos jerárquicos en los organigramas de los CPC y enquistados dentro de ellos en las oficinas de Registro Civil, Servicios Públicos y Obras Públicas, los empleados-militantes hacen “campaña” agilizando a los vecinos enviados por dirigentes juecistas o radicales trámites como la renovación de carnets de conducir, la expedición de partidas de nacimiento o documentos de identidad, o hasta acelerando desagotes de pozos ciegos.

Son, para que nadie se asombre, prácticas harto habituales. Lo novedoso es que estas pequeñas “ventajas” de detentar el control del Estado sean capitalizadas por opositores.

Se trata, llegado el caso, de detalles. De asuntos completamente menores. Sobre todo si se los compara con las otras dificultades que puede traer aparejadas no arrebatar por completo el poder a un Suoem que, cuando llegue el momento, podría jugar fuerte por los adversarios del PJ. Fuerte de verdad. Durante la otra campaña.

Es, sin embargo, un cuadro de situación que sigue abierto. La ordenanza de emergencia sancionada por el Concejo Deliberante días después de que el peronismo se hiciera con el control del Palacio 6 de Julio sigue vigente. Y con ella, múltiples facultades que podrían facilitarle al Ejecutivo adaptarse a la nueva “vieja normalidad”.