Lázaro Báez, procesado por tercera vez: ahora por no pagar aportes previsionales

Lázaro Báez, procesado por tercera vez: ahora por no pagar aportes previsionales

La Justicia lo acusa de evadir unos $ 33 millones en 15 de sus empresas. También procesaron a su hijo Martín y el presidente de Austral Construcciones.

Lázaro Báez sumó un procesamiento más a su complejo escenario judicial. Días atrás, el juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada lo procesó por no cumplir con los aportes de los trabajadores de 15 empresas por una suma de $ 33 millones. La medida alcanza a su hijo Martín Báez y al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza. A su vez, se dictó un embargo por $ 33 millones al empresario K. La defensa del empresario, como la de su hijo, apelarán en febrero la decisión según confirmaron a Clarín.

La decisión, esperada por la defensa de Báez, se conoció previo al inicio de la feria judicial, en una extensa resolución de 230 páginas a la que accedió Clarín.

En esta causa, el dueño del grupo Austral, había responsabilizado a Cristina Kirchner y a Julio De Vido por el retraso en el pago de los certificados de obra, “obligando a la búsqueda de financiamiento externo” y a su vez, “generando dificultades en el pago donde se priorizaron los salarios y quincenas de los trabajadores”. Así justificó Báez no haber realizado el aporte correspondiente a un importante grupo de trabajadores.

Berón de Astrada tomó indagatoria a más de 26 personas y en el caso de Lázaro Báez lo citó hace pocas semanas para ampliar su declaración. El juez consideró que en el holding (que manejó obras públicas por unos 46.000 millones de pesos) existió “una decisión institucional común, de no depositar los recursos de la seguridad social, que oportunamente hubieran sido retenidos a los empleados” y sostuvo que hubo una "decisión empresarial de incumplir las normas que regulan la cuestión previsional".

Pese a solicitar un peritaje contable sobre sus empresas y el ingreso a la moratoria fiscal, Báez no pudo evitar un nuevo procesamiento. En esta causa fue acusado por “apropiación indebida de recursos de la seguridad social” y se dictaron embargos por $ 86 millones a las principales autoridades y después se ordenó la misma medid,a por $ 67.270.000 sobre otras empresas involucradas (constructoras, petroleras, entre las más importantes). El principal embargo recayó sobre Austral por $ 48.500.000.

Báez ya está embargado en $ 800 millones por el juez Sebastián Casanello en la Ruta del Dinero K y por $ 10.000 millones por el juez Julián Ercolini en la causa de la corrupción en la obra pública. Berón de Astrada consideró que la mayor responsabilidad recae sobre el dueño del holding y "accionista privilegiado" en la mayoría de las firmas. El nuevo embargo es por $ 33 millones.

Para Martín Báez, el embargo es de $ 29 millones (doblemente procesado por lavado de activos). En tal caso, el Juez señaló que en su posición “de accionista mayoritario en una gran de cantidad de las empresas imputadas y en otras habrían tenido cargos directivos relevantes dentro del grupo de empresas pertenecientes a su padre, lo cual me lleva a sostener la voluntad de aquél de participar activamente dentro del grupo familiar empresarial”, pese a que el hijo de Báez dijo en su defensa señaló que su padre era quien tenía el poder de decisión.

Por $ 24 millones se embargó a Julio Mendoza, a quien el empresario K calificó de “mentiroso” en la ampliación de su indagatoria, señalando que quiso mejorar su situación judicial “con planteos inciertos”. Presidente desde 2003 de Austral-, el magistrado señaló que más allá de señalar que quien estaba “día y noche” en la empresa era Báez y fue quien designó al personal administrativo, entre ellos contadores, consideró que “no resulta creíble que haya sido desconocedor de todos estos hechos y nunca solicitara instruirse en el manejo de la dinámica empresarial y su funcionamiento".­

Esta causa inició con una denuncia de la AFIP que en una revisión de números, concluyó que Báez no había realizado los aportes nopor $ 230 millones sino por $ 33 millones y en tal caso fue sobreseído por la suma inicial. Sin embargo, quedó procesado por la retención indebida de los aportes de los trabajadores de 15 empresas.

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