Antes que soportar una derrota con un costo político no menor, los dos miembros del jury de enjuiciamiento que responden al kirchnerismo, prefirieron sumarse a los cinco jurados que querían la destitución del magistrado. Así, la votación terminó 7 a 0 en contra de Faggionatto Márquez y no 5 a 2 en contra del kirchnerismo, como se hubiera leído si los dos representantes del oficialismo votaban a favor del juez.

Más allá de lo escandaloso de un juez acusado de la supuesta apropiación de una cosecha de soja bajo su custodia, de haberse complotado con policías en contra de un imputado o de haber solicitado coimas, el caso reviste una llamativa trascendencia política.

El diputado Francisco de Narváez fue uno de los primeros en tratar de sacar tajada de la remoción de Faggionatto Márquez. "La mentira tiene patas cortas", exclamó. Es que el juez lo había citado a prestar declaración indagatoria en la causa por la ruta de la efedrina poco antes de los comicios legislativos en los que aquél venció a Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Claro que esa muy controvertida decisión del magistrado no formó parte del juicio político.

El senador radical Ernesto Sanz interpretó, tras el fallo, que "los malos jueces deberán poner las barbas en remojo, porque el apoyo del poder político se termina" y denunció que "hubo gente del poder político que defendió a este juez". Aludió así a los cinco representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura que emitieron en su momento un dictamen desestimatorio del juicio a Faggionatto Márquez aunque una semana después, cuando se votó la apertura del enjuiciamiento, decidieron ausentarse.

La diputada Diana Conti, principal referente K en el Consejo, intentó justificar esa actitud: "Es que hasta ese momento teníamos dudas. Pero con el tiempo aparecieron pruebas y hechos contundentes contra el juez. Cambiaron las circunstancias".

El hecho de que el kirchnerismo pueda optar por soltarles la mano a jueces a los que en ciertos casos tuvo como aliados de sus causas políticas no puede ser interpretado como un cambio de fondo en la relación entre la fracción gobernante y el Poder Judicial.

"Seguiremos reclamando de los jueces que trabajen más horas, que avancen en los juicios por delitos de lesa humanidad, que no les tengan miedo a los intereses económicos y que paguen el impuesto a las ganancias", aseveró la diputada Conti, quien acaba de presentar, además, un proyecto de ley para limitar la legitimación de los funcionarios públicos en la presentación de acciones de amparo. Esta iniciativa se produjo luego de que varios jueces hicieron lugar a acciones de ese tipo presentadas por gobernadores o legisladores frente al Fondo del Bicentenario o la ley de medios.

Paralelamente, el diputado Alejandro Rossi presentó otro proyecto para que se obligue a los jueces a rendir un examen cada cuatro años, iniciativa que se interpretó en la oposición como un intento de condicionar desde el poder político a los magistrados.

Y mientras el ex presidente Néstor Kirchner habla de la existencia de un "partido judicial", la jefa del Estado denunció a los "jueces delivery" y hasta declaró que no estaba dispuesta a cumplir con determinadas sentencias judiciales que no fueran de su agrado.

El operativo para esmerilar jueces no complacientes desde la Casa Rosada continúa latente. Pero la capacidad para sostener a los complacientes es menor que antes.