Axel Kicillof y su ministro de Justicia, Julio Alak, presentaron los lineamientos generales de una importante actualización de leyes y códigos que rigen los procesos judiciales de la provincia.

 

 

 

El gobierno busca actualizar seis leyes clave en la vida judicial y para eso busca el consenso de sectores de la sociedad vinculados a la Justicia y también de la oposición.

 

 

 

Este lunes, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el Gobernador dio a conocer los lineamientos de los anteproyectos de ley que están siendo trabajados por el Ejecutivo y que serán publicados en un plazo de 60 días para luego iniciar un proceso de participación y discusión con la sociedad civil, previo al envío formal de los proyectos a la Legislatura.

 

 

 

"No venimos a presentar un paquete cerrado de propuestas, sino que estamos dando el puntapié para una discusión en la que todos los sectores puedan estar presentes y hacer sus aportes", afirmó Kicillof.

 

 

 

"No queremos leyes que reproduzcan inequidades y desigualdades", dijo el Gobernador y agregó que "este gobierno, mi gobierno no se va a hacer el distraído por más complejos que sean los asuntos a tratar".

 

 

 

En tanto, Alak apuntó a un discurso conciliador. El ministro más político de Kicillof evitó cualquier chicana al gobierno de María Eugenia Vidal y tampoco habló de la herencia recibida. "Esta agenda para el 2021 tiene como primer objetivo sintetizar las normas más urgentes que necesita la provincia de Buenos Aires", dijo.

 

 

 

Los cambios impactarán sobre el Código Civil y Comercial, sobre el cual se propone una nueva normativa que se adecúe a la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Se buscará que la nueva norma permita la realización de trámites procesales ajustados a nuevas problemáticas, la implementación de tecnologías y un sistema ágil de notificaciones.

 

 

 

Dentro de las normas propuestas también se incluyó la Ley de Procedimiento Laboral para la cual se propone una nueva norma que garantice la celeridad del proceso, refuerce el rol de la justicia del trabajo y permita la tutela judicial del trabajador.

 

 

 

También se proponen cambios en la ley del Abogado del Niño donde se buscará adecuar la legislación a los estándares internacionales de Derechos Humanos y al Código Civil y Comercial de la Nación.

 

 

 

En cuanto a la Ley de Responsabilidad del Estado, se impulsa una norma que llene el vacío normativo actual en base a principios sancionados en los últimos años en el ámbito nacional y en otras jurisdicciones.

 

 

 

En cuanto a la Ley de Ética Pública y Transparencia, se propone un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética publica, la integridad y la transparencia en el ámbito provincial para subsanar lo que en el gobierno consideran como "un vacío normativo de 21 años".