“Hay que pagar la deuda que tenemos con La Cárcova y con todos estos barrios. ¿Cómo? Con más presencia del Estado municipal, provincial y nacional, y con policías anclados en valores democráticos”. La frase, con autocrítica pero también con reclamos, la pronunció Gabriel Katopodis en la última de las jornadas por la eliminación de la violencia institucional en San Martín

El Intendente local fue el anfitrión de una charla debate organizada por el segundo aniversario de los fusilamientos por parte de la Policía Bonaerense que causaron la muerte de los jóvenes Franco Almirón y Mauricio Ramos, y el intento de asesinato de Joaquín Romero. Junto al jefe comunal estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, sus pares Leonardo Grosso, Horacio Pietragalla y Carlos Raimundi, entre otros especialistas en seguridad y defensa de los derechos humanos.

Sin nombrar la política de seguridad del gobierno provincial ni a la Bonaerense, Katopodis se mostró crítico de su accionar. “Necesitamos algo más concreto que la presencia de la policía cagando a palos a los pibes, queremos que haya puentes con esta realidad”, sostuvo en el Auditorio Hugo del Carril, donde no hubo colorido ni cotillón partidario, solamente cinco banderas de La Cámpora.

Entre el público también se divisaban familiares de los menores asesinados. “Quiero hacer un reconocimiento para cada uno de los familiares, con quienes debemos renovar nuestro compromiso todos los días”, concluyó el Intendente.

"FUE UNA BANDA ORGANIZADA Y ARMADA DE JÓVENES DE LA CÁRCOVA"

Aquel 3 de febrero de 2011 los tres jóvenes ingresaron a la CEAMSE, como todos los días, en busca de comida y otros elementos de valor entre la basura, cuando un tren de carga volcó y se acercaron a la zona. Alertados por la situación, la Policía Bonaerense comenzó una brutal represión. Mientras los chicos intentaban escapar fueron alcanzados por las balas de los efectivos. Mauricio y Franco murieron horas después. Joaquín sobrevivió y actualmente trabaja como administrativo en la Municipalidad de San Martín.

Horas después de la masacre, el ministro de Seguridad provincial, Ricardo Casal, habló de “una banda organizada y armada (…) integrada por estos jóvenes de La Cárcova” que desbarrancaron "intencionalmente "el tren para saquearlo.

A pesar de los dichos de Casal, el funcionario sciolista más cuestionado por el kirchnerismo, el Tribunal Oral Federal y la Corte Suprema confirmaron que el accidente se produjo por el mal estado de las vías. En la causa, que ya fue elevada a juicio y este año se realizará el debate oral, están imputados por homicidio el subinspector Gustavo Vega, de la Comisaría 2ª de San Martín, y Gustavo Rey, de la Policía Buenos Aires 2, quienes continúan en prisión preventiva.

“Para muchos, la inseguridad se resuelve con represión y criminalizando la pobreza. Pero no saben que la pobreza genera más violencia”, apuntó el presidente del Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez. Y agregó: “No podemos esconder bajo la alfombra el accionar de la policía”.

LOS MIMOS DE DOMÍNGUEZ

Domínguez inició su discurso destacando la exposición previa de Katopodis. “Lo escuchaba y siento el compromiso personal y militante que tiene con su San Martín, toma como propio el reclamo de su pueblo”, afirmó el ex ministro de Agricultura. Pero los piropos no terminaron ahí: “El accionar de Gabriel y de (el subsecretario de Derechos Humanos de la comuna) Alberto Palacio marca en la Provincia de Buenos Aires un modo diferente de mirar la realidad, gestionan con compromiso social”.

Los piropos se dan en el marco de la interna del gobierno nacional y provincial, entre el kirchnerismo y el sciolismo, y el coqueteo de algunos intendentes con el tigrense Sergio Massa. Cabe recordar también que, diez días atrás, Katopodis fue uno de los 69 jefes comunales de la Provincia que participó de un almuerzo organizado por Domínguez en Santa Teresita. Por si quedaba alguna duda, Domínguez concluyó su discurso con otro mimo: “Gracias por el compromiso militante del Municipio y por el trabajo de la subsecretaría de Derechos Humanos”.

Las críticas a la política de seguridad provincial no finalizaron ahí, aunque Leonardo Grosso y Gastón Chillier sí fueron más explícitos. “Estos son casos que se repiten muchas veces. Lejos de prevenir el delito, esta policía se dedica a hostigar a los que menos tienen. Estos casos siempre cuentan con un Poder Judicial complaciente, con una policía encubridora”, resaltó Chillier, director ejecutivo del CELS. “A veces el mensaje es equivocado: no hay que darle más poder a la policía, sino todo lo contrario. La policía es una herramienta más dentro de una política de seguridad más amplia”, concluyó.

De la charla debate también participaron el diputado provincial de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, Gustavo Palmieri, el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gustavo Palmieri, el defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto, el abogado de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano Garcia, y el director ejecutivo del Observatorio Social Legislativo de la Cámara de Diputados provincial, Norberto Liwiski. Entre el público había vecinos del barrio, militantes de organizaciones sociales y políticas del distrito, y funcionarios municipales, como los presidentes del Concejo Deliberante, Diego Perrella, y el Consejo Escolar, Matías Pérez.