Se busca aplacar la mala imagen que dan algunos referentes de la Justicia y que está salpicando a la Legislatura con lo que se aprecia, hasta en el poder nacional, como un posible cepo institucional. Un fallo de la Corte Suprema, donde señala con preocupación la actualidad del sistema judicial correntino, así como el proyecto para la intervención del Poder Judicial, entre otros hechos, aceleraron la necesidad de brindar señales de que el remedio se puede aún lograr en Corrientes. A esta altura, la cuestión ya ha dejado de ser de números. Los 18 en Diputados y los 9 en el Senado pasan a segundo plano por la firme determinación del poder central de ejercer una presión progresiva e irresistible que puede producir una implosión en los sectores más duros.

A petición escrita de la quinta parte del total de los miembros de cada Cámara provincial, como reza la Constitución provincial, la decisión de brindar señales claras del correcto funcionamiento institucional en Corrientes dio un paso importante ayer, con la presentación formal para la activación de un período extraordinario de sesiones que permitan darle curso a pedidos de juicio político contra el Fiscal General y miembros del Superior Tribunal que están estancados hace meses en Secretaría de la Legislatura.

De todas formas aún resta la decisión de Braillard Poccard, no por el hecho de que su postura, a favor o en contra, signifique un condicionante, sino por la importancia de mostrar un compromiso del Poder hacia una recuperación de la credibilidad de cara a la sociedad, que por estas horas mira atenta a la Legislatura, cansada ya de observar a la Justicia sin haber recibido respuestas concretas a interminables interrogantes que revelaron un desfase total dentro del sistema judicial correntino, que ya valió la consideración de la Corte Suprema de Justicia y que también provocó un proyecto en el Congreso de la Nación para una posible Intervención Federal a la Justicia.

Este viernes, legisladores de distintas bancadas solicitaron sesionar para evitar "remedios federales, lamentados luego por toda la sociedad". El objetivo que se busca es inmediato y permitiría descomprimir situaciones que agravan la crisis institucional que por estas horas se evidenció ante toda la comunidad.

(Viene de página 2)

COMPROMISO

INSTITUCIONAL

En definitiva, diputados y senadores solicitaron al presidente de la Cámara baja, Pedro Cassani, -y por su intermedio al presidente de la Asamblea Legislativa, Pedro Braillard Poccard, que proceda "en forma inmediata, a llamar a sesiones extraordinarias o "especial" en su defecto.

El texto, con fecha 13 de noviembre, está rubricado por los diputados del PJ, Carlos Rubín, Alicia Locatelli, Luis Badaracco, Irma Pacayut, Víctor Hugo Vallejos y Carlos Farizano; Ángel Rodríguez de Crecer con Todos; de Compromiso Correntino, Manuel Sussini; Omar Yung, del Partido Nuevo; Juan José Affur y Miguel Pérez, del Partido Liberal, y la senadora María Inés Fagetti, junto al senador Tomás Pruyas y Rubén Bassi, entre otros que se sumaron en la jornada de este viernes.

En la nota se explica que el "hecho de que no se hayan prorrogado las sesiones ordinarias" los inhabilita para el tratamiento de los denuncias recibidas, "y a fin de demostrar que no existe un virtual bloqueo institucional a su tratamiento por parte de la Legislatura" y que se está "a la altura de las circunstancias en cuanto a la toma de conciencia de la gravedad institucional que se está viviendo en la Provincia, es que solicitamos se pongan en marcha los mecanismos constitucionales que establece nuestra Carta Magna, y que permitirán desactivar toda posibilidad de remedio federal", indica la misiva.

Ante la posibilidad de Intervención Federal, y el fallo de la Corte Suprema que advirtió irregularidades en la Justicia correntina, entre otros hechos, los legisladores resaltaron que "cuestiones que son de público conocimiento que han alcanzado picos máximos de tensión en los últimos días, no pueden ser soslayadas por este Poder Legislativo, quien como órgano de control de los otros poderes del Estado, está obligado a tomar decisiones políticas sin que ello suponga una dirección determinada en el voto de los legisladores. Lo necesario e impostergable es que por el sí o por el no, haya un pronunciamiento del parlamento que lo deje exento de la norma de responsabilidad institucional que supone el actual status quo y pone en riesgo el sistema republicano de la provincia".

Finalmente se solicita que dicha sesión se realice la "semana que viene".