Paralelamente, el gobierno de Venezuela publicó una extensa solicitada en el diario estadounidense The New York Times, en la que argumentó su reciente decisión de cerrar la frontera -el 19 de agosto- con Colombia, expulsar a cerca de 1.500 colombianos y suspender las garantías constitucionales en la región limítrofe, lo que causó la salida voluntaria de su territorio de al menos otros 18.600 colombianos.

"No responderé a payasadas, no me dejaré provocar", dijo Santos en un acto oficial, después de que Maduro sostuviera ayer que "desde Bogotá se conspira" para "destruir la revolución boliviariana" y advirtiera al mandatario colombiano que "está a tiempo todavía" de "rectificar todas las campañas de odio y de mentiras que ha permitido que circulen y que en sus declaraciones repite".

"Nunca, bajo ningún escenario, bajo ninguna circunstancia, la hemos atacado ni mucho menos hemos participado en un complot para destruirla; yo no estoy destruyendo la revolución bolivariana, la revolución bolivariana se está autodestruyendo por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni por el presidente de Colombia", subrayó Santos.

Asimismo, el mandatario colombiano responsabilizó a su colega venezolano de obstaculizar la posibilidad de que ambos se reúnan a conversar bajo el auspicio de Uruguay.

"Hoy hablé con el presidente de Uruguay, me comentó que el presidente Maduro no le ha pasado al teléfono desde la semana pasada, como tampoco quiso pasarme a mí al principio de este conflicto, cuando abrimos la puerta del diálogo", sostuvo Santos.

Santos anunció el lunes que había aceptado los "buenos oficios" que Vázquez le había ofrecido a él y a Maduro para que ambos se reunieran a conversar en Uruguay, pero el mandatario venezolano dijo ayer que prefería que ese eventual encuentro se realice en la Argentina o Brasil, cuyos gobiernos también se manifestaron dispuestos a acercarlos.

Mientras tanto, Santos recibió dos serios cuestionamientos internos a su manejo de la crisis con Venezuela.

Por un lado, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, afirmó que el mandatario "está en mora" por no haber entablado formalmente aún acciones contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la "crisis humanitaria" provocada por el cierre de la frontera.

Por otro, el Partido Conservador presentó ante la Cámara de Representantes (diputados) un proyecto de moción de censura a la canciller María Ángela Holguín, por considerar que "ha fracasado en su política diplomática y acciones de su cargo en la crisis que se presenta con Venezuela".

 Aunque la mayoría del resto de las fuerzas anticipó su rechazo, la iniciativa deberá debatirse, para lo cual aún no se fijó fecha.

En tanto, Venezuela afirmó en la solicitada que "se ha visto obligada a tomar medidas extraordinarias constitucionales" para "proteger a sus ciudadanos" de "graves amenazas" para la "seguridad nacional y económica" que "han aumentado en los últimos años".

Citó entre esas amenazas "la violencia paramilitar, el narcotráfico y la proliferación de prácticas comerciales ilícitas, como el contrabando de gasolina subsidiada, alimentos, medicinas y otros productos básicos", así como "esquemas de manipulación de divisas".

Según ese texto, la suspensión de las garantías constitucionales en dos zonas de frontera permitió la "detención de al menos 32 presuntos paramilitares", "desmontar una casa de prostitución en la cual menores de edad estaban siendo explotadas" y el "descubrimiento y asalto de una casa utilizada para la producción de explosivos".

También reportó el hallazgo de "una fosa común con 13 cadáveres" y "mazmorras subterráneas presumiblemente utilizadas para esconder secuestrados", sobre lo que no hubo, ni antes ni después, ningún otro anuncio ni más detalles.

Por otra parte, el titular de la Asamblea Nacional, capitán Diosdado Cabello, advirtió que "si es necesario", ese parlamento unicameral con mayoría oficialista aprobará "todos los estados de excepción que el presidente Nicolás Maduro presente, para garantizarle a los venezolanos la paz y la tranquilidad".

Lo dijo durante la sesión especial que la Asamblea celebró esta tarde en Maracaibo, capital del estado Zulia, y en la que aprobó el estado de excepción que Maduro decretó el lunes para tres municipios zulianos limítrofes con Colombia.