Oficialismo y oposición intentarán esta semana llegar a un acuerdo para destrabar el proyecto de ley para sancionar el lavado de dinero que reclama el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no penalizar a la Argentina. En las últimas horas, el Gobierno dejó trascender que cederá ante el reclamo de los bloques opositores, que exigen que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) sea elegido por concurso.

“La oposición pedirá algún criterio de transparencia, como sucede con la elección de los miembros de la Corte y no es una cuestión de vida o muerte”, dijo a El Cronista el titular de la UIF, José Sbattella. “Si se respetan los plazos y hay una transición normal, es algo que se puede aceptar”, prosiguió.

“Nuestro límite es que el GAFI aceptó como positivo el criterio de funcionamiento actual de la UIF. No queremos frenar eso, que es lo único que tenemos”, afirmó Sbatella.

Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), el Pro, el PJ Federal y la Coalición Cívica (CC) dieron el fin de semana las puntadas finales al proyecto de ley antilavado que enarbolan en conjunto.

Los referentes de las bancadas, Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo, Gustavo Ferrari y Alfonso Prat Gay, se reunirán hoy o mañana para terminar de acordar una posición. Confían en que tienen los votos en las comisiones para sacar un dictamen de mayoría, en caso de que el oficialismo plantee una propuesta alternativa.

En rigor, las únicas diferencias entre el oficialismo y la oposición radican en la conducción de la UIF. El kirchnerismo quiere mantener la potestad del Poder Ejecutivo de designar por decreto al titular del organismo encargado de perseguir el lavado de dinero. Los bloques opositores acordaron darle “autarquía, autonomía y transparencia” a la UIF.

“La postura de todos los grupos opositores es que se elija por concurso” al titular de la UIF, explicó Pinedo. “Se estableció un proceso por el cual un jurado elige a tres postulantes para que la Presidenta escoja a uno de ellos”, prosiguió. El proyecto opositor también fija un mandato de cuatro años para el responsable del organismo y un proceso de remoción similar al que rige para desplazar al presidente del Banco Central, para lo que se conforma una comisión bicameral.

El Gobierno está dispuesto a aceptar esas “condiciones”, ya que el proyecto conjunto de la oposición no implica poner en manos del Congreso a la UIF. Y también puede ceder en la potestad de la UIF para querellar, algo que la oposición quiere sacar de la UIF para no convertirla en un órgano de “persecución política”, dijo Pinedo.

En ese sentido, en el oficialismo razonan que la UIF impulsó procesos judiciales sin una ley que la habilitara expresamente a hacerlo y será cuestión de interpretación jurídica su facultad para querellar, siempre y cuando la ley no determine lo contrario de forma expresa.

Dictamen

En esas circunstancias, fuentes oficiales dijeron a Télam que esperan contar con un dictamen en los próximos diez días y con la media sanción de Diputados a fin de mes, aunque la oposición espera dictaminar esta semana. Luego, el proyecto debe pasar por el Senado.

El país necesita sancionar la ley antilavado antes del próximo encuentro del GAFI, en mayo, si la Argentina quiere evitar entrar en el listado de países no cooperantes, comúnmente conocido como la lista “gris”.

Por lo demás, unos y otros acordaron la incorporación de un título en el Código Penal para penalizar el autolavado, bajo la forma de Delito contra la circulación ilícita de bienes en el mercado y contra el orden socioeconómico.