El expediente está a cargo del juez federal Claudio Bonadio y se inició por una denuncia del diputado por el Frente para la Victoria (FPV) Rodolfo Tailhade, en la que se puntualiza que esas operaciones causaron un perjuicio de 75 millones de dólares al Estado, según destacó la agencia NA.

Di Lello imputó a los integrantes del comité ejecutivo del Fondo de Garantía del Sistema Integrado Previsional Argentino: Luis Andrés Caputo, actual ministro de Finanzas; Pedro Lacoste, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo; Gustavo Marconato, secretario de Hacienda; Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de Anses y Luis María Blaquier, quien fuera director del FGS en el momento en que se realizaron dichas operaciones.

La imputación de Di Lello es por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública.

Di Lello pidió que se investigue si hubo delito en la compra que realizó el FGS de un bono en dólares emitido por la Provincia de Córdoba y en la venta de títulos públicos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Asimismo, reclamó que se determine si la venta de las acciones de la firma Indupa que tenía el Fondo de Garantía provocó un perjuicio al Estado, que el denunciante estimó en unos 20 millones de pesos.