En medio de las fuertes denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, llegó este miércoles 27 de enero a Formosa para constatar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos luego de las acusaciones de organizaciones civiles y funcionarios de la oposición de que en los centros de aislamiento se vive en condiciones "inhumanas".

Insfrán invitó a la cartera de Derechos Humanos que ahora tiene como finalidad "recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas", indicó un comunicado del organismo nacional.

Periodistas acusaron al gobierno provincial de que a último momento se trasladaron a 300 personas que estaban "hacinadas" en el Estadio Cincuentenario, uno de los lugares apuntados por los denunciantes, dejando sólo a 15 personas actualmente en ese lugar que será visitado por Pietragalla.

En paralelo, esta tarde la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) manifestó su preocupación y el rechazo al proyecto de promover la intervención federal del Poder Judicial de Formosa, impulsado por el Colegio de Magistrados de esa provincia.

 

"En la Asamblea Extraordinaria de la FAM, realizada en la ciudad de Corrientes los días 20 y 21 de febrero de 2020, los representantes de todas las provincias argentinas y de la CABA hemos señalado que los sistemas republicanos y democráticos se perfeccionan con la estabilidad institucional y se debilitan con las excepciones y las interrupciones", recordó la Federación.

Resaltó, además, que "con ese mismo criterio" hacen un llamado a "trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad para contar con respuestas estatales adecuadas a las demandas de esta situación extremadamente grave, signada por la pandemia de Covid-19".

Por otro lado, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, dictaminó hoy que debe intervenir la Justicia provincial de Formosa "con la máxima urgencia que la cuestión requiere" en el trámite de una acción de habeas corpus por los centros de aislamiento por coronavirus que funcionan en su territorio.

A raíz de las denuncias, manifestantes marcharon contra la gestión del gobernador Insfrán, que dirige la provincia desde 1995. El gobernador ya había sido señalado también por los varados fuera de la provincia que el Gobierno no dejaba entrar. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de Insfrán y tuvieron que permitir el ingreso a la provincia a todos los que quería volver a Formosa.

La organización Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Insfrán obliga "a permanecer en los centros de aislamiento a personas con Covid-19 positivo (con síntomas leves o asintomáticas) con personas que no tienen COVID-19 , exponiéndolas al contagio". Además, a muchas personas "no se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test Covid-19, se les harían varios hisopados sin que se le pida consentimiento, resultando todo ello violatorio de su derecho a la información, al consentimiento informado, a la salud, entre otros".

Según Amnistía, los aislados son sometidos a encierros mayores a los 14 días prescriptos por los médicos, "llegando incluso a los 30 días". "Además, las personas no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento", agregó la organización.