Los integrantes del Tribunal fueron abordados por la prensa cuando se retiraban, en la vereda del Colegio de Abogados. Fueron breves, incluso el presidente del cuerpo José Mario Triputti no quiso hablar porque dijo no estar en condiciones anímicas de hacerlo y lucía muy agotado.
Las vacantes en el Tribunal Oral Federal de la capital pampeana (sólo está Triputti) obligaron a completar los lugares con jueces subrogantes. Krom y Coscia llegaron desde TOF neuquino, mientras que Mario Márquez llegó desde el TOF de General Roca.
El abogado Eduardo Fernández, quien representó a la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Partido Comunista junto a Carina Salvay y Franco Catalani, señaló que "en general" estaba "conforme". Puntualizó que en el caso de Marenchino le pareció "excesivamente leve" la pena de ocho años de prisión. "Teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que cumplió (en prisión), de quedar firme la sentencia en estas condiciones estaría cerca de obtener en poco tiempo salidas transitorias", señaló.
También apuntó al caso de Yorio, de quien tuvo en cuenta "la responsabilidad funcional que tenía" al considerar también baja la pena impuesta de 12 años de prisión. Anticipó que en esos dos casos puntuales podrían acudir a Casación.
Sobre la absolución de los acusados en los casos de Ginar de Villarreal y Martínez Roca, remarcó que "si bien es cierto que el fiscal no acusó, sí acusaron las querellas". Para él, a criterio de la Corte, la acusación de la querella puede suplir la falta de acusación fiscal.
Curutchague, quien acompañó como abogado querellante a Miguel Palazzani, dijo estar "satisfecho". "Más que nada no por las condenas en sí, sino por la repercusión pública que tuvo el juicio y lo que puede llegar a ser hacia el futuro en el próximo".
Condenas de 8 a 20 años a los represores
24/3/76 - 16/11/10. Treinta y cuatro años después, mucho tiempo, 26 víctimas pampeanas del terrorismo de Estado, durante la dictadura, supieron que un día hubo justicia. Ocho están muertas, pero alguien irá a contárselo a sus tumbas. Tres jueces, uno pampeano, uno neuquino y uno rionegrino, condenaron por unanimidad entre 8 y 20 años de prisión a nueve represores de la Subzona 14 por haber detenido ilegalmente y torturado "física y/o psíquicamente a perseguidos políticos" en Santa Rosa, es decir a la vuelta de la esquina.
La sala del Colegio de Abogados, que una vez más no estuvo completa, estalló en aplausos y gritos cuando el presidente del Tribunal Oral Federal, José Mario Tripputi, terminó de leer la sentencia. Inmediatamente surgió la consigna "como a los nazis les va a pasar/adonde vayan los iremos a buscar", ante los rostros serios y enjutos de los condenados. Entre unos y otros estaban los custodios penitenciarios.
Tripputi, Eugenio Krom y Mario Armando Márquez escalonaron las penas de acuerdo al grado jerárquico de los imputados y a la participación, más o menos activa, que tuvieron en los dos delitos que les imputaron: "privación ilegal de la libertad, agravada por el uso de violencia y amenazas, en algunos casos doblemente agravada por duración de más de un mes; y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos".
El único militar, Néstor Omar Greppi (casado, 67 años), ex edecán del presidente Raúl Alfonsín, fue condenado a 20 años de cárcel por cuatro privaciones (una doblemente agravada) y tormentos en dos oportunidades. La justicia lo consideró como el jefe máximo porque lo condenó en calidad de autos, mientras que al resto se los denominó coautores. ¿Qué pasó con los policías?
* Roberto Esteban Constantino (casado, 81 años, jefe de la Unidad Regional I, donde funcionó el grupo de tareas de la Subzona): 20 años de prisión por 18 hechos de privación ilegítima (siete doblemente agravadas) y 6 de tormentos.
* Omar Aguilera (viudo, 74, jefe de Operaciones): 20 años de prisión por 18 privaciones (ocho doblemente agravadas) y 7 casos de torturas.
* Roberto Oscar Fiorucci (casado, 71, jefe de Informaciones): 20 años de prisión por 24 privaciones (12 doblemente agravadas) y 13 tormentos.
* Carlos Roberto Reinhart (casado, 60): 20 años prisión por 23 detenciones ilegales (12 doblemente agravadas) y 10 casos de aplicación de tormentos.
* Néstor Bonifacio Cenizo (divorciado, 55): 14 años de prisión por 23 privaciones (12 doblemente agravadas) y 9 hechos de torturas.
* Athos Reta (casado, 74): 12 años de prisión por 12 privaciones ilegales (5 doblemente agravadas) y 6 tormentos.
* Antonio Oscar Yorio (casado, 65): 12 años de prisión por 9 detenciones (2 doblemente agravadas) y 6 casos de torturas.
* Hugo Roberto Marenchino (66): 8 años de prisión por 5 privaciones (1 caso doblemente agravado) y 3 hechos de torturas. Ante esa mención se escucharon gritos de reprobación.
El Tribunal, que el 16 de diciembre al mediodía dará a conocer los fundamentos de la sentencia, resolvió que los represores continúen detenidos bajo "las actuales condiciones". Todos llevan cuatro meses en uno de los pabellones de la Unidad 4.
Charlas y algunas risas.
Luego del fallo, los represores permanecieron un rato largo en el salón de audiencias. Allí se pudo ver a Greppi, Reinhart, Reta, Cenizo, Yorio y Marenchino conversar animadamente con el personal del Servicio Penitenciario Federal. Constantino y Aguilera permanecieron casi siempre juntos. Cerca de ellos estuvo Fiorucci. También algunos de los condenados dialogaron con sus defensores oficiales. La charla más llamativa, aunque breve, se dio entre Cenizo y Oscar Del Campo, porque el policía a la mañana lo había cuestionado duramente por cómo lo había representado en el alegato.
Reinhart, siempre con su pequeño portafolio en la mano, en un momento se acercó a una ventana. Miró hacia la avenida Luro, quizá pensando si había manifestantes. A Greppi -al que en un momento se le bajó la presión- se lo vio poniendo las manos en la boca, como haciendo bocina, y reía ante sus custodios.
Todos ellos seguramente apelarán ahora la resolución ante la Cámara de Casación Penal, aunque difícilmente consigan una revocatoria. Cuando el fallo quede firme, podrán salir en libertad condicional al cumplir los dos tercios de las penas (por ejemplo, Marenchino a los seis años y Constantino a los 13 años y 8 meses), aunque también podrían acceder al beneficio de las salidas transitorias con la mitad de la condena cumplida.
Hoy, de acuerdo al tribunal, llevan computados casi tres años de prisión (los cumplirán en las próximas semanas) desde que en 2003 ingresaron por primera vez a una cárcel, aunque trascendió que al menos Reta y Marenchino dicen que llevan cuatro años (posiblemente porque sumen una detención de 1984). En ese caso éste último estaría cerca de las salidas transitorias, aunque para ello deberá tener buena conducta (el SPF otorga un puntaje a cada reo, aunque la calificación empieza a correr desde la condena).
Cuando bajaron las escaleras para subir al celular que los regresó a la Unidad 4, pudo verse al menos a Greppi, Yorio, Reta y Reinhart saludar a policías federales. Mientras, Marenchino seguía gesticulando por la condena.
Fuentes confiables explicaron que los jueces le dieron 20 años a Greppi, Constantino y Aguilera porque eran los jefes, y a Fiorucci y Reinhart porque fueron los más señalados por víctimas y testigos e intervenieron en la mayor cantidad de hechos. En este último punto, Cenizo estaba en la misma situación, pero su pena fue menor porque se consideró que tenía 21 años y grado más bajo entre los oficiales cuando se produjo el golpe militar. Un escalón abajo quedaron Reta, Yorio y Marenchino en función de su menor participación en los hechos.
Un detalle: el fallo estableció expresamente que los delitos cometidos fueron de lesa humanidad y a todos los imputados se los inhabilitó absoluta y perpetuamente para ocupar cargos públicos. Nada se dijo en cambio sobre el pedido de quitarles la jubilación. "El tribunal analizó el tema, pero concluyó que no era competente", se escuchó decir.
Más allá de los aplausos y los cánticos, no hubo desbordes ni insultos. Y quedó la sensación de que tanto las víctimas presentes y sus familiares quedaron conformes con la sentencia. Que privilegiaron el proceso que llevó a las condenas y no las penas.
Apareció el gobernador
El último día del juicio mostró al gobernador Oscar Mario Jorge en la primera fila de la sala de audiencias. Lo acompañaron los ministros César Rodríguez (Gobierno), Luis Ordoñez (Salud) y Abelardo Ferrán (Producción), y el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes. Excepto éste último, en los más de tres meses que duró el juicio no había concurrido ningún otro funcionario provincial. No estuvieron los diputados provinciales, salvo Juan Carlos Vittone (PJ), ni el intendente Francisco Torroba.
Jorge ingresó a la sala segundos antes que los jueces y se retiró cuando los aplausos aún no se habían aplacado. Después se quedó conversando alrededor de una hora con los integrantes del tribunal en un salón que se utiliza de parrilla (al menos así decía el cartelito colocado en la puerta). Antes había hablando en exclusiva para Canal 3, que también televisó en directo por primera vez y pudo colocar sus cámaras en lugares privilegiados. La señal de la emisora oficial fue tomada por Canal 7. Mientras tanto, en la Casa de Gobierno, el resto de los funcionarios siguió la lectura del fallo por pantalla gigante en el Salón de Acuerdos.
"Se ha hecho lo que debió hacerse desde el principio"
El gobernador Oscar Mario Jorge había prometido hace algunos meses, cuando se desarrollaban las primeras audiencias del juicio por la Subzona 14, que concurriría al Colegio de Abogados como espectador. Finalmente, lo hizo ayer para la lectura de la sentencia. Estuvo acompañado por parte de su gabinete. Fuentes oficiales señalaron que el resto de los funcionarios de gobierno observaron la lectura del fallo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno por pantalla gigante.
Culminada la audiencia, el mandatario estuvo reunido con los jueces por espacio de casi una hora en una oficina de la antesala, en el primer piso. Al salir habló con los periodistas. Valoró la tarea del Tribunal, de quien indicó que llevó adelante "un proceso de este tipo que muy difícil".
"Se ha llevado bien. Después de 30 años se ha hecho lo que debió hacerse desde el principio, que es que actúe la Justicia. Esto es elemental en un país. Después de 30 años todos aquellos que sufrieron este proceso tan oscuro tuvieron la posibilidad, tarde pero al menos la tuvieron, de lograr una sentencia y el juzgamiento, y una decisión de la justicia a la que debemos respetar".
-¿La política del Gobierno nacional y el sumario del '84 ayudaron?
-La apertura del Gobierno nacional permitió este juicio. Las decisiones tomadas después del 2003 permitieron esto. En el '83, en el gobierno provincial donde yo estuve como ministro de Economía, se dictó un decreto con acuerdo de ministros con el cual se hizo una revisión sobre todo esto. Que creo sirvió de mucho como antecedente, más allá de su formulación. Porque pasaron más de 30 años, mucha gente falleció, mucha gente no se ubicó. Los jueces me decían que el aporte del gobierno provincial en buscar gente, testigos, sirvió de base a este trabajo que ha sido excelente.
-¿Qué evaluación hace del comportamiento de la comunidad, de los medios y de la dirigencia política en este proceso? ¿Notó interés, participación?
-Si, he estado hablando de eso con los jueces. Han tenido toda la apoyatura y han podido llevar adelante toda su función. Es un proceso que duró mucho tiempo, y lo ven bien que han tenido un ámbito en que han podido llevar adelante su función perfectamente.
-¿Distiende a la sociedad este tipo de cosas?
-Sí por supuesto. La justicia siempre distiende.
Congreso.
El gobernador también respondió consultas sobre lo ocurrido en el Congreso del PJ, el pasado sábado en General Pico. Jorge destacó el documento acordado entre las distintas líneas del partido, que fue aprobado por unanimidad. "Fui invitado a hacer una exposición, debo confesar que el ruido de los bombos fue constante y no se pudo escuchar bien", admitió.
-¿Los hechos de violencia fueron simplemente escaramuzas, como dijo la policía?
-No lo puedo decir porque no ví. En los congresos va mucha gente, siempre esto puede traer algún roce entre los mismos partidarios. Muchas veces suceden estas cosas. Gracias a dios no sucedió nada malo, no hubo heridos o cosas que lamentar.
-¿Es una exageración decir, como dijo un diputado, que su seguridad estuvo comprometida?
-No, eso no. Sí acuerdo con lo que dijo Silvia Gallego que había que buscar algún procedimiento para que los que exponían se pudieran escuchar.
-Hubo militantes armados, hechos de violencia... ¿Tan grande es la división interna del partido para que lleguen a ese nivel de violencia?
-Yo no creo... No hubo violencia entre las líneas. Creo que hubo alguna escaramuza con algunos chicos jóvenes, o no jóvenes (sic), que por ahí se han rozado. Pero eso no tiene que ver con la política interna.
-¿Y con qué tiene que ver?
-No sé. En un lugar así donde hay 400, 500 o 600 personas cuando entró una de las líneas quiso avanzar, y entonces se generó un roce. Esta es la información que tengo, yo no lo vi.
-Convergencia denunció que fue una emboscada.
-Tenés que preguntarle al que lo expresó por qué lo dijo. En el justicialismo siempre hubo divisiones, pero en los dirigentes. Las bases no se pueden dividir. En las próximas elecciones vamos a ganar en todas partes.
Durante la última palabra, todos dijeron ser inocentes
Los nueve imputados tuvieron ayer a la mañana la posibilidad de hacer escuchar por última vez. Sólo Roberto Constantino, el ex jefe de la Unidad Regional I durante la dictadura, mantuvo silencio. ¿Qué dijeron los demás?
Nestor Greppi: "En marzo de 1984 fui citado por un tribunal de La Pampa. Eso provocó una situación particular que conversaron el jefe del Estado Mayor del Ejército, el presidente (Raúl Alfonsín) y su asesor en derechos humanos, Carlos Nino, porque paradójicamente tribunales provinciales ordinarios -y no tribunales militares o la justicia federal- habían citado a oficiales cuando aún el presidente no había encontrado la fórmula, ni decidido cuál era el fuero competente (para investigar los delitos de lesa humanidad). El 11 de marzo me presenté ante el juez (Alberto) Baglietto, quien me dejó detenido en el regimiento de Toay, y el 24 de marzo me liberó por falta de mérito.
"Cuando volví a Buenos Aires reasumí mi tarea como edecán presidencial, y al igual que (Rubén) Marín, que hizo hablar a una persona fallecida (Antonio Tróccoli), yo voy a hacer lo mismo. En ese momento mantuve una extensa conversación con el presidente Alfonsín y solicité mi relevo como edecán. El me respondió: ¿Acaso usted piensa que yo no lo mandé a investigar antes de nombrarlo en funciones? Esa fue la única vez que hablé del tema con el ex presidente.
"Yo tuve una carrera destacada. Llegué a oficial mayor de los ejércitos de Argentina y Colombia, y fue condecorado por Colombia, Venezuela, Yugoslavia, España y Alemania. Actué en los sucesos de Semana Santa en 1987 y en los Villa Martelli en diciembre de 1988, y tuve una participación activa en Monte Caseros en enero de 1988. Mi regimiento respondió a los mandos naturales y al estado democrático.
"Soy totalmente ajeno a los hechos que me imputan. Soy inocente. No adherí ni adhiero a lo sucedido durante el Proceso de Reorganización Nacional. Cuanto tuve la jerarquía suficiente me alineé con el orden constitucional. Nunca busqué eludir la justicia. Durante los siete años que lleva el proceso, y los dos y medio que llevo detenido, mi conducta no mereció reproches. Y no voy responder la injuriosa ofensa de uno de los querellantes, que quiso compararme con (Raúl) Guglieminetti".
Roberto Fiorucci: "Quiero agradecer el apoyo incondicional de mi familia, y decirle a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a mis amigos que los puedo mirar de frente. Soy inocente de los terribles y desesperantes actos (denunciados en el juicio). Jamás torturé a alguien. Los que me acusan, mienten. No soy el monstruo que pretenden mostrar.
"No fui culpable de las experiencias penosas que denunciaron. No pude ni supe dar un paso al costado, ni tampoco cuestionar las órdenes. Creí que defendía a la patria. Jamás recibí una orden para torturar ni para detener. Nadie hubiese osado decírmelo conociendo mis principios.
"Desde el '84 me han torturado (sic) con este proceso. Si estas penurias sirven para calmarle la sed de venganza a alguien, aquí me tienen, humillado ante la sociedad. Puedo perdonar todas las difamaciones, y pido perdón por lo que pude haber hecho y no supe".
Al final, recurrió a cíticas bíblicas ("no esparcirás rumores falsos") y terminó pidiendo justicia: "Dios quiera que ilumine sus mentes y sus corazones".
Omar Aguilera: "Soy totalmente inocente. No cometí delitos y soy totalmente ajeno a todos los hechos. No tuve ninguna responsabilidad en los cargos formulados".
Nestor Cenizo: "Durante el alegato no me sentí defendido, y así se lo hice saber al tribunal. Quiero que quede expresamente consignado porque callar sería aceptar y no lo acepto. No dudo de la buena fe del defensor (Oscar Del Campo), pero le faltó el redondeo técnico-jurídico que yo no estoy en condiciones de hacer. Considero que perdí una oportunidad adecuada, única y última para mi defensa.
"Desde 1985 soy un civil que no cobra ninguna jubilación policial. Hace 25 años que estoy inserto en la sociedad. Respeto el dolor de las víctimas. Con la humildad que alberga mi corazón, le pido perdón a todas las personas que, por mi falta de acción u omisión, pude lastimar. Quienes me conocen saben bien cuál fue mi evolución espiritual y la sinceridad de mis palabras".
Carlos Reinhart: "Ratifico mi declaración indagatoria. En el '76, el año en que se me imputan la mayoría de los delitos, no estuve ni en el momento ni en el lugar de los hechos. Me remito a lo expresado por mi defensor".
Oscar Yorio: "Esta totalmente probado donde trabajé desde el 24 de marzo de 1976. Mi relación con (el prófugo Luis) Baraldini (NdeR: era su secretario personal) era la de recibir órdenes permanentemente. Nunca me ordenó hacer algo fuera de lugar y nunca me comprometió en ningún procedimiento. Yo no fui a Jacinto Arauz y un tiempo después supe que él había ido. Yo lo acompañaba a la Seccional Primera, y punto. Sé que es difícil creer que no supe muchas cosas, pero no las sabía. No conocía sus charlas. Era un oficial ayudante.
"Tampoco tuve contacto con los detenidos. Nunca vi a uno, ni en la Primera ni en ningún lado. Nunca visité a alguno. (Raquel) Barabaschi dijo que Baraldini le anunció que quedaba en libertad. Yo me enteré ahora de eso. Era un 'pinche'. Como dije, filosóficamente, era el chico de los mandados. Mi relación con Baraldini era fría. Sólo recibía órdenes, Jamás compartí un mate con él. No había intimidad profesional. Sólo tuvo un gesto humanitario, en Buenos Aires, cuando fue a ver a mi hijo menor después de ser operado.
"No niego que formé parte de la Subzona 14 porque figuro en una resolución, pero esa resolución es simbólica. Yo no mentí en nada, dije toda la verdad. No tengo absolutamente nada que ver. Cuando en 1983 (el gobernador Rubén) Marín me trasladó a Realicó, le dije que me pusiera en la plaza (San Martín) para ver si alguien me señalaba. Ninguna de las 35 víctimas (originales) me mencionó en un procedimiento.
"No sé porqué tengo que estar en esta situación, de la que soy totalmente ajeno. Jamás entré a una oficina de la Subzona, ni supe cuál era mi rol. Si iba con Baraldini al regimiento de Toay, me quedaba con el chofer.
"Entiendo que no existe un término medio, estaba o no estaba en el lugar de los hechos. Y yo no estaba. Lo juro por mis hijos y mis nietos. Me voy a morir sosteniendo mi inocencia. En la Policía, la gran mayoría sabe que me estoy comiendo un garrón de aquellos (sic).
"Si de algo me arrepiento es de no haber respondido preguntas (de jueces, fiscales y querellantes); a veces uno depende del asesoramiento legal. Y yo no tenía motivos para no contestar. Desde mi tranquilidad de conciencia y paz interior, puedo decir que no cometí ningún delito. Tengo absoluta seguridad de mi inocencia. Mi vida futura queda en nuestras manos. Ruego a Dios que ilumine vuestra sabiduría".
Una mirada desafiante, como con rabia y odio
Hugo Marenchino dio la nota ayer en la audiencia de la mañana, cuando miró desafiante al abogado querellante Miguel Palazzani. Como con rabia, como con odio, le dijo casi cara a cara: "Hubo una forma irresponsable de instalar sospechas sobre que siendo oficial ayudante podía comandar toda la inteligencia de La Pampa. Es una infamia. Yo no participé de tareas de inteligencia; incluso la Policía jamás hizo inteligencia porque la hacía el Ejército. Es una infancia creer que pude haber incidido en desapariciones. Es absurdo, no tiene ni sentido común".
Palazzani le mantuvo la mirada. Marenchino concluyó con sus manifestaciones haciendo referencia al mandato bíblico de "amarás al prójimo como a ti mismo", destacó su fe en Dios, rechazó "todo acto que conlleva a la pérdida de la dignidad humana" y aseguró que estaba en paz con Dios y su conciencia. Inmediatamente se levantó, volvió a clavar sus ojos en Palazzani y continuó mirándolo mientras se sentaba junto al resto de los imputados. Ahí el abogado -mirándolo aún más fijo- dijo algo que no pudo leerse en sus labios y, al final, el policía terminó dando vuelta la cara.
Durante su última palabra, Marenchino expresó que "de más de cien testigos, sólo dos (las celadoras Hermelinda Gándara y Dolly de Toldo) me mencionaron. Toldo me acusó de haber privado de la libertad a Ana María Martínez, pero ella dijo que fue detenida y torturada en Buenos Aires. Eso evidencia que hubo alguna irregularidad en ese testimonio. Toldo mintió innecesariamente y por eso puso a su hijo ante la posibilidad de ser investigado por falso testimonio. Si una señora le miente a su hijo, debe sospecharse que no dijo toda la verdad".
Siguió: "Nadie dijo haberme visto en la Seccional Primera, en la Unidad Regional, en la Brigada de Investigaciones, en Catriló y en Jacinto Arauz (NdeR: los lugares donde se produjeron los tormentos y las detenciones ilegales). En noviembre de 2003, ante el juez (Rodolfo) Canicoba Corral, responsabilicé al oficial (Osvaldo) Beiguel de haberme involucrado deliberadamente en la causa porque teníamos una enemistad manifiesta. (El testigo Héctor) Jaime lo dijo claramente cuando declaró por los hechos de Catriló. Sostuvo que Beiguel agregó nombres que él no había dicho".
Más adelante, Marenchino expresó que "la señora (Mireya) Regazzoli nunca me vio ni en la Primera ni en la Brigada, a pesar de que declaró que durante su detención no fue vendada y fue obligada a presenciar las torturas para quebrarla psicológicamente".
Sobre su presencia, en 1978, en la Escuela Hogar de Paso de los Algarrobos, donde fue secuestrada la docente Zulema Arizo, insistió que "me mandaron a averiguar qué pasaba, y no había ninguna situación que justificara su detención; sólo que la directora (Lidia, hermana de Fiorucci) no permitía que su novio la visitara en la escuela. Tampoco yo detuve a (Alberto) Callaqueo, sólo acompañé al comisario (Humberto) Riffaldi. Y no fue demorado en Catriló, sino en su domicilio particular".
"Sabían del plan y nos usaron"
Las frases de Athos Reta provocaron ruido. Ni siquiera durante el juicio, cuando fue el primero de los policías en responder preguntas de los jueces y la fiscalía, había sido tan contundente. Esta vez admitió claramente que hubo un plan para secuestrar y torturar y que él participó.
"Me tomé la obligación de concurrir a todas las audiencias para conocer personalmente lo que sucedió en 1986 -comenzó manifestando ante el tribunal-. Se habló de un plan sistemático para cometer hechos. En ningún estado judicial me pudieron exhibir ese plan sistemático. Ese plan, que nunca vi, quizá estuvo en manos del jefe de la Subzona 14, del Comando de Jefatura, de la Comisión Informativa (sic) o quizá del comisario general (Timoteo) Trouilh, que era jefe de la Unidad Regional I y compartía reuniones con (Luis) Baraldini. A mi nunca me dieron directamente ese plan".
"Estoy conforme con la pena", afirmó Barabaschi
Raquel Barabaschi, una de las víctimas de la Subzona 14 y querellante en la causa contra los represores, afirmó terminada la audiencia de ayer que "me saqué un peso de encima. Esto me da la pauta que toda la lucha no fue en vano. Fue una condena ejemplificadora y que sirve para la construcción de la memoria, que no debemos dar un paso más atrás".
Barabaschi, emocionada y antes de darle un abrazo a toda su familia, integrada por su esposo Luis Barotto, sus hijos, sus hermanas y sobrinos, explicó: "Esto servirá para las generaciones venideras, para romper con el no te metas, para que los chicos se comprometan".
"Van a venir otros juicios -continuó-, no estaré ya como querella, pero sí apoyando. Esto no tiene vuelta atrás, y quiero agradecer a todo el campo popular, a toda mi familia y los amigos y a todos aquellos desinteresados que me respaldaron".
"Sirve esta condena y mucho. Estoy conforme con la pena que se les dio, excepto en el caso de Marenchino. Mañana lo voy a procesar mejor, cuando siga con mi vida de madre, esposa y laburante, como todos los días", indicó.
Un minuto.
El periodista Juan Carlos Pumilla, autor de "El Informe 14", indicó que "la sentencia tiene un aspecto positivo que es haberle dicho a la sociedad que se condenaron delitos de lesa humanidad y que estos no quedan impunes. La sentencia, aún cuando fuera el máximo de la pena, hubiera sido insuficiente porque no hay condena que repare un minuto de torturas de las víctimas".
"No hay condena que pueda superar lo que ya llevamos de impunidad. Pero queda como sustancial que se fraguó un colectivo social que ratifica el compromiso con la verdad y la justicia", indicó.
"Me queda el sabor amargo que los represores reivindicaron el terrorismo de estado, la teoría de los dos demonios, de que acá no hubo tortura. Al no declarar la verdad, negaron a las víctimas ese gran porcentaje de justicia que falta", dijo.
Contundente y ejemplar.
El secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, afirmó: "reivindico el hecho de que se haya realizado justicia hoy. Es un día luminoso para La Pampa, con la lectura de la sentencia se dio un hecho importante para los derechos humanos y para la militancia que ha mantenido la llama de la memoria".
Funes también destacó "la política de derechos humanos implementada por la presidencia de Néstor Kirchner y profundizada por Cristina Fernández. El impulso que ellos le dieron hacen que estemos viviendo esta realidad".
"Esta condena es también una victoria, no me interesa la cantidad de años que se dieron, sino la condena a los hechos en sí. Se los procesó y son culpables, este fallo es contundente y ejemplar", indicó el funcionario.
Más allá.
Por su parte, el abogado Miguel Palazani, uno de los querellantes que desde 2006 estuvo vinculado a la causa como representante de Barabaschi, afirmó que "en lo institucional representa que hubo condena para las atrocidades y delitos cometidos durante la dictadura militar. Lo importante es que se condenó el Terrorismo de Estado y eso va más allá de las penas. Después de 34 años terminó la primera etapa de este juicio con una condena".
De acuerdo.
Mario Canoba, representante de la Asamblea Permanente por los DDHH, aseguró sobre las penas: "Los fallos determinan justicia y estamos de acuerdo con ellos. El juicio fue amplio y será un disparador de otros juicios. El objetivo por el que luchamos los militantes de derechos humanos, en especial las víctimas, está cumplido".
Sobre la participación de la sociedad pampeana en el juicio, afirmó que "la poca asistencia es un común denominador de estos juicios. Yo estuve en otros, como el del Olimpo, y pasa lo mismo que asisten los que tienen mayor compromiso social. Pero la gente participa a su modo, en la calle comenta y expresa que es importante este juicio".
"Ese plan sistemático, de acuerdo a (Rubén) Marín, que se reunía con el jefe del regimiento (Ramón Camps) en la Cámara de Diputados, quizá haya sido exhibido allí y ellos hayan conocido su texto. Ellos lo aprobaron y de esa forma la Policía pasó a depender de los militares", acotó.
Incidentes y cánticos en el final
Al salir los represores del edificio del Colegio de Abogados en el celular de traslado del Servicio Penitenciario Federal que los llevó definitivamente a la Unidad Penal 4, un grupo de militantes universitarios comenzaron a gritarles y quisieron cortarle el camino al vehículo.
En el vallado de la avenida Argentino Valle y Luro, algunos empezaron a gritarle "asesinos". El rodado gris del SPF, seguido de una ambulancia, tomó entonces hacia el otro lado de la calle, hacia el vallado que queda rumbo a la Circunvalación.
Allí otro grupo de jóvenes, identificados con banderas de la izquierda universitaria como las agrupaciones Surcos o del PTS, gritaron consignas contra los represores y se sentaron al paso del celular.
Esto motivó que fueran varios policías a sacarlos, con algunos empujones y uno blandiendo un palo. No se produjeron heridos, pero si hubo forcejeos, hasta que el rodado penitenciario pudo pasar el piquete.
Entonces los militantes comenzaron a gritarle a los uniformados en repudio. Poco después, cuando los jueces quisieron salir por ese lado de la valla en auto, tuvieron que desviarse por Boyacá porque se reiniciaron los cánticos. El gobernador Oscar Mario Jorge tuvo que hacer lo mismo, cuando al verlo partir recomenzaron los abucheos.
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