Hacia un consenso productivo exportador con inclusión social

Hacia un consenso productivo exportador con inclusión social

La célebre expresión nietzscheana “no hay hechos, hay interpretaciones” se vuelve especialmente consistente en las semanas poselectorales. En las democracias occidentales, las elecciones funcionan como el gran ordenador de la política. Luego, los medios de comunicación funcionan como escenario de la lucha por la interpretación de los resultados. Sin embargo, las elecciones también incluyen, inevitablemente, hechos: sus resultados se expresan en números. 

Y los números de las generales de noviembre no catalizaron la debacle insinuada por el ensayo general de septiembre, situación que dejó a no pocos actores que esperaban “el inicio de la transición” pedaleando en el aire.

Lo que ocurrió fue un cambio en la sensación de salida de la pandemia. La “sensación” de las PASO era todavía la de estar sumergidos en la pandemia. La de las generales, en cambio, ya fue de pospandemia. Un mundo de sensaciones que, además de la voluntad política de la nueva jefatura de Gabinete, conjugó dos hechos, la caída en el número de contagios y de muertos y la consolidación de la recuperación de los indicadores económicos. Es probable que, si las elecciones se hubiesen pospuesto otros dos meses, el resultado para el Frente de Todos habría sido todavía mejor por la profundización de las mismas dos razones. En términos de humor social lo que ocurrió entre las dos elecciones fue la transición desde la desesperanza generalizada a una modesta recuperación de la esperanza, proceso al que muy probablemente se sumó también el miedo de volver al pasado inducido por el empoderamiento transitorio, post PASO, de lo peor de la oposición. En consecuencia, el debate económico dejó de centrarse en el enojo provocado por los efectos destructivos de la pandemia sobre la producción y sus derivados sociales, para volver a centrarse en el desafío de que los frutos de la recuperación en marcha no sean apropiados por quienes menos se debilitaron durante la crisis sanitaria, una puja que sigue reflejándose en la persistencia de la inflación.

En los próximos años la persistencia de la alta inflación dependerá de dos elementos, el primero será la inflación internacional debida a que la transición energética alterará los precios de la energía, uno de los principales costos de producción y, a que la recuperación de salida de la pandemia aumentará la demanda de insumos básicos. En segundo lugar, y ya en el plano interno, dependerá de resolver el problema financiero de la restricción externa para conseguir estabilizar el precio del dólar.

El camino que eligió el gobierno para iniciar esta estabilización se basa primero en resolver la negociación con el FMI, un proceso del que no deben esperarse grandes sorpresas. El FMI que negociará con la Argentina es el mismo de siempre y a nadie le conviene un default, que dicho sea de paso nunca estuvo en la agenda oficial. Al mismo tiempo tampoco existe la magia. Las restricciones que enfrenta la economía son reales. El dinero para los inmensos vencimientos de 2022 y 2023 simplemente no estará, dato que, debe recordarse, se sabía ya desde 2018. Como siempre los acuerdos se firmaron para ser renegociados porque en el largo plazo lo que importa no es la deuda, sino el sostenimiento de la relación acreedor-deudor. El objetivo de corto plazo, como lo reconoció recientemente el gran endeudador Mauricio Macri, fue utilizar los casi 45 mil millones de dólares desembolsados para que el capital financiero que entró a valorizarse en el proceso de endeudamiento 2016-2017 pudiera salir de la plaza local, un aporte estructural que siempre cumple el FMI en todos los países en los que interviene, con prescindencia de lo que diga la letra muerta de su estatuto.

Dicho de manera breve, el objetivo del FMI luego de aportar los fondos para la salida de los capitales financieros no consiste en cobrar sus deudas como fin en sí mismo, sino en utilizar su posición de acreedor para la imposición de un determinado paquete de política económica. Esa política se basa siempre en la liberalización de los movimientos de capital y en la progresiva destrucción de las funciones, el patrimonio y el poder de fuego de los Estados nacionales. La herramienta para lograrlo es bien conocida: “la extorsión del caos inminente”. Para los países endeudados con el organismo no conseguir un acuerdo da lugar a procesos de salida de capitales y de cierre al ingreso de capitales. Las consecuencias se sienten inmediatamente en el mercado cambiario, es decir provocan un salto devaluatorio, que como se sabe se traduce en alta inflación, caída del poder adquisitivo de los salarios y recesión. En una negociación con el FMI no hay opciones buenas, sólo se tiene a mano las “menos peores”. La relación con el Fondo es como con las drogas duras, parece fácil al principio, pero luego resulta costosísimo salir. En el presente la opción menos peor es realizar un acuerdo que deberá ser renegociado más allá de 2023. Esta es la triste realidad de la herencia macrista. 

No conseguir un acuerdo significaría quedarse sin las divisas necesarias para estabilizar la macroeconomía. Muy probablemente, también podría ser un límite para las inversiones necesarias para desarrollar rápidamente los sectores exportadores que generarán las divisas genuinas para financiar la expansión del PIB y, al mismo tiempo, hacer frente a los compromisos internacionales con los acreedores. Romper con las relaciones de poder del orden económico global una vez provocado el mega endeudamiento no parece una alternativa sencilla. Esta es la gran transformación conseguida por el macrismo en su breve paso al frente del Estado: dejar absolutamente condicionada la economía local al poder global.

Todos estos condicionantes económicos ponen en primer plano el problema político de fondo. Argentina sigue necesitando terminar con la grieta, pero no la grieta que definen los medios de comunicación, sino la grieta entre el peronismo y una porción mayoritaria de las clases dominantes. Un dato duro es que los dirigentes de la Alianza macrista-UCR no tienen ningún incentivo político para acordar con el actual oficialismo una política que conduzca al crecimiento y al bienestar. Por el contrario, su objetivo consiste en debilitarlo para reemplazarlo. En consecuencia “el diálogo” debe ser directamente entre el oficialismo y el poder económico real. La pregunta es, otra vez, cuál sería el incentivo para este poder económico real para asumir un diálogo constructivo con el actual oficialismo. La respuesta está en la historia reciente. La Alianza macrismo-UCR construyó en 2015 un verdadero bloque histórico que respaldó su proyecto de poder. Es decir, construyó un consenso mayoritario entre los sectores dominantes del empresariado, la política, el sindicalismo, los medios de comunicación y la embajada estadounidense (“el mundo”) sobre cuál era el rumbo para la economía local. Sin embargo, a pesar del inmenso consenso político conseguido, el resultado fue una gran decepción: su política económica fracasó estrepitosamente. 

En su nuevo presente Argentina necesita plasmar un nuevo consenso productivo exportador que le permita crecer aumentando la inclusión social, y para ello necesita estabilidad económica y política. Pero para conseguirlo necesitará previamente que el bloque histórico que sostuvo al macrismo realice una profunda introspección ¿Realmente el gran empresariado cree que el nuevo fracaso de la experiencia neoliberal se debió a la explicación zonza según la cual no se fue lo suficientemente a fondo? ¿Nadie entre sus filas observa cómo funcionan y qué políticas económicas aplican los países que se desarrollan? ¿Creen realmente que el problema es “el peronismo”? ¿Creen realmente que la economía que propone el peronismo es antiempresa o está en contra de la propiedad privada, es decir cree en la zoncera del “vamos a ser Venezuela”? ¿Qué canal están mirando? ¿Todo el análisis político económico del gran empresariado es un antiperonismo de caricatura? ¿Creen realmente que un tipo de cambio devaluado funciona? ¿Creen que es vivible un país en el qué una porción de la población se queda afuera de los beneficios del crecimiento? ¿No asumen que ello los obligará a vivir en espacios amurallados y a desplazarse en autos blindados? ¿Realmente piensan que ya en el siglo XXI una sociedad que se caracterizó por su extendida clase media puede regresar al formato de una sociedad dual?

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