Por Ramiro Melucci

La política lugareña empieza a configurarse en dos planos superpuestos. En uno despunta el intendente Guillermo Montenegro, de buen vínculo con la Provincia y la Nación. En el otro sobresale la nueva estrategia del bloque de concejales del Frente de Todos, que ejerce en estas costas el rol opositor.

El jefe comunal celebró su segundo gran acuerdo político con el gobernador y el presidente en tiempos de pandemia. El primero había sido la autorización para la prueba piloto en los comercios. El de la semana pasada le permitió habilitar la actividad comercial antes de que la decisión fuera oficializada en el Boletín Oficial.

Montenegro usufructuó esa ventaja para volver a demostrar la importancia que le asigna al sector. Promocionó su decreto como ningún otro. Recorrió los negocios para palpar el cambio de humor de los comerciantes. Distendido, habló por Facebook con vecinos, mencionó las nuevas autorizaciones que podrían surgir y hasta contó intimidades de su vida familiar.

La oposición atisba que esos movimientos esconden la intención de sacar provecho político de autorizaciones que otorgan Axel Kicillof y Alberto Fernández. Endureció el discurso con advertencias sobre la situación de la atención primaria, que está bajo la órbita del municipio, y con críticas a María Eugenia Vidal, la referencia política de Montenegro en la provincia de Buenos Aires.

Aquella luna de miel de inicios de la pandemia, cuando el miedo al desconocido virus lo abarcaba todo, se ha vuelto una foto del pasado. A medida que el temor decrece y la cuarentena se relaja, resurgen las diferencias. “La nueva normalidad viene con grieta”, asumió un dirigente clave en el andamiaje oficialista.

Después de poner en duda el óptimo escenario epidemiológico que describe el intendente, el Frente de Todos alertó que el sistema primario de atención “no está en condiciones” de contener un brote de coronavirus en los barrios. La postura parece ceñirse a un apotegma: mientras la Provincia y la Nación refuerzan el esquema sanitario, el municipio no ejecuta lo que prometió.   

Los cuestionamientos a la exgobernadora no comenzaron en Mar del Plata después del domingo pasado, cuando Kicillof machacó contra la gestión anterior en la conferencia en que anunció con el presidente y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la extensión de la cuarentena. Los escarceos se registraron en el tratamiento de las rendiciones de cuenta del último año de la administración de Carlos Arroyo. 

En medio del festival de críticas a la fallida gestión del exintendente, el Frente de Todos ofreció su propio hilo argumental: Arroyo fue lo que fue, expuso, también por lo que dejaron de hacer los gobiernos nacional y provincial de entonces. La presidenta de la comisión de Hacienda, Virginia Sívori, mencionó los fondos comprometidos que no enviaron aquellas administraciones y se refirió en todo momento al “primer gobierno de Cambiemos”. 

La semana pasada, los comentarios de Kicillof contra su antecesora dejaron en claro la línea. Intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio entraron presurosos al ring para advertirle que no era el momento de sacar a relucir las diferencias políticas. Montenegro volvió a mirar desde afuera. Y pidió a su tropa que también se abstuviera. Todavía estaba a la espera de que le otorgaran el permiso de reapertura comercial. Pero, más que a esa necesidad puntual, su silencio apunta a evitar turbulencias de gestión. Es el estilo que Rodríguez Larreta cultiva en la disputa nacional.

Con la apertura de los comercios de ropa y calzado, la reactivación económica que anunció a fines de abril empieza a tomar cuerpo. Se combina con la producción, apalancaba por el funcionamiento del Parque Industrial, el puerto y el cordón frutihortícola. También por el reinicio de las obras privadas. Eso sí: tras el alivio que implica la vuelta a la actividad emerge el incierto panorama económico que ha profundizado la pandemia. 

La hoja de ruta del intendente tiene ahora otros dos mojones. El regreso paulatino de la recreación y el protocolo del sector gastronómico. Esta semana podrían apreciarse los primeros avances. Montenegro, reacio a aceptar el esparcimiento aún cuando Fernández y Rodríguez Larreta lo empezaban a permitir, avanzaría en principio con una autorización para salir a caminar a 500 metros del domicilio. Luego vendrían algunos deportes al aire libre, con los protocolos correspondientes.

El gobierno municipal también buscará poner en agenda la discusión por las normas que deberían respetarse en cafés, bares y restaurantes, aun cuando el permiso para esos negocios pueda demorarse.

La ministra de gobierno bonaerense, Teresa García, remarcó que Mar del Plata es una de las ciudades con más actividades permitidas, junto con Bahía Blanca. La frase le sirvió al intendente para ratificar su discurso de que este municipio es una de las grandes urbes que puede darse el lujo de flexibilizar el aislamiento por la situación epidemiológica que presenta.

El objetivo de García, en rigor, era otro: responderle al oficialismo bahiense, que reclamaba a la Provincia más aperturas para el distrito de Héctor Gay, de Juntos por el Cambio. En La Plata, otro municipio en manos opositoras, los legisladores que responden al intendente Julio Garro también levantaron la voz por más habilitaciones. En cambio, la anuencia al funcionamiento de los comercios le otorgó más aire a Montenegro.

Con Gay encabezó una movida conjunta por la situación del transporte. Solicitaron al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro de Transporte, Mario Meoni, un subsidio urgente para las empresas del sector, que les advirtieron sobre una caída estrepitosa de ingresos. Buscan anticiparse a un conflicto. El que podría desatarse si los choferes empiezan a registrar inconvenientes para cobrar el sueldo.

La gestión ante las autoridades nacionales muestra además una estrategia para abordar el asunto: Montenegro prefiere oficiar de intermediario del sector antes que dar la discusión del aumento de boleto. Sobre todo, por el desolado paisaje social que va dejando al descubierto la cuarentena. El indicio más claro es que la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, que conduce el oficialista Agustín Neme, no tocó el expediente de readecuación tarifaria elevado por los empresarios.  

El escenario dista de ser ideal. Los recicladores informales volvieron a bloquear el predio de disposición final de residuos y la ciudad se quedó otros dos días sin recolección. El acuerdo que habían alcanzado una semana atrás el municipio, los trabajadores y la empresa que opera el predio, Ceamse, se hizo añicos prácticamente antes de entrar en vigencia.

Los recicladores le apuntaron a la firma: dijeron que no les dejó la basura donde estaba previsto para que pudieran realizar su actividad. A través de sus voceros, Ceamse contestó que hizo todo como se lo ordenó el municipio. Por lo bajo, el gobierno responsabilizó a la empresa de no acatar lo acordado. Quedó así en evidencia la tensión que reina en ese vínculo.

Nada es casual. Afectada por la pandemia, la administración de Montenegro había manifestado su intención de renegociar los grandes contratos del municipio. Incluye, claro, el del Ceamse, con el que hay una deuda acumulada de $ 180 millones generada a partir del gobierno de Arroyo. No hay que ser adivino para descubrir que detrás de cada bolsa de basura que no se juntó en la ciudad en las últimas dos semanas se esconde esa puja millonaria.