La Casa Rosada tomó el control total de una caja millonaria que supieron administrar los gremios y que hace un año estaba colonizada por hombres del jefe de la CGT, Hugo Moyano.

Se disolvió ayer la estratégica Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que manejaba un presupuesto anual de 1157 millones de pesos y que estaba destinado a cubrir los gastos de tratamientos médicos de alta complejidad que prestan las obras sociales sindicales.

Así lo dispuso la presidenta Cristina Kirchner a través de los decretos 1196, 1197 y 1198, publicados ayer en el Boletín Oficial.

En todos los gremios, tanto los moyanistas como los más afines al Gobierno, hay malestar por la demora en el pago de reintegros por parte de la APE, un ente que quedó bajo sospecha cuando estalló la causa denominada mafia de los medicamentos.

Desde hoy, la APE quedará absorbida dentro de la estructura de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo desde marzo pasado de la santacruceña Liliana Beatriz Korenfeld.

Con la excusa de una reestructuración profunda y de una vigilancia estricta del manejo de fondos de las obras sociales, el desembarco de Korenfeld fue un golpe al poder de Moyano. Su primera medida fue echar del área de sistemas a Christian Asorey, yerno del camionero. Unos meses antes ya había sido removido el gerente Daniel Colombo Russell, ex asesor legal de la Federación de Camioneros.

Pero Korenfeld no se quedó atrás y en los últimos días empujó a la renuncia al jefe de la SSS Ricardo Bellagio y a su equipo de colaboradores, todos de buena relación con los gremios. La disolución de la APE afectó, también, a un equipo de funcionarios tucumanos que había ubicado el ministro de Salud, Juan Manzur.

En su rosario de reclamos a la Casa Rosada, Moyano incluyó su disgusto por lo que considera "retenciones indebidas" y "demoras injustificadas en la distribución de los recursos". Es más, tildó de "bestia burocrática perversa" al sistema, según definió en la carta que le envió a la Presidenta el 31 de enero pasado. Exige el pago de una deuda de 15.000 millones de pesos.

Del dinero reclamado por la CGT, unos 13.000 millones de pesos provienen del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. El resto del monto surge de los reintegros de prestación de servicios que se brindan a través de la APE. La Casa Rosada se había comprometido a pagar $ 1000 millones durante 2011, pero apenas abonó $ 259 millones.

Más de una vez, Moyano instó a las 302 obras sociales a optar por la vía judicial para exigir que se les abone. El gremio de los camioneros ya tomó este camino a través de sus abogados.

Korenfeld analiza emitir un bono de garantía de pago para los gremios. Ya hubo contactos con especialistas de la Universidad de Buenos Aires para debatir el operativo.

"Los gremios van a tener que rezar si quieren cobrar un peso", contó ayer un ex funcionario de la APE.

Desde los gremios no son optimistas en cuanto a cobrar la deuda que reclaman. La sensación es unánime.

"La disolución de la APE nos sería útil si nos pagaran el dinero que nos deben", dijo ayer un sindicalista de buena llegada a la Casa Rosada y que estuvo reunido con Korenfeld.

"La APE funciona un desastre. Desde que llegó la santacruceña están inspeccionando todos los gremios porque quieren regular todo ellos [por el Gobierno]", confió un moyanista al que ayer le investigaron los despachos de la obra social de su sindicato.

UNA CAJA QUE MOYANO CONTROLABA COMO PROPIA

Durante los años que duró su luna de miel con el kirchnerismo, Hugo Moyano logró colonizar la Administración de Programas Especiales (APE), un ente clave que administraba el dinero de las obras sociales sindicales.

El jefe de la CGT designó en este estratégico organismo desde un gerente hasta un hombre de confianza que supo diseñar el software que digitaba el recorrido de los fondos por los reintegros de dinero a las obras sociales sindicales. El avance judicial en la causa de la "mafia de los medicamentos" y el distanciamiento con la Casa Rosada impulsaron la embestida oficial contra Moyano.

Pasaron por la APE dos gerentes generales vinculados a Moyano. El primero fue Hugo Sola, que quedó bajo sospecha por el tráfico de troqueles truchos. Luego fue el turno de la caída de Daniel Colombo Russell, ex asesor legal de la Federación de Camioneros.

Ambos administraron un presupuesto anual de 1157 millones de pesos. La APE cubría los costos de las prácticas de alta complejidad o de los tratamientos de enfermos crónicos.

Después de la abrupta salida de ambos funcionarios, Moyano conservó por un tiempo más a dos hombres de máxima confianza en el organismo. Se trataba del abogado Abel Sergio Beroiz, el hijo del ex tesorero de la Federación Nacional de Camioneros que fue asesinado en noviembre de 2007, y de Christian Asorey, que se desempeñaba en el área de seguridad informática.

Pero el ocaso de su influencia comenzó a evidenciarse este año. Sergio Beroiz falleció hace seis meses y fue reemplazado por gente del Ministerio de Salud. Y Asorey, que es yerno de Moyano, fue echado por Liliana Korenfeld no bien asumió en la Superintendencia de Servicios de Salud. Una vez abierta la disputa entre Moyano y la Casa Rosada, el camionero demandó una deuda de $ 2000 millones al Estado por el retraso de los reintegros. Detrás de este pedido se encolumnan todos los gremios, los moyanistas y sus rivales..