Tener moneda del FMI (Derechos Especiales de Giro) para los países que toman deuda de ese organismo y quedan sujetos a sus imposiciones, implica la exigencia de pago. Por esto y la membresía por pertenecer le implica al Gobierno desembolsar tres pagos más por U$S 1.000 millones en total.

En cuanto a los U$S44.000 millones de la deuda que el macrismo tomó en el 2018, que en campaña electoral Alberto Fernández y todo el kirchnerismo planteaba que había que estudiarla, el ministro de Economía Martín Guzmán está tratando de renegociar los plazos de vencimiento de ese monto, incluso tomando nueva deuda.

Mientras tanto el 44,2% de la población hoy es pobre y ese porcentaje aumenta a un vergonzoso 64,1% entre niñas, niños y adolescentes.

Como siempre, con todos los gobiernos, las negociaciones para ver cómo pagar la deuda(sinónimo de más ajuste para el pueblo trabajador, disminución de partidas presupuestarias, etc) implica que los centros financieros hacen más negocios y que se redobla la dependencia de nuestro país.

Prueba de esto último es la desaparición en el presupuesto del 2021, del IFE para la población más vulnerable. Aquella que Fernández decía que iban a ser los primeros en atender sus necesidades. Es más, también en el presupuesto anual se recortó las partidas para Salud, en plena pandemia.

Por eso desde la izquierda se insiste en el no pago de la deuda externa junto con otra serie de medidas como la nacionalización de la banca y del comercio exterior para evitar fugas de capitales, control de las exportaciones, créditos baratos para pequeños productores, entre otras cosas. Porque la realidad es que hoy el comercio exterior está en manos de unas pocas decenas de grandes empresas, que constituyen un monopolio.