El Gobierno nacional arremetió con virulencia la jugada pergeñada por la administración porteña con tal de mantener la presencialidad en las escuelas y que fuera validada el domingo por la noche por un tribunal capitalino. Además de cargar las tintas contra los magistrados y el gabinete del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la Casa Rosada fue a la Justicia Federal para frenar el regreso a las aulas arguyendo la alarmante situación epidemiológica suscitada por la segunda ola de coronavirus.

Temprano como pocas veces desde el inicio de su gestión, el presidente Alberto Fernández mantuvo a primera hora una reunión en Balcarce 50 con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, momentos antes de presentarse un recurso en la Justicia Federal en lo Contencioso y Administrativo para declarar la nulidad de la resolución de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en esta misma materia del Poder Judicial porteño.

Ya en la noche del domingo, Fernández calificó el fallo de los magistrados porteños Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli como un "estrago jurídico", y en duros términos lo acompañó el ministro de Justicia, Martín Soria. 

Ya este lunes, al anunciar un bono de $ 6500 para el personal médico abocado a combatir la pandemia, Fernández insistió en la gravedad de la situación sanitaria y acusó a los funcionarios porteños de "hacer política" con la crisis. "El virus no conoce la General Paz, contagia a cualquiera, y no tiene miramientos", sentenció. El mandatario también acusó al distrito de demorar la vacunación de los docentes.

Tras enviar a los abogados de la Jefatura de Gabinete a frenar la cautelar porteña, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para resolver el planteo de la ciudad de Buenos Aires, y abrió un plazo de cinco días para que el Estado nacional y la alcaldía presenten sus respectivos planteos.

Con la cautelar porteña vigente, la Casa Rosada obtuvo un revés ayer en la Justicia Federal de San Martín, que declaró la incompetencia de este fuero para resolver un planteo similar referido a la cancelación de clases en la provincia de Buenos Aires, y señaló que correspondía a los tribunales bonaerenses determinar la cuestión de fondo, dando entidad así al fallo porteño.

CONFRONTACIÓN ABIERTA

En paralelo a los trámites tribunalicios, la disputa se metió de lleno en el fango de la política. El bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña pidió el lunes el juicio político contra los tres camaristas de la Ciudad que fallaron en favor del regreso a las aulas, por actuar "priorizando la estrategia electoral de Rodríguez Larreta en un momento de grave crisis sanitaria". 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también despotricó contra Larreta al considerar "repugnante" la recurrencia a la Justicia del gobierno porteño, y agradeció "la mano dura" de Alberto Fernández. Si acaso fuera poco, el lunes una abogada denunció penalmente al jefe de Gobierno por "sedición".

También el ministro de Ambiente y dirigente porteño, Juan Cabandié, acusó a Larreta de "jugar a la política electoral" con el dictado de clases, asegurando que el domingo por la tarde, horas antes de anunciar la apertura de escuelas, había solicitado a la ministra Vizzotti 60 respiradores para las terapias intensivas del sistema público, al borde del colapso. Desde la Ciudad no desmintieron a Cabandié.

En Parque Patricios, los funcionarios de Larreta celebraron que la Corte se haya declarado competente y mantuvieron la cautela, mientras prosiguen ajustando los protocolos para mantener las clases y patear una eventual clausura temporaria de los establecimientos que, con los actuales números de contagios, parece irremediable. 

Fuentes judiciales aseguraron a El Cronista que la resolución del conflicto encargada a la Corte pone a prueba otra discusión que debe zanjar el máximo tribunal del país, y que hace al mecanismo de financiamiento de las competencias delegadas de seguridad que la Nación se negó a mantener a través de la Coparticipación federal. Con el plazo abierto de cinco días dispuesto antes de pronunciarse, los supremos parecieron dar tiempo a la política para encontrar una salida que no hiera la autonomía porteña, ni socave al autoridad del Ejecutivo nacional en una situación crítica.