El Gobierno de Alberto Fernández convocó a Horacio Rodríguez Larreta para avanzar en la negociación por el monto que la administración nacional debe transferirle al Ejecutivo porteño para afrontar los gastos de la Policía de la Ciudad.

El año pasado, el Senado convirtió en ley un proyecto que contemplaba un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía fijando un monto de $24.500 millones anuales, actualizable cada tres meses.

Ese monto fue acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno nacional de Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en enero 2016. Según esta iniciativa, la cifra que percibirá la Ciudad será actualizada de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

Pero la ley aprobada por el Senado determinó que ese monto deberá acordarse en el convenio que deben firmar Nación y Ciudad. Por eso mismo, los ministros de Economía, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, “convocaron formalmente hoy al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horario Rodríguez Larreta, a un encuentro en Casa Rosada.

Según se informó en un comunicado, el objetivo de la reunión es “acordar criterios comunes en el proceso de traspaso de la Policía, tal como fija la ley de diciembre de 2020, aprobada en el Congreso a propuesta del Ejecutivo”.

La reunión será mañana en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en horario a confirmar. Además, el oficialismo informó que los ministros “ofrecieron como alternativa -en caso de que no pueda asistir- los días 17, 18 o 19 de mayo”.

Para la oposición porteña, ese monto no es suficiente para que Rodríguez Larreta afronte los gastos que implica mantener el funcionamiento de la fuerza de seguridad porteña. En ese sentido, consideran que se trata de una nueva quita de fondos porteños implementada por el Gobierno de Fernández, que ya había disminuido el porcentaje de coparticipación de la Ciudad.

El año pasado, el Senado convirtió en ley el proyecto con 40 votos contra 25. En su discurso, el senador del Frente de Todos, Mariano Recalde, aseguró que el proyecto no se trata de “quita ni de coparticipación” sino que lo que se busca “es corregir y enmendar” una “inequidad” y “algo que se hizo mal” y acusó al jefe de Gobierno porteño de ser “cínico” por querer “echarle la culpa al Gobierno nacional de las políticas liberales”.

“Larreta nunca utilizó esos fondos para mejorarle la vida a los porteños, al contrario se redujo el gasto en educación, tenemos el presupuesto en educación más bajo y se redujo al presupuesto en salud y en políticas sociales”, precisó.

Por su parte, el senador del FdT Oscar Parrilli consideró que Macri “hizo un uso autoritario del poder” al reasignarle fondos a la Ciudad y aseguró que las autoridades porteñas “se llevaron fondos demás” y se beneficiaron “con privilegios” que “ofenden a los argentinos”.

Como miembro informante de la oposición, la senadora de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, cuestionó el trato a los porteños por parte del Gobierno central y calificó como “peligroso” que se cuestione “la autonomía” de un distrito como la Ciudad de Buenos Aires.

Tagliaferri criticó a senadores del oficialismo que durante el debate en comisiones “hicieron especulaciones políticas electorales” y advirtió que “han llegado a decir que la Ciudad no es una provincia, sino una aberración jurídica”.

En los discursos de cierre, el senador radical Martín Lousteau, consideró que el presidente Alberto Fernández “modificó la ley de coparticipación sacándole recursos a un distrito para darselos a otro”, tras la protesta de la policía bonaerense en reclamo de mejores salarios.

Lousteau reconoció que la provincia de Buenos Aires es de las más “relegadas” en cuanto a redistribución de fondos, pero señaló que fueron mandatarios “del peronismo los responsables” de esa inequidad, y afirmó que lo que “buscan es complicarle la vida” a un eventual “competidor político” como Rodríguez Larreta.

El senador de PRO, Esteban Bullrich, retrucó los dichos de Sacnún y consideró que lo que se judicializa “es el abuso de la mayoría” y ratificó que irán “a la Justicia” porque creen “en la independencia de poderes”.

Su par Gladys González recriminó al oficialismo “su forma de ejercer el poder” mediante “el miedo y la extorsión” y se quejó por “la falta de diálogo” y la acentuación de “la grieta” que, afirmó, promueve el Frente de Todos.