Su sorpresiva llegada al santuario de San Cayetano, en vísperas de la Navidad, coincidió con su proclamada principal preocupación por estos días. "Esta Navidad los invito a tenderles la mano a quienes sufren y, entre todos, construir la Argentina que soñamos", escribió el presidente Alberto Fernández en las redes sociales antes de recorrer el concurrido santuario del barrio de Liniers.

En línea con su deseo de "rescatar a millones de argentinos que la están pasando mal", y en el contexto del plan Argentina contra el Hambre, el Gobierno acelera la entrega de tarjetas alimentarias para beneficiarios de la AUH, un proceso que comenzó en Concordia la semana pasada y que buscará extenderse, antes de marzo próximo, a todo el país. Según fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Daniel Arroyo, antes de que finalice la primera quincena de enero estará "definido" el cronograma de todas las ciudades en las que comenzará la distribución de más de 1,4 millones de tarjetas, en su mayoría en sedes del Banco Nación y con un valor de entre $4000 y $6000 mensuales canjeables por alimentos.

"La decisión política fue iniciar el proceso en Concordia, donde la pobreza llega al 52 por ciento, y en un par de semanas va a quedar definido cuando llega a cada lugar", confirmaron desde Desarrollo Social. Ya con el cronograma definido comenzará la distribución, que se hará de manera simultánea y tomando en cuenta las 24 capitales de provincia y 7 conglomerados urbanos definidos por el Indec. Concordia es, justamente, el más pobre de esos 31 centros poblados en los que se centrará la ayuda oficial.

Los primeros datos de la ciudad entrerriana son más que indicativos. El 30 por ciento de las compras con esas tarjetas se destinaron a productos lácteos, cuya caída en el consumo fue definida como "desesperante" por Arroyo. Esa primera compra fue, en promedio, de $300, "porque la gente fue a ver si el sistema efectivamente funcionaba", contaron los voceros. Para el mes de febrero está previsto el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá que puedan participar en la venta de su mercadería pequeños productores y representantes de la economía social. "Son $35 millones que se vuelcan al mercado, y que reactivan a su vez la economía", responden desde el Gobierno.

La reglamentación de la ley de emergencia y la renegociación de la deuda con el FMI son otros temas prioritarios. En lo que hace a la ley de emergencia, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, trabaja contra reloj para terminar de reglamentar la norma, aprobada por el Senado el sábado pasado. Desde el Gobierno afirmaron que "antes de fin de año" estarán definidos los temas sustanciales, entre los cuales figuran el impuesto del 30 por ciento a la compra de dólares para atesoramiento y el turismo.