Como ya hizo al impulsar las designaciones de Alejandro Gullé en la Procuración de la Corte y de José Valerio en la Suprema Corte provincial, el gobernador Alfredo Cornejo busca ahora colocar a alguien que sintonice con sus políticas, en un organismo internacional. 

Apunta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA y con sede en Washington.  Tres de sus siete miembros (comisionados) finalizan este año sus responsabilidades: el mexicano José Orozco, el brasileño Paulo Vannuchi y el estadounidense, James Cavallaro. Y no hay argentinos allí desde hace ocho años.

Cornejo admitió ayer que a la candidatura del abogado mendocino Carlos de Casas para  ese organismo “la hemos sugerido con el doctor Ernesto Sanz y otros abogados” ante el presidente Mauricio Macri. Y remarcó que “yo lo avalo porque es una persona que ha litigado en esa Comisión y hay pocos abogados que lo han hecho en el país”.

Se refiere Cornejo a que, en 2004, De Casas logró que Uruguay indemnizara a tres banqueros acusados de presunta estafa (Caso Peirano), por estar sometidos a una detención preventiva sin proceso, que se evaluó como excesiva. 

Cornejo remarcó que De Casas “tiene antecedentes sobrados en la materia”. Y denunció que “se está montando una campaña de desprestigio a través de (el periodista y titular del CELS) Horacio  Verbitsky en base a situaciones falsas, ya que De Casas no ha defendido a ningún represor como denuncia Verbitsky”.

El Gobernador responsabilizó de esa “campaña” al “kirchnerismo”, con el que rompió hace nueve años, luego de que naufragara una sociedad política desde el sector radical cercano a Néstor Kirchner.

Tanto la ex presidenta Cristina Fernández, como el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el titular del CELS, Vertbisky cuestionaron la candidatura de De Casas. 

Los tres rechazan que De Casas haya patrocinado a Enrique Blas Gómez Saá,  ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña durante la última dictadura. Este juicio finalmente no avanzó.

Al respecto, De Casas explicó: “Defendí a Gómez Saá porque fue un hombre al que echaron del Ejército en la época de la dictadura, ya que se oponía al golpe militar”. Y agrega que “además de ser militar era licenciado en Ciencias Políticas y lo echaron del Ejército”. 

El abogado considera que ha sido “acusado livianamente” y destaca que “los derechos humanos no pueden ser propiedad de un solo sector".

En tanto, Cornejo estima que la Comisión Interamericana está “cooptada” por Vertbisky y cuestiona sus condenas al sistema penitenciario local.

“Quiero que se aclaren las denuncias a las cárceles en Mendoza”, remarcó Cornejo. Y considera que el rigor del organismo no se repite en las cárceles de otros lugares como Brasil. 

“Tenemos un plan de ampliación de las cárceles que está en marcha y que incluso hemos presentado en la Suprema Corte”, dijo Cornejo. 

“También lo vamos a presentar en la Comisión Interamericana. Ya firmé un convenio para terminar la cárcel federal de 500 plazas y en marzo estaremos licitando otra penitenciaría”, agregó. “Estamos estudiando lugares de detenciones que cumplan requisitos de seguridad, donde la gente pueda trabajar”, subrayó. Uno de esos lugares estaría en la ex metalúrgica Frannino en Guaymallén. 

“Quieren ensuciarlo”

Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, consideró que “es tirado de los pelos o malintencionado querer ensuciar a una persona, por  sus defendidos o por las causas que ha tenido”. Y finalizó: “Somos personas y todos tienen derecho a ser defendidos”.

Los argumentos de los gobiernos nacional y provincial son coincidentes en favor de la candidatura de Carlos De Casas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

El organismo se ha venido manejando con criterios más cercanos al “garantismo” que el gobernador Alfredo Cornejo cuestiona. En su lugar propicia una línea más “punitivista” para encarar la lucha contra el delito.