Es que, desde que se supo de la iniciativa a través de los medios periodísticos, ningún funcionario -ni nacional ni provincial- confirmó cómo se implementará, a partir de cuándo ni otros detalles centrales. Todos trascendidos, todas presunciones, nada más.

“Me pareció una buena idea”, señaló el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Sin embargo, cuando este diario le preguntó sobre la intención de destinar a los efectivos de la fuerza federal a los asentamientos del Conurbano, rápidamente interrumpió: “Ah, no, yo tenía entendido que no iba a ir sólo para las villas, sino para mejorar la prevención en toda la Provincia. Si es sólo para ese sector, no me parece un buen plan”.

El jefe comunal de Berazategui, Juan José Mussi, prefirió no opinar demasiado acerca del proyecto, debido a que, dijo, no tiene ninguna información oficial al respecto. “En ningún momento se habló con nosotros. No sabemos bien de dónde nace el proyecto, si es de la Nación, de la Provincia...”, se excusó Mussi.

“No tenemos nada que decir”, fue la escueta respuesta que dieron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, al ser consultados por Hoy, sobre este tema. Es que darle el visto bueno a este plan sería, cuanto menos, reconocer que las políticas implementadas en los últimos meses (desde la salida de Carlos Stornelli y la fusión de los ministerios) no fue suficiente para combatir la inseguridad, la principal preocupación de los argentinos.

Según trascendió, el ex presidente Néstor Kirchner, antes de morir, manejaba encuestas del territorio provincial que no sólo ratificaban que la inseguridad era la principal cuenta pendiente, sino que además remarcaban la mala imagen de la Policía bonaerense.

Más allá del cuidado a la hora de manejar los detalles de este plan, todos los intendentes coinciden en la necesidad de adoptar medidas para mejorar la seguridad. “Sería muy bueno que los gendarmes estén en la prevención del delito, pero no apostados en un sólo lugar. Tienen otro estilo. Es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo”, señaló Cariglino. Si bien no quiso entrar en polémicas por el funcionamiento de la bonaerense, el alcalde de Malvinas Argentinas indicó que “(Ricardo) Casal le mete mucha garra, pero a veces no alcanza”. Mussi sólo se limitó a decir que ninguna medida que se tome “está de más en materia de seguridad”.

En diálogo con Hoy, el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, recordó que en su distrito desde hace tiempo hay gendarmes que colaboran con la seguridad.

“Por supuesto que ha funcionado”, subrayó el jefe comunal. A su vez, el ex dirigente gremial señaló que, a su entender, es necesario que todas las fuerzas, ya sean provinciales o federales, trabajen juntas, porque este es un problema que “afecta a toda la sociedad” y remarcó que a la gente no le importa de quién depende cada fuerza.

Alcaldes pedirán $ 600 millones para la Policía comunal

En la última reunión del Consejo Provincial de Seguridad, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, presentó a los legisladores que participaron su contrapropuesta a la creación de la Policía comunal que habían reclamado los intendentes del denominado Grupo de los 8.

Se trata de una Policía preventiva, que actuará solamente en ámbitos municipales y que será financiada (al menos un determinado número de efectivos) por el gobierno provincial. Sin embargo, esta propuesta no convence al grupo de intendentes liderado por el tigrense Sergio Massa, que insistirá con el reclamo de la fuerza comunal.

En ese sentido, Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), integrante del armado de Massa, confirmó que pedirán el financiamiento. Según dijo, mantuvieron charlas informales con un legislador oficialista para que presente la propuesta en la discusión del presupuesto. La idea es que, dentro de los fondos de seguridad, la Provincia agregue una partida de $ 600 millones para que los municipios que adhieran al plan puedan financiar la fuerza. En principio, estaría dirigido sólo a los del Conurbano.

“No va a competir con la Bonaerense, pero la idea es que sea una fuerza estrictamente municipal, que dependa de los intendentes. La que propone Casal es distinta”, añadió Cariglino.

En foco

Borrar con los hechos lo que se profesa con la palabra

El Gobierno se jacta, una y otra vez, de implementar una política de seguridad alejada de la mano dura, que muchos sectores de la sociedad reclaman para combatir la inseguridad. Así lo hizo cuando esgrimió una defensa, tras el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra. “Nosotros no reprimimos, es una decisión política”, repitieron una y otra vez distintos funcionarios del Gobierno nacional.

Sin embargo, los hechos ponen de manifiesto otra cara. Muestran que la gestión de Cristina Fernández no toma decisiones adecuadas para combatir la pobreza (que alcanza a cuatro de cada diez argentinos), ni la marginación, que se ve con cruda realidad en la mayor parte de los distritos del Conurbano bonaerense. Tampoco se ocupa de cientos de miles de chicos que, en un país que produce alimentos para darle de comer a toda la población con creces, padecen hambre y desnutrición.

Sin solucionar esos problemas centrales, apela a medidas efectistas: inunda las villas con gendarmes para justificar que “este Gobierno no sólo se preocupa, sino que se ocupa de la inseguridad”, como se oye a través de distintos funcionarios. En rigor, no se trata de una medida que pueda catalogarse de incorrecta desde lo estratégico. Indudablemente, la presencia de gendarmes en zonas calientes servirá para darle algo de tranquilidad a mucha gente trabajadora que vive allí. Pero está claro que con eso solo no alcanza: debe ser un complemento, pero no una solución.

Desde el plano político, la decisión también genera cierta polémica. Es que darle protagonismo a una fuerza federal en el territorio bonaerense indudablemente generará rispideces entre los estados nacional y provincial.

Gendarmería responde a la Nación y el gobernador no tendrá ningún tipo de injerencia sobre su funcionamiento, a la vez que los constantes intentos de Daniel Scioli por mejorar la imagen de la Policía bonaerense podrían verse afectados.