El abogado constitucionalista Daniel Sabsay estimó en declaraciones a InfobaeTV que el planteo de Báez "no debería prosperar porque es una forma de censura". Y agregó que, además, "crearía una situación de cierta desigualdad" frente al resto de los ciudadanos.

El jurista también recordó un famoso fallo sobre el tema, conocido como "Fontevecchia y D'amico", en el que la Corte Suprema determinó que "si la información tiene consecuencias con el interés público, sede la, porque eventualmente se estarían encubriendo delitos". En otras palabras, "cuando se trata de aquellos que gobiernan, los estándares de confidencialidad bajan notablemente".

Al respecto, la diputada del PRO Laura Alonso fue una de las primeras en criticar al empresario patagónico. "El riesgo de la 'censura judicial' sobre un periodista y un medio es altamente peligroso", opinó en su cuenta de Twitter. Y abundó: "El peligro no sería lo que Lázaro pida sino que un juez se lo conceda. En este contexto no me sorprendería que haya 'censura judicial'".

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto cuestionó la estrategia judicial de Lázaro Báez. "Lo que hace es llevar la causa a la Justicia Federal de Santa Cruz, que recientemente reemplazó a una jueza para poner a un abogado que defiende a estos empresarios. Por eso, por un lado busca la impunidad, y por otro, la censura", opinó, también en declaraciones a InfobaeTV.

La UCR se sumó a las críticas. "Si la Justicia de Santa Cruz le llega a dar lugar a este pedido es un escándalo. Es la muestra más nefasta de cooptación de poderes, favoritismos políticos y corrupción avalada desde estructuras políticas", indicó la diputada Patricia De Ferrari

Mientras, uno de los representantes de la oposición de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gerardo Milman, afirmó que de prosperar la medida cautelar, "se violarán todas las normas y tratados internacionales de los cuales la Argentina es firmante sobre la libertad de expresión".

"La Libertad de expresión se encuentra seriamente amenazada y nadie que tenga sus manos limpias tiene temor a la opinión pública más allá de que pueda disentir. La jugada de Báez va en consonancia con el apartamiento del fiscal (José María) Campagnoli", añadió, en referencia a la suspensión del fiscal.

Desde la izquierda, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano opinó vía Twitter. "Los K empezaron hablando de democratizar la información y terminaron pidiendo una cautelar para que no se informe sobre sus negociados", razonó.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también expresó su "profunda preocupación". "De ser aceptada por la Justicia, implicaría una clara práctica de censura previa", advirtió. E indicó que tal práctica está prohibida de manera expresa en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

"Es un bozal legal, del que no hay precedentes. Sería un pésimo antecedente", sentenció, en sintonía, el director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Andrés D'Alessandro. Y consideró que el pedido "es inconstitucional".

A través de su abogado, el empresario patagónico Lázaro Báez presentó un escrito en el que pidió una medida cautelar para que se ordene a "los organismos públicos, portales de internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada de la empresa Valle Mitre S.A. y de las empresas con las que ésta se encuentra vinculada comercialmente, hasta tanto se establezca la licitud o ilicitud de la forma en que dicha información salió del ámbito privado de la empresa y/o de sus autoridades y/o propietarios y/o de algún organismo público en que obrare tal información", según el escrito al que accedió este medio.