Hace poco trascendió en los medios la idea de crear una app, como un "Uber" para profesionales de la salud. "BuscaDoc" era impulsada por el médico e influencer Ignacio de Asua, a través de la comunidad virtual seguidora de su Instagram, @doctorgrammer.

Poco antes, Clarín había publicado una nota titulada "Problemas para los afiliados de prepagas: por qué cada vez más médicos dejan de atenderlos". La denuncia parte de algo real que es que a los y las profesionales de la salud las prepagas les pagan mal. Esto pasa también en el sistema de salud público y en las obras sociales. Por eso hay quienes optan por la atención particular. Así, las prestaciones de las prepagas y de las obras sociales se retrasan y es cada vez más difícil conseguir turnos.

De Asua replicó la denuncia en su cuenta y propuso crear la app a su comunidad. "BuscaDoc" pretendía ser "una cartilla médica 100% transparente. Honorarios visibles y puntuación con estrellitas. Como un Uber", decía Clarín. De Asua abrió una primera rueda de inscripciones para la app, disponible en principio solo para dentistas y clínicos. "Se anotaron 1.200 profesionales de todo el país en solo doce horas", contaba contento el influencer.

Sin embargo, pocas semanas después, tal como informó en su perfil, cerró la cuenta de Instagram. El público seguidor se inquietó. Quienes no llegaron a ver las últimas historias pidieron explicaciones en los comentarios: "Se sintió desilusionado, más bien dolido, porque el 12% de los seleccionados para su plataforma de profesionales había aportado datos truchos", comentó una seguidora.

Solución de patas cortas

La app pretendía ser una herramienta para facilitar que personas de todo el país puedan coordinar consultas presenciales o virtuales con profesionales de distintas especialidades. Planteaba un sistema de puntuación y permitía que cada paciente supiera previamente cuánto cobra el o la profesional.

Aprovechar la tecnología para agilizar la búsqueda de atención médica es una buena idea. El problema es que en este caso se parte de naturalizar que en el capitalismo los derechos como la salud o la educación se mercantilizan cada vez más, mientras se agranda la desigualdad entre una minoría que puede pagar por derechos básicos y quienes no tienen ni para comer todos los días.

Cuando la propuesta estaba en gestación, Clarín levantó comentarios de profesionales que estaban a favor: "Yo decidí no ser prestadora de ninguna obra social por lo que nos pagan a los médicos", comentó una endocrinóloga y agregó: "Nos vamos dando cuenta que es mejor pagar por una atención de calidad que ser atendidos en 10 minutos por alguien que está quemado mentalmente".

La app surgió como solución ante "verdades" aparentemente incuestionables: que hay que pagar para recibir una atención de calidad y que los negociados de la salud son intocables.

El actual sistema de prepagas y el de obras sociales ya dejan afuera a un importante sector de la población que no tiene trabajo registrado o no le alcanza para pagar. El sistema de salud público está saturado y es desfinanciado por todos los gobiernos, que tampoco cuestionan los negocios de la salud. Fernández recortó lo destinado a salud pública incluso en la pandemia. Mientras, cede al lobby de la medicina privada y acaba de autorizar un nuevo aumento en las cuotas de las prepagas.

Las prepagas vienen ganando millones y desde 2015 subieron las cuotas por arriba de la inflación salvo en 2018. En 2020, en plena pandemia, la medicina privada aumentó menos que la inflación pero recibió millones de fondos públicos para pagar salarios a través de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Hasta Claudio Belocopitt, el dueño de Swiss Medical, una de las principales prepagas más importantes, recibió su “sueldo” subsidiado. El gobierno de Axel Kicillof, llegó a subsidiar a las empresas de la medicina privada con recursos del IOMA, la obra social de trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.

Todo esto, con la complicidad de la dirección de los sindicatos que dividen las luchas de los y las laburantes de la salud, para que pase el ajuste mientras hacen jugosos negociados con las obras sociales.

La carga de datos falsos demostró desde el principio qué "calidad" se obtiene tratando de buscar salidas sin cuestionar las "verdades" que repiten los medios y las cámaras de la medicina privada.

En detrimento de la calidad, además, la lógica de la app fomenta la competencia entre profesionales. Cada profesional trabajaría en soledad, sin control ni seguimiento de ningún colega ni trabajador de la salud. En el consultorio privado o en la consulta virtual no hay más médicos, no hay enfermeras, no hay especialistas que puedan colaborar. La app parece un avance pero pone la tecnología al servicio de un retroceso a un concepto de salud del Siglo XIX, cuando las familias que podían pagarlo recibían al médico en sus casas, por fuera del ámbito hospitalario.

Que se vayan a la atención particular, "como era antes", es la solución que las prepagas sugieren a médicos disconformes con su paga.

¿Y el resto del personal de salud?

"Una forma de precarización más", sostuvo consultada por este diario una enfermera de un hospital porteño. Cree que la app no le ofrecería ninguna estabilidad al profesional, que no podría saber a ciencia cierta cuánto serán sus ingresos mensuales.

Además, en un contexto de fuerte inflación y ajuste, la salud como mercancía se convierte en un lujo para cada vez más sectores de la sociedad, que gracias si llegan a fin de mes. ¿A quién podrían cobrarle por una "atención de calidad" en un país con 17 millones de pobres y donde a la mayoría le cuesta comer?

Una app, así como no sería una salida libre de trampas para médicos y médicas, más lejos está de aportar una solución para el resto de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que sufren una precarización más dura. ¿El personal de enfermería también se tiene que hacer una app?

Gladys trabajó hasta hace poco en el Hogar Rawson. Se acaba de jubilar. "Tenía cuatro pacientes y nos daban dos juegos de sábanas. No existen los toallones. Yo pedía, les decía ’son personas, son personas’ y me decían ’no hay, no hay’. Y ¿quién se hace cargo? Larreta se llena la boca hablando de los adultos mayores, de los niños y todo sanata".

"Estuve ocho años contratada. El monotributo es la forma que el Gobierno usa para explotarnos porque al momento de jubilarme, ahora cuando fui a presentar los papeles, me dijeron que la insalubridad en mi caso no corre, porque me cuentan seis años nomás. Mis ocho años de contratada se los comieron ellos y yo nada. Por eso tengo que pagar cinco años de moratoria. Hay que seguir luchando, salir a las calles. Estoy feliz de haberme jubilado, pero triste a la vez por mis pacientes porque amo ser enfermera. Ahora como jubilada lucho por el derecho de todos”.

Claudia, enfermera del hospital Rivadavia y militante del PTS sostuvo que la lucha en los hospitales es "por unificar los reclamos. Un día marchan los médicos, otro día el personal de limpieza, otro día los enfermeros, otro día los desocupados".

"Cuando fuimos a la Legislatura porteña por el reconocimiento profesional, la respuesta que nos dieron fue rompernos la cabeza a las enfermeras, a las que nos nombraron primera línea y combatimos en la pandemia. Después fuimos al puente Pueyrredón a exigirle al Gobierno nacional que dice que su prioridad es atender la salud en pandemia y nos gasearon, nos cagaron a palo", aseguró Claudia.

Sí hay algo que hacer: pelear por un sistema unificado de salud

La unidad de todo el personal de salud es la primera condición para pelear por un sistema de salud unificado y estatal, pero bajo control de trabajadores y usuarios. Esa es la única forma de brindar atención de calidad a la población. Este objetivo está directamente relacionado con las condiciones laborales del personal de salud.

Muchas veces médicos y médicas, así como el personal de enfermería, tienen más de un trabajo en el sistema público, en el privado y en las obras sociales, porque no alcanza lo que cobran en ningún lado. La estafa de la tercerización y del monotributo para esconder la relación laboral es una forma de maximizar ganancias de las empresas de la medicina privada y de hacer pasar el ajuste por parte del Gobierno en los hospitales públicos.

La unidad es la primera necesidad para defender los puestos de trabajo y enfrentar la precarización. Así lo demostraron trabajadores de la ex clínica San Andrés, que pusieron en marcha una cooperativa en las instalaciones que la patronal abandonó en plena pandemia, dejando 144 personas en la calle. También, para recuperar los sindicatos de manos de los burócratas que traicionan estas luchas y negocian con los derechos de trabajadores y trabajadoras, como hacen con las obras sociales.

 Como sostienen en este medio los médicos del PTS Horacio Lasalle y Juan Porto, "solo un sistema social que termine con el lucro en la salud, con la ganancia capitalista y disponga de la riqueza, el desarrollo científico y tecnológico para el bienestar común, podrá brindar derecho a la salud para las enormes mayorías".