Por Juan Rezzano

El 14 de diciembre de 2023, Letra P advirtió que el riesgo de hacer presidente a Javier Milei era habilitar un ciclo de ajuste que sólo cerraría con represión. Un año y medio después, la fórmula empieza a incuir la autocensura, se legitima en las urnas y normaliza lo que el pacto democrático de 1983 había establecido como anormal.

La represión perpetrada este miércoles en la plaza del Congreso por las fuerzas de seguridad conducidas por el Gobierno, en el marco de una nueva protesta de los jubilados, dejó 82 personas heridas y cuatro detenidas.

Entre las víctimas de un nuevo megaoperativo represivo dirigido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había periodistas, como está ocurriendo cada miércoles. "Los trabajadores de La Nación+ Pablo Corso y Diego Pérez Mendoza fueron heridos y a la cronista Lula Álvarez, de El Destape, la gasearon y golpearon en la cabeza con una tonfa", reportó Página 12.

"Además, detuvieron a los fotógrafos Javier Iglesias y Tomás Cuesta, que trabaja para la agencia francesa AFP y fue liberado horas después por pedido de la fiscal Malena Mercurial. A la reportera gráfica Mariana Nadelcu le rompieron la cámara con la que registraba la represión. Mientras tanto, Iglesias junto a Leandro Nahuel Cruzado y Pablo Daniel Luna fueron trasladados a la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales en Madariaga al 6900", completó.

La era Javier Milei: prensa equipada con cascos y máscaras y debidamente identificada para cubrir protestas.

Todo eso ocurrió en una Buenos Aires que va naturalizando un paisaje distópico: periodistas equipados con cascos y máscaras antigases. No es la ficción de El Eternauta. No cae sobre la ciudad una nieve tóxica lanzada por alienígenas. Con todo, se le parece bastante: sobre manifestantes y reporteros llueven gases rociados por un gobierno autoproclamado extranjero del sistema.

Todo eso ocurrió, también, al día siguiente de que Pablo Grillo, el fotógrafo atacado durante la represión de una protesta similar ocurrida el 12 de marzo (recibió en la cabeza el impacto de una cápsula de gas lacrimógena disparada por un gendarme con, de mínima, negligencia criminal), debió ser nuevamente internado en terapia intensiva y operado de urgencia por un cuadro de hidrocefalia detectado durante un control médico.

La doctrina Patricia Bullrich

La represión de jubilados a palos y gases envía un mensaje en sintonía con la doctrina Bullrich que sostiene el protocolo antipiquetes diseñado por la ministra en tiempos de Mauricio Macri: "El que que corta (calles) cobra". En este caso, quien protesta cobra, aunque no corte calles, como ocurrió este miércoles.

Un jubilado y una jubilada, víctimas de los gases de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich, este miércoles en la plaza del Congreso.

La inclusión sistemática de periodistas entre las personas golpeadas y detenidas durante las protestas de los miércoles se combina con la persecusión, también metódica y planificada, de referentes de la prensa y medios que el Gobierno despliega desde el minuto uno, pero que en las últimas semanas ha aumentado sensiblemente la intensidad y la virulencia.

El que protesta cobra. El que lo cuenta, también.

El plan funciona: si cubrir una marcha implica serios riesgos para la libertad y hasta para la vida, como en el caso de Pablo Grillo; si criticar al Gobierno supone la exposición al escarnio público frente a hordas digitales desencajadas y también el peligro de agresiones físicas, es lógico que la represión empiece a traducirse en autocensura, que es el mejor negocio para los autoritarismos.

Un blindaje multicolor para el ajuste de Javier Milei

La represión de este miércoles ocurrió después de que el Gobierno lograra reunir las voluntades necesarias para bloquear la sesión de la Cámara de Diputados que tenía el tratamiento de un proyecto que establecía aumentos de jubilaciones como uno de los puntos del orden de día.

Javier Milei y Martín Llaryora. El gobernador de Córdoba participó del boicot parlamentario al aumento de las jubilaciones.

El blindaje al ajuste contó con la inestimable ayuda de gobernadores que, en el amanecer de la era libertaria, se le pararon de manos al Presidente que asumió con la promesa de "fundir" a las provincias, pero terminaron siendo, por un combo de razones que este portal expondrá en las próximas horas, parte del rebaño que sigue mansamente las órdenes de la Casa Rosada.

La Constitución de facto de Javier Milei

Más coincidencias: el Gobierno desarrolló la nueva sesión de palos y gases el mismo día que limitó, por decreto de necesidad y urgencia (el DNU 340/25), el derecho de huelga a través de la ampliación de las actividades que deberán prestar servicios durante un paro.

La medida extendió los rubros considerados "esenciales" (transporte, educación y telecomunicaciones) y les fijó el requisito de garantizar el 75% de las prestaciones, además de definir una serie de sectores considerados de importancia "trascendental" (bancos, las industrias más relevantes, comercios y locales gastronómicos). Para ellos, el píso de cumplimiento de sus servicios es del 50%.

El derecho de huelga, se sabe, está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución. A Milei no le importa y moldea su carta magna blue a lapicerazo limpio. Para el sector del electorado que vota al oficialismo (el 30% que fue a las urnas el domingo pasado en la Ciudad de Buenos Aires, pero el 16% del total del padrón porteño), no es un asunto determinante. Tampoco lo es para el que no tiene interés siquiera en expresarse (en el caso testigo de la Capital Federal, el 47% de las personas en condiciones de votar).

Como señaló Marcelo Falak en la edición de este miércoles de desPertar, no es un juicio de valor. Son hechos que describen un cambio de época; una protagonizada por "un conjunto de individuos", según define el autor del newsletter de Letra P; una en la que la oposición se muerde la cola en internas que demoran la construcción de una voz alternativa que tenga la novedad y la potencia -que sea potente por novedosa- para quebrar el silencio y la apatía.

La costumbre normaliza. La repetición sedimenta. La insistencia, entonces, sobre lo que hoy suena a anacronía -la democracia y esas entelequias- se convierte en tedio. No importa. Más vale aburrir que acostumbrarse.