La fiscal Karina Echazú analiza durante estas horas si apelará la resolución de la jueza María Cristina Barrionuevo que sobreseyó a la gobernadora Fabiana Ríos y otros funcionarios en la causa por la celebración del primer matrimonio igualitario de Latinoamérica llevado a cabo en Ushuaia en diciembre de 2009.

Echazú se encontraba ayer abocada a un análisis pormenorizado del fallo judicial conocido la semana pasada y que tuvo amplia repercusión mediática a nivel provincial y nacional, en especial por el apoyo brindado a la mandataria fueguina por diferentes asociaciones ligadas a los derechos humanos.

Según informaron sus colaboradores, la funcionaria judicial tiene tiempo hasta el viernes en las dos primeras horas de actividad tribunalicia, para presentar un recurso de alzada contra el pronunciamiento de primera instancia.

Si lo hace, la causa será elevada ante la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, con asiento en Río Grande, de lo contrario, el fallo quedaría firme y tanto Ríos como los demás imputados ya no podrán ser juzgados por estos hechos.

El sobreseimiento dictado por Barrionuevo abarcó, además de a la gobernadora, a la ex secretaria Legal y Técnica, Elonora De Maio (actual secretaria de Gobierno) y a la directora del Registro Civil Ushuaia, Betiana Cobas.

El caso

El eje de la investigación consiste en determinar si Ríos se arrogó funciones ajenas a su competencia cuando aceptó tratar, y luego resolvió favorablemente, un recurso administrativo presentado por Alex Freyre y José María Di Bello, contra la decisión del Registro Civil de negarle la posibilidad del casamiento.

La gobernadora suscribió el decreto 2996/09 ordenando al Registro llevar adelante la boda, luego de un dictamen suscripto por De Maio que se basaba en una sentencia judicial favorable a los contrayentes pero dictada por un tribunal de Buenos Aires.

Tras las denuncias que formularon luego los abogados Alejandro De la Riva y Demetrio Martinelli, la mandataria y su secretaria fueron acusadas de “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica”, entre otros delitos, en el marco de la causa judicial número 19.327 iniciada en enero de 2010.

Por entonces, el Congreso aún no había sancionado la ley que autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que Freyre y Di Bello sólo contaban a su favor con aquel fallo de un tribunal porteño.

La fiscal Echazú interpretó hasta el momento que contra la decisión del Registro Civil de no autorizar el matrimonio, el único recurso posible era un amparo judicial (instancia a la que recurrieron sin suerte los contrayentes) pero no el recurso ante el propio Poder Ejecutivo.

En cambio la mandataria fueguina hizo lugar al planteo de la pareja en cuestión de horas. La velocidad con que se realizó el cambio de domicilio de estas personas, los análisis prenupciales y el alojamiento de Freyre y Di Bello en Ushuaia a cargo del Instituto Fueguino de Turismo, fueron factores que generaron suspicacias en la causa.

Ríos fue indagada por la Justicia el 13 de diciembre del año pasado, oportunidad en la que declaró haber actuado “conforme a derecho” para evitar “un acto de cobardía o arbitrariedad”.

A raíz de esta causa, la gobernadora había recibido adhesiones de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, además del titular del INADI, Claudio Morgado, y los diputados nacionales Nélida Belous, Victoria Donda, Martín Sabatella, Vilma Ibarra y Margarita Stolbizer, entre otros.

También se habían pronunciado en respaldo de Ríos el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Eduardo Tavani, el legislador porteño Andrés Gil Domínguez, y el investigador del CONICET Pablo Vommaro.

Cuando se conoció la resolución de Barrionuevo, De Maio declaró que la postura de la jueza demuestra que “lo manifestado en mi dictamen no fue fruto de una improvisación ni de ningún incumplimiento a la ley, sino que actué sobre el análisis de los hechos y derechos presentados por Di Bello y Freyre”.

“No surgiendo de las actuaciones que la Dra. De Maio hubiese tenido que forzar su voluntad para poder adaptar sus conocimientos a la posición ideológica de la Gobernadora, a los fines de emitir un dictamen favorable a ese respecto”, no se configura el delito de “Abuso de poder” o de “Abuso de autoridad” por parte de la Gobernadora, indicó Barrionuevo en su pronunciamiento.

Ahora la fiscal deberá indicar si comparte estos argumentos o la causa continuará vía Cámara de Apelaciones.