El caso de la coparticipación de impuestos, es uno de los pocos curiosos casos de algo que se necesita por ambas razones. Trataremos de explicar porqué en unos pocos párrafos. Nuestro país -no es ningún secreto- es un país federal de la boca para afuera. Hacia adentro, en la práctica y en este terreno, tiene todas las características de un sistema unitario, rígido y anacrónico, que sin embargo responde satisfactoria y aceitadamente a las exigencias del poder político central. Y no se trata de un vicio de este gobierno, sino de todos los que sucesivamente, hayan sido del signo político que fueron, se sirvieron de ese sistema que mantiene a las provincias al borde del abismo y las esclaviza a un método de premios y castigos que, de última, asfixian a la República y la someten a un esquema agrio, feudal.

Jujuy, como todas sus hermanas provincias, vive inmersa en esta situación, y sufre o zafa, según sean las relaciones políticas de Ejecutivo a Ejecutivo -provincial y nacional, se entiende-. Como se ve, el federalismo en su costado económico, languidece.

Y el gato de la coparticipación, necesita con urgencia que alguien le cuelgue un sonoro cascabel. ¿Estaremos viviendo esas vísperas?

Antecedentes

Ya la Constitución de 1853 comienza por autorizar la recaudación de impuestos para asegurar la supervivencia del Estado nacional, y de los provinciales y municipales. Pero es recién en 1935 cuando se instrumenta el primer sistema de coparticipación: fiel a su pensamiento, el presidente Agustín P. Justo distribuye el 82 % de lo recaudado para la Nación y el 18 % para las provincias. En 1946, el naciente gobierno de Juan Perón lleva el porcentual de las provincias al 21 %, y en 1951, el mismo Perón revierte las cifras destinando el 48,8 % a la Nación y el 51,2 % a las provincias. Fue en el año 1963 bajo la presidencia de José María Guido, cuando se distribuye el 58 % a la Nación, el 36 % para las provincias y aparece aquí un 6 % para la ciudad de Buenos Aires, por su condición de Capital Federal. Ya en el gobierno del general Juan Carlos Onganía, las provincias padecían sobreviviendo con un magro 39,2 % de los recursos coparticipables. Y fue en 1970, bajo el mando del presidente Grl. Roberto Marcelo Levingston, que se creó la figura de los ATN, Aportes del Tesoro Nacional, fondo asignado al Ministerio del Interior para atender en forma discrecional, situaciones imprevistas o de emergencia, en las provincias. Por esos años, la distribución primaria era “fifty/fifty”. En 1973, durante la tumultuosa sucesión de los presidentes Alejandro Lanusse, Héctor Cámpora y Raúl Lastiri, se alcanza a modificar la distribución secundaria, asignando a cada provincia un monto diferente, según cantidad de habitantes, “brecha en el desarrollo” y dispersión poblacional. En 1988 siendo presidente Don Raúl Alfonsín, se determina por ley que la Nación se quedaría con el 42,34 % y las provincias con el 54,36 %, con un remanente de 2 % para “recuperar las provincias más atrasadas” y un 1 % para los ya conocidos ATN. Durante los gobiernos de Carlos Menem, se firman pactos con las provincias que si bien les aseguraban un piso de fondos coparticipables, detraían del monto total recaudado importantes sumas como recursos “precoparticipables”, y otro por el cual se disponía que, de haber excedentes, éstos se destinarían a la cancelación de deudas y a financiar la reforma del Estado. Eufemismos para justificar legalmente desvíos de fondos provinciales a la Nación. En 1994, la Constitución reformada ordenaba que en el plazo de un año, el parlamento sancionase una ley de Coparticipación Federal de Impuestos, lo que nunca se logró. Detrás del rápido fárrago de datos apretados, vertidos a manera ilustrativa, se debe entender que entre unos y otros, a lo largo de las décadas y los gobiernos, hubo decenas de agregados, modificaciones, excepciones y correcciones que sería muy arenoso mencionar. Valga decir, simplemente, que -salvo contadas y breves excepciones- nunca se benefició de verdad a las provincias, y que aquella cesión original de los Estados primigenios de la República a favor del gobierno federal para la recaudación de fondos, fue siempre, hasta hoy, o la espada de Damocles o el salvavidas de plomo que les mintió un auxilio verdadero. Y los Aportes (o anticipos) del Tesoro Nacional, los famosos ATN, siguieron siendo salvoconductos volubles y discrecionales para viajar entre la vida y la muerte institucional de muchas gestiones.

Otros

Además de la distribución primaria, es necesario mencionar que la Nación se queda con otros recursos de los aportantes de todo el país. Sólo por citar los más significativos: retiene fondos para pagar obligaciones previsionales, impuesto a las ganancias, tasas de estadísticas, impuesto a las transferencias de inmuebles, derechos de importación y exportación, impuestos sobre naftas, gasoil y GNC, impuesto sobre créditos y débitos bancarios, el impuesto al cheque, a los pasajes aéreos, etc. etc. etc. Estos ingresos financian a la Anses, y a diferentes programas y fondos como los de energía eléctrica, redes viales, fondo del tabaco, entre muchos otros. Claro, la administración de estos montos, se realiza en la Capital Federal, que es a donde deben peregrinar gobernadores, intendentes, sectores de la producción y otros, para tratar de sostener sus actividades con normalidad.

Muchas veces (la mayoría), los responsables de la distribución, no son hombres de provincia, conocedores de las realidades y las necesidades locales, o que en todo caso, miran el país detrás del cristal del histórico macrocefalismo porteño y convierten a los estados federales del interior, mandantes de esos derechos, en espectros mendicantes que deambulan por los despachos centrales en búsqueda de comprensión y algo de buena voluntad. A este verdadero archipiélago de recursos en el siempre borrascoso mar de la economía nacional, hay que agregar fondos especiales, como el que el presidente Menem destinó en 1991 a la provincia de Buenos Aires, bajo el rimbombante título de Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense.

La “reparación”, entre otras razones, era ayudar a la provincia más rica del país, que había “padecido” la migración interna del interior hacia sus ubérrimas llanuras y sus cinturones industriales. Aceptada esa condición, Eduardo Duhalde renunció entonces a la vicepresidencia y bajó a pelear la gobernación de la Provincia con un extra de 600 millones de pesos (dólares en ese momento), - ¡poco más de un millón seiscientos mil por día! - de libre disponibilidad. La flagrante injusticia de ese Fondo, olvidó -negó- tantas reparaciones a otros puntos del país, y profundizó el antifederalismo argentino degradando aún más la calidad institucional de la Nación.

Jujuy también tiene sobradas razones para solicitar reparaciones, y de hecho, lo hizo a través de un reclamo que en la Legislatura originó la legisladora Calsina y que acompañó el pleno, y que se envió a los despachos de dios, que, obviamente, ni acusó recibo.

En la distribución secundaria, ésa que está establecida para cada provincia, y que llega por goteo diario y automático, a Jujuy le corresponde un 2.8 del total, que le fuera asignado a través de la Ley 23.548 y sus modificatorias. Obviamente, con las características actuales, no alcanza para sobrevivir. Lo cierto es que en las últimas décadas, aunque siempre se haya dicho lo contrario, el avance de la Nación sobre las provincias ha sido vertiginoso y sostenido. Y las provincias como la nuestra dependen casi en un 90 por ciento de los recursos coparticipables, y viven en una zozobra permanente sin respuestas económicas orgánicas, institucionales y perdurables, sino solamente políticas. Y en ese terreno, como se sabe, el pan de hoy puede ser el hambre de mañana. Así es que, obligados por la situación, los Estados periféricos -que son directos responsables de la educación, la salud, los servicios, la seguridad, etc., buscan aumentar su recaudación con políticas tributarias que en muchos casos, aunque exitosas, terminan poniéndolos de espaldas a sus propios discursos.

Como se ve, la coparticipación, es un planeta difuso, distorsionado, álgido, insensible y cruel. Nadie desde el poder real escatimó la utilización de ese desorden ni dejó de ejercer la potestad del reparto con más o menos criterio, pero siempre con sentido político partidario no exento de agudos personalismos. Y como es una antiquísima mala costumbre nacional, buscar culpables hoy sería una pérdida de tiempo. Lo que si se debería acometer es simplificar, aclarar, establecer y legislar, de una vez por todas, un sistema de coparticipación federal de recursos signado por la equidad y con visión de futuro.

Daniel Scioli pateó el hormiguero y sonó al menos odioso que el grandote del barrio pida todavía más. Eduardo Fellner, desde la Argentina profunda, le respondió con altura y con la sensata mirada de las provincias más pobres.

Voces de la oposición salieron a repartir azotes sobre las espaldas de ambos, como si fueran la misma cosa. Sólo exhibieron una ceguera que los caracteriza y que les resta objetividad y calidad política, porque además, ninguno está en condiciones de tirar la primera piedra.

Hubo excepciones: el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Sadir (UCR), se manifestó de acuerdo con discutir la coparticipación en los términos lanzados por el gobernador. Isolda Calsina (Lyder), pidió denunciar el pacto fiscal de 1992 para terminar el endeudamiento y la dependencia. Se compartan o no, ésas son ideas, no simplificaciones despectivas para abordar un tema tan trascendental.

El gobernador de Buenos Aires defiende la corpulencia de un Estado que pretende usar como rampa de lanzamiento para su proyecto político personal; el de Jujuy, desde el kirchnerismo de paladar negro, aboga por la buena salud de un sistema abarcativo, inclusivo y más justo. Y que se pueda replicar internamente con los jefes comunales de la provincia. No es tan difícil de entender.

Por eso el nuevo sistema de Coparticipación reúne las dos condiciones que se mencionaban al comienzo: si se lo logra, 1) terminaría con el sempiterno caballito de batalla que cabalga en los discursos de la oposición como el corcel de calesita al que -aún cuando fueron gobierno- mantuvieron girando sin rumbo y sin destino; y 2) traería por fin la base de la previsibilidad tan ansiada, y la posibilidad de la planificación objetiva que sobreviva a gestiones y personas. ¿Se impondrá la grandeza entre la dirigencia para abordar este tema desde un frente común, o los cuestionadores de tiro corto volverán a estropear una vez más la posibilidad de discutir un tema mayor con la miopía de la inmediatez?