A partir de un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) elaborará estudios sobre el impacto ambiental que producirán las obras a desarrollarse en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria, entre las cuales se encuentra la construcción de la alcaidía departamental del partido de Escobar.

La iniciativa se formalizó este martes, con la firma de un convenio de colaboración ente el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak; el vicepresidente del Área Institucional de la UNLP, Marcos Actis, y el decano de la Facultad de Ingeniería de esa casa de altos estudios, Horacio Frene.

El acuerdo consiste en que la UNLP realizará un informe ambiental para determinar el impacto de la construcción y operación de las cárceles que la provincia construirá.

Se trata de cinco alcaldías departamentales que se ubicarán en predios de los partidos de Lomas de Zamora, Escobar, Merlo, Berazategui y Almirante Brown; y de las dos unidades penitenciarias a emplazarse en predios del partido de Merlo.

“Estas acciones tienen como objetivo conocer y asegurar el impacto ambiental que producirán los proyectos de obra pública que se realizarán en la provincia de Buenos Aires”, se explicó en un comunicado.

La novedad se produce en medio del conflicto existente en Escobar, donde decenas de vecinos vienen manifestándose desde hace un mes en contra de la alcaidía que se prevé construir frente al cementerio municipal, en un predio de dos hectáreas y media con frente a la calle Gelves.

Hasta ahora no habían obtenido ninguna respuesta oficial a favor del reclamo. Que se haga un estudio de impacto ambiental permitirá determinar con mayor rigor y criterio técnico la incidencia que tendría este establecimiento penitenciario para la comunidad del barrio Donatelli.

La última manifestación de los vecinos fue el viernes, en la entrada al predio de la Fiesta Nacional de la Flor. Aunque no pudieron ingresar, se llevaron el compromiso de que este martes a la tarde el intendente Ariel Sujarchuk los atendería en su despacho.

El jefe comunal, en una entrevista con El Día de Escobar, adelantó antes de las elecciones primarias que ya tomó la decisión de no relocalizar la alcaidía. Nunca mencionó la posibilidad de hacer un estudio de impacto ambiental, algo que también reclamaron algunos vecinos y que seguramente pondrá en pausa el proyecto.

Cárceles superpobladas y hacinamiento

La edificación de nuevas unidades penitenciarias y alcaidías departamentales que impulsa el gobierno de Axel Kicillof busca resolver un problema de larga data, al que las gestiones que lo antecedieron no le asignaron la importancia necesaria. Al menos, no en términos concretos.

“La provincia de Buenos Aires registra la superpoblación penitenciaria más grande de su historia. Según un informe de ONU, el sistema penitenciario bonaerense cuenta con 24.100 plazas y una capacidad tolerable o adaptada de hasta 31.281 plazas”, describe un dramático informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

“A nivel nacional se registran 92.100 personas privadas de la libertad, de las cuales 48.565 se encuentran alojadas en el sistema penitenciario provincial; lo que representa más de un 50% de la totalidad de los detenidos en nuestro país”, precisa.

Además, detalla: “De la población carcelaria provincial, 40.968 personas se encuentran alojados en las distintas unidades penitenciarias y alcaidías, 5.471 en dependencias policiales, y 2.126 bajo el régimen de monitoreo electrónico. Ello refleja que el déficit de plazas es mayor a las 20.000”.

Por esa razón, el Plan de Infraestructura Penitenciaria, en sus diferentes etapas, pretende sumar esa cantidad de nuevas plazas al desbordado sistema penitenciario bonaerense.