El escándalo de la baja de pensiones por discapacidad llegó a la Legislatura bonaerense

El escándalo de la baja de pensiones por discapacidad llegó a la Legislatura bonaerense

Diputados y senadores del FpV-PJ expresaron su repudio y abogaron por la restitución de unas 170 mil pensiones por discapacidad que dio de baja la administración Macri. Remarcan que se trata de un derecho garantizado por acuerdos con rango constitucional.

Los Legisladores repudiaron el recorte de unas 170 mil pensiones y presentaron proyectos de declaración solicitando que se reconsidere la medida.

Los ecos de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de dar de baja unas 170 mil pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad llegaron a la Legislatura. Los bloques peronistas en el senado y en diputados se sumaron a la polémica para demandar su restitución y remarcar que la baja compulsiva viola la constitución.

Desde la cámara alta, el FPV PJ bonaerense expresó su repudio y preocupación, mientras reclamó la “pronta restitución esta prestación a quienes se las suspendieron repentinamente”. A través de un proyecto de declaración elaborado por la titular de la bancada, Magdalena Sierra, los senadores del FPV PJ resaltaron que “es importante que se reconsideren los requisitos para acceder a la pensión".

"Las pensiones no contributivas fueron pensadas para atender a las personas que no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar", explicaron. En ese marco, advirtieron que las bajas realizadas desde hace un año y medio, "en la mayoría de los casos fueron sin aviso y el beneficiario del programa se enteró al ir a cobrar la pensión".

 

Magdalena Sierra explicó que “en Argentina, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2014 tiene jerarquía constitucional y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo".

 

En Diputados, Alicia Sánchez, esposa de Luis D'Elía, también se pronunció al respecto. Remarcó que la decisión “golpea la diginidad y los derechos de los sectores más vulnerables” y cuestionó que “el gobierno argumenta que quita las pensiones a quienes "pueden trabajar", pero continúa sin crear nuevos puestos de trabajo para dar respuestas a esta situación; trasladando plenamente su responsabilidad y los costos sobre familiares y cónyuges”.

Asimismo, remarcó que, “lejos de buscar combatir el "clientelismo", están afectando a uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Es evidente que el gobierno de Cambiemos gobierna para un solo sector. En este sentido, es nuestro deber, como legisladores, defender y bregar por el pleno ejercicio de los derechos del conjunto de la población", concluyó la diputada Alicia Sánchez.

Por su parte, el diputado de Coronel Suárez Ricardo Móccero, señaló que se trata de “un nuevo caso de atropello a los derechos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad” y repudió las declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, quien defendió los recortes asegurando que “una persona con cierto grado de discapacidad, como alguien con síndrome de down, puede trabajar si lo desea”.

“Una argumentación de estas características no puede provenir de un funcionario con la responsabilidad de hacer cumplir los derechos de los más vulnerables. Debería poner a disposición su renuncia de forma inmediata” indicó Moccero.

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