Rogelio Mayta, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, dijo en las últimas horas que "legalmente existe la posibilidad" que la justicia de su país ordene extradiciones, interrogatorios y operaciones fiscales a funcionarios argentinos que hayan participado del envío de material represivo durante noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

"La Justicia boliviana tiene como posibilidad solicitar extradiciones y tomar interrogatorios fuera de nuestra frontera como parte de la operación judicial. Pero esas decisiones las tomaran los fiscales que conocen de la investigación y los jueces que ejercen el control jurisdiccional", amplió el funcionario.

Para Mayta, lo que se conoce hasta ahora del caso es apenas "la punta del iceberg" en una investigación que apunta al apoyo internacional hacia el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

"Esa consolidación fue realizada y pensada a través de vencer y derrotar al movimiento popular mediante operaciones militares policiales de represión a la protesta social con uso de armamentos", detalló.

 

El Gobierno argentino presentó el lunes una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material destinado a reprimir las movilizaciones contra la asonada que derribó a Morales.

Sobre esto, el jefe de la diplomacia del Estado Plurinacional indicó que para llevar a cabo estas operaciones resultó necesario el envió de material represivo desde Argentina, algo que se agradeció en una “nota escrita” enviada por el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, a la Embajada argentina en La Paz, el 13 de noviembre de 2019.

Por su parte, el comandante de la fuerza de seguridad boliviana, Johnny Aguilera, anunció que la policía de Bolivia encontró armamento argentino en un depósito.

En ese sentido, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este miércoles que Mauricio Macri y los miembros de su gabinete responsables del envío de material represivo a su país "deben ser juzgados en Argentina, en Bolivia o en una Corte Internacional", porque en el futuro "no pueden existir" jefes de Estado "de países vecinos que sean golpistas".

Por su parte, la ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederic, aseguró que es "imposible" que la ex responsable de esa cartera, Patricia Bullrich o el ex ministro de Defensa Oscar Aguad ignoraran el envío de material represivo a Bolivia.