ROSARIO.- En sólo dos párrafos, Miguel Blanco, presidente de IDEA, el foro empresarial más importante de la Argentina, desplegó una crítica lapidaria contra el Gobierno como nunca antes en la década kirchnerista. "Vemos con preocupación el avance de decisiones unilaterales de organismos del Estado sobre empresas privadas, y al respecto ponemos énfasis en requerir que los conflictos entre el Estado y el sector privado se diriman en la Justicia, respetando principios constitucionales como el derecho de defensa en juicio y el respeto a la propiedad privada", disparó el ejecutivo, al cierre del Precoloquio de IDEA para la Región Centro, que se realizó ayer en esta ciudad.

Blanco continuó: "Esto tiene mayor importancia en sectores de la economía donde el Estado participa en forma conjunta con empresas privadas. En estos casos, se debe asegurar que las regulaciones o acciones que lleve adelante no afecten la capacidad de las empresas de competir con equidad. El Estado debe promover la actividad privada, no atacarla", reclamó.

Luego de su presentación, el ejecutivo, que es también director general de Swiss Medical Group, confirmó a un grupo de periodistas que su referencia apuntaba al conflicto que mantiene el Estado con la línea aérea LAN por la orden de desalojo de su hangar en el aeroparque porteño. "Estos temas se tienen que resolver con respeto a todos los pasos que se requieran y en la Justicia. Hay que tratar con equidad a la inversión nacional y a la extranjera", completó.

¿Observan el avance del Estado en otros casos?, le preguntó LA NACION a Blanco. "En el artículo 20 de la ley de mercado de capitales", respondió, en referencia a la normativa que le permite al Gobierno intervenir empresas privadas que cotizan en bolsa, suspendida de manera provisional por una medida cautelar.

Los empresarios también tienen tiempo para preocuparse por las trabas cotidianas que sufren, a su juicio, sus negocios en el país. A primera hora de la tarde, con cuidado de no recalar en ningún nombre propio, Isela Costantini, presidenta y directora ejecutiva de General Motors para la Argentina, Uruguay y Paraguay, había reconocido ante los más de 500 asistentes que las trabas a la importación que impone la Aduana incrementaban los costos de su empresa. Aclaró, sin embargo, que no habían dejado de despachar autos por esos problemas.

De acuerdo con sus números, la demora aduanera en Brasil ronda entre uno y cuatro días, mientras que en la Argentina oscila entre dos y siete días. "Nunca usamos tanto la creatividad como en 2013 para agilizar estos trámites. Es una de las grandes dificultades que tenemos".

La ejecutiva sostuvo también que la devaluación en Brasil "tiene cosas buenas y malas", aunque "genera preocupación". Aclaró que se trata de un tema coyuntural influenciado, entre otras cosas, porque ese país tendrá elecciones presidenciales el año próximo. Agregó que "en la Argentina el tipo de cambio está desfasado, pero es difícil saber cuánto", al tiempo que señaló como una dificultad el hecho de que el ritmo de la inflación es mayor que el de la devaluación.

Gustavo Grobocopatel, presidente del grupo Los Grobo, uno de los principales productores de soja del país, pasó la noche del lunes consultando a algunos de los economistas que vinieron a IDEA sobre los alcances de la reapertura del canje y el cambio de lugar de pago a los acreedores, que había hecho la Presidenta esa tarde. A su juicio, ninguno le había dado una respuesta convincente. Insistió ante las consultas en que su empresa mira a largo plazo, pero dejó algunas apostillas con respecto al presente de la Argentina. Por ejemplo, no espera en los próximos dos años un shock en la economía influenciado por la política. Pero señaló a LA NACION que "el país tiene muchas cosas por corregir para aumentar la inversión. Las restricciones a los flujos de bienes y de capital no las facilitan"..