Una sesión maratónica, discusiones encendidas y una ley para garantizar los futuros pagos de la deuda que, a ojos de los especialistas, servirá de poco, o nada. Así se percibe entre quienes miran con desconfianza la política económica del Gobierno la promulgación de la ley de pago soberano que les da la opción a los bonistas de cambiar el domicilio de pago, abandonando Nueva York para a cambio mudarse a Buenos Aires o París.

" Es una ley sin sentido, porque, sin plazo de tiempo, dice que no se le puede pagar más a un fondo buitre que a los bonistas que entraron al canje. Es una restricción para siempre, es decir que no vence, como la RUFO, de modo que si el 2 de enero se establece una negociación con los buitres,habrá que derogar la ley” dijo ayer Carlos Melconián, en una charla que brindó en Mendoza, en marco de la convención anual del IAEF, entidad que reúne a los financistas.

Javier González Fraga, cercano a UNEN, sentenció “no pude pasar del artículo 1, es una ley que solo busca darle cobertura legal a los funcionarios que actuaron en los canjes de 2005 y 2010.” El ex titular del Banco Central se preguntó si será o no una puesta en escena para sentarse a negociar sin riesgo RUFO en 2015, pero en lo que refiere al contenido de la ley dice que será un fracaso y no cumplirá con los objetivos buscado por el Gobierno.

“Un fondo extranjero no va a desafiar el fallo del juez Griesa y aceptar cobrar en Buenos Aires. Y tampoco me imagino a un argentino pasándole a Nación Fideicomisos los datos de su cuenta en el exterior”, dijo.

“ La ley dejó al país en una distancia mucho más lejana de los mercados a la que ya teníamos”, dijo por su parte Guillermo Nielsen, uno de los hacedores del canje. Y advirtió que “a corto plazo estamos yendo a una situación en que se pondrá en riesgo toda la reestructuración de la deuda”.

Daniel Marx también mira con desconfianza la flamante ley votada por el oficialismo y sus aliados. El de los fondos buitre“es un conflicto que va a seguir y va a tener varias vueltas más.

” Pero no solo entre consultores muy vinculados a la política la ley causa inquietud. También entre ejecutivos de empresas que tienen que lidiar día a día para conseguir financiamiento para sus negocios. ara el titular del IAEF, Guillermo Rimoldi, “empeoró el panorama” porque, explicó, “ deja un mal antecedente para cuando la Argentina quiera volver a los mercados de capitales ”. Desde su punto de vista, “es bueno que se reconozca la voluntad de pago, pero este tipo de mecanismos a la larga no ayudan” sentenció.

Resumió así la visión que tienen los hombres de finanzas sobre el manejo que está mostrando el Gobierno de la crisis desatada por el fallo que favoreció a los fondos buitre. “Esperemos que a partir de que se caiga la cláusula RUFO se retomen las negociaciones para cerrar este juicio”, añadió Rimoldi. “Estamos de acuerdo en que el 1% de los acreedores no debe torcer el rumbo de una reestructuración, pero los acreedores compraron los bonos en forma legal y ahora hay que cumplir con el fallo”.

Pero no solo eso. En lo inmediato se cortaron las pocas líneas de crédito que empresas locales tenían con proveedores extranjeros. Y los bancos internacionales recibieron directivas de achicar la exposición al riesgo argentino, según afirmó Rimoldi.

Desde su punto de vista, hay un encadenamiento de malas decisiones que les impiden a las empresas recuperar competitividad. “Hubo una mejora del tipo de cambio en enero, con la devaluación. En ese momento pensábamos que el tipo de cambio iba a acompañar a la tasa de inflación, pero no fue así, por lo que se perdió buena parte de la competitividad ganada en ese momento”.