La fractura del movimiento obrero en cinco centrales, la desconfianza que genera entre los dirigentes sindicales la perdurabilidad del congelamiento de precios y las disputas políticas que se dan en el marco de un año electoral, son elementos que se conjugan para que las negociaciones colectivas de este año muestren una complejidad mayor que en ediciones anteriores.

Atrás quedaron los tiempos en que el camionero Hugo Moyano sellaba con anticipación el acuerdo salarial de su gremio, convirtiéndose en el marco de referencia para el resto de los sindicatos. Ahora el Gobierno trata de establecer estrategias, como la de alargar los plazos de acuerdo, para de esa forma acercarse a los porcentajes reclamados por los sindicatos y brindar cierto marco de previsibilidad que exigen las patronales. Sin embargo, los acuerdos alcanzados son escasos. El 60 por ciento de los convenios colectivos vencen en mayo de este año, pero gremios poderosos como metalúrgicos y los vinculados al transporte todavía no los renovaron.

Con todo, la atomización que sufre el movimiento obrero atenta contra la posibilidad de llevar adelante acciones de alto impacto. Mientras la CGT de Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky siguen apostando a la vía del diálogo para lograr avances, entre Moyano y Pablo Micheli volvieron a instalarse las diferencias ideológicas y metodológicas que históricamente los separaron. A esto se agrega que en el seno de la CGT Azopardo empiezan a hacerse escuchar las voces de aquellos que no están dispuestos a acompañar al camionero en su aventura política, al lado de figuras como José Manuel de la Sota o Roberto Lavagna.

Cuando a fines de febrero Oscar Lescano, de Luz y Fuerza, cerró un acuerdo de 31 por ciento por espacio de 18 meses, en el Ministerio de Trabajo se entusiasmaron con que esa fuese la referencia para el resto de las negociaciones. Pero las esperanzas se esfumaron rápidamente ante la resistencia de los cuatro sindicatos ferroviarios y de los conductores de transporte de la UTA de estirar los plazos por más de un año. En el caso de estos últimos, la semana pasada venció la conciliación obligatoria y si en los próximos días no llegan a un acuerdo, su titular, Roberto Fernández, anunció que habrá paros progresivos en los servicios de corta, media y larga distancia. Reclama un aumento del 23 por ciento y la inclusión de una cláusula gatillo que permita una suba en caso de que se produzca una aceleración de la inflación. Las negociaciones las vienen llevando adelante funcionarios de la propia cartera que encabeza Carlos Tomada, teniendo en cuenta que gran parte de los salarios de los colectiveros se financia con los subsidios.