La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y acompañada por toda la bancada del Frente para la Victoria, fue rechazada por Nuevo Encuentro, la Coalición Cívica y el FAP, quienes consideraron que se profundiza “la criminalización de los sectores populares”.

El proyecto plantea una reforma al Código Procesal Penal, limitando las excarcelaciones en tres casos: cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas; o en los casos que los imputados estén gozando ya de una excarcelación anterior.

El diputado sciolista Guido Lorenzino defendió la iniciativa al considerar que “no se trata de un hecho aislado ni espasmódico”, y pidió “trabajar de forma intensa, porque la sociedad quiere que hablemos poco y hagamos más”.

Por su parte, su par Iván Budassi explicó que “la norma tiene como principal objetivo que quien porta armas de fuego de manera ilegal y no se somete al control de la policía u otras autoridades no sea excarcelado, y que mientras dure el proceso en su contra permanezca detenido”.

En tanto, desde el sabbatellismo Marcelo Saín consideró que el proyecto “brinda un instrumento inútil para lo que se propone, y va a ratificar el enfoque de nuestro sistema penal, que solo criminaliza a los sectores populares”.

Saín consideró que la norma es “inconstitucional” y sostuvo que “amplía la posibilidad de detención de personas por parte de la policía por un simple acto administrativo”, al tiempo que advirtió que “en muchos casos la Policía planta armas para crear causas”.

Finalmente, los bloques de la Coalición y el FAP también plantearon la inconstitucionalidad del proyecto del Ejecutivo.

En ese sentido, el presidente del bloque de la CC, Walter Martello, vaticinó que la ley “va a caer cuando exista una demanda de inconstitucionalidad. Es un espanto”.