El proyecto de reparto de ganancias empresariales entre los trabajadores tardará un tiempo en volver a posicionarse en el centro del debate. O al menos, del debate parlamentario, desde donde había motivado adhesiones y rechazos a fines del año pasado. Pese a que el impulsor de la iniciativa, el diputado oficialista Héctor Recalde, había previsto que la comisión de Trabajo de la Cámara Baja lo abordaría "sin interrupciones" en los primeros días de marzo, el comienzo del año electoral trajo sus propios plazos y desterró aquella pretendida prioridad.

El abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT) había sido cauto en cuanto a plazos de aplicación: aspiraba a que, de convertirse en ley, el reparto de utilidades con los trabajadores comenzara a efectuarse recién en 2012. Pero sí había sido preciso en cuanto a la continuidad de la discusión en el grupo que preside en Diputados. A eso se había visto obligado tras el fallecimiento de Néstor Kirchner, cuando surgieron dudas sobre el devenir de la iniciativa, a raíz de un acuerdo entre la cúpula sindical y los empresarios desaceleró los tiempos.

Cuando pasaron dos meses desde el comienzo de la actividad en el Congreso, es una incógnita cuándo se retomará la discusión en la comisión presidida por el legislador moyanista. En los últimos días, el tema volvió a ponerse sobre el tapete tras la reunión de la presidenta Cristina Kirchner con la cúpula de la CGT, encabezada por su líder, Hugo Moyano. Luego, el ministro de la cartera laboral, Carlos Tomada, afirmó que el tema merece tratamiento parlamentario. Pero ni el titular de Trabajo, como ningún miembro del Gobierno, se mostró urgido por acelerar la cuestión.

La propia presidenta, Cristina Kirchner, había relegado el tema cuando pidió avanzar con la reforma del estatuto de peón y la regulación del trabajo domiciliario (que ya espera el visto bueno del Senado, tras la aprobación en Diputados) al inaugurar las sesiones del Congreso. Al "proyecto Recalde", como algunos han denominado a la idea que eriza la piel de muchos hombres de negocios, no le dedicó ni un solo párrafo.

El mismo Recalde reconoció que otros temas se pusieron al tope la agenda de la comisión, aunque sostuvo que la participación de trabajadores en las ganancias se analiza en forma simultánea. Más laxo pero firme con el calendario, dijo: "Aspiro a que el proyecto se apruebe en comisión antes de las elecciones. Haré lo posible; a eso comprometí mi esfuerzo, pero no puedo saber el del resto de los bloques. No puedo decir que sea en 15 días, ni en tres meses". Y recordó: "Así salimos de los tickets canasta: gradualmente y después de 20 meses".

Convencido del aumento de productividad que se generaría por medio de la participación, el diputado se mostró dispuesto a negociar algunos ítems del proyecto -inclusive el porcentaje al que ascendería y las características de las empresas que deberían repartir sus utilidades- para lograr el consenso con otros bloques.

Los que ya no tendrán oportunidad de hacerse oír, al menos por medio de una instancia formal, son las entidades empresarias agrupadas en el G-6, entre otras la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural y la Cámara Argentina de la Construcción, que habían faltado a la convocatoria pidiendo una prórroga para estudiar los detalles del texto. "No habrá nueva invitación", aseguró Recalde, y rechazó las críticas que hablaban de "cogestión" de las corporaciones.

No hubo alusiones a esta cuestión en los comunicados emitidos tras los últimos encuentros del G-6, y no justamente por haber quedado afuera de sus preocupaciones. Lo que hubo en los últimos días fue una nueva crítica por parte de la Unión Industrial Argentina, que desde el primer momento objetó la idea.

Consultados por lanacion.com, diputados de otros partidos destacaron el estancamiento del tema. Iniciado el año, indicó Claudio Lozano, de Proyecto Sur, se impuso la suba del piso del impuesto a las Ganancias. Una vez actualizado -"emparchado", desde su óptica-, no hubo movimientos en la otra dirección. Lozano especuló con que, con los comicios en el horizonte, la iniciativa "seguirá bajo el manejo del Gobierno, aunque probablemente sea utilizado por la CGT como un instrumento de presión en las negociaciones paritarias".

"Está parado y creo que no hay decisión de avanzar. Desde que empezó la actividad, que ha sido escasa, no fue retomado porque no se trata de una concepción, sino de una oportunidad política: el impulso aparece o desaparece de acuerdo al posicionamiento de la CGT con el Gobierno", dijo Lozano, quien señaló que Recalde nunca dio cabida al proyecto de su creación, hasta que Moyano lo alentó. "Con el empresariado -continuó- ahora la discusión se basa en el tema previsional".

Otro integrante de la comisión de Trabajo, el radical Miguel Angel Giubergia ve "lejano" el abordaje del reparto. "Hasta ahora, no se habló nada sobre eso", coincidió. Y puso el énfasis en otro sentido: "Cuando el estado se queda con las ganancias de los trabajadores, el incremento del 20% del piso de Ganancias es una burla. Este tema no está resuelto a pesar de la actualización".

En la lista de urgencias, evaluó que es igualmente prioritario "debatir sobre el cumplimiento de acuerdos de la OIT sobre la libertad sindical, e incrementar el sueldo a los desempleados, que hoy cobran 400 pesos". Sobre esos puntos seguirá insistiendo su bloque.

Respecto de la letra del texto de Recalde, si bien tiene una visión positiva sobre la idea de fondo, Lozano puso como condición a su apoyo una garantía de libertad sindical. Es decir, "que se elijan de delegados para debatir el reparto de ganancias con los directivos de las empresas, en lugar de que esa comisión se conforme de acuerdo con estructuras sindicales gobernadas por la CGT, donde los delegados son designados 'a dedo'".

Eduardo Macaluse, del SI, promueve un proyecto similar al del abogado de la CGT. Esta alternativa contempla el reparto de ganancias, pero excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas. Como Lozano, también rechaza el control de la CGT sobre el reparto, y espera poder cambiarlo en el camino del proyecto.

"Me parece razonable el acuerdo que había apara trabajar. Sin un plazo, sin apurar los tiempos", señaló Macaluse. Y se entusiasmó: "Hay tiempo para debatirlo antes de las elecciones, no estaría nada mal. habrá que ver.".

El proyecto descansa en comisión. Por cuánto, parece ser el resultado de una mezcla de factores como el cambio de prioridades en un año electoral, la rispidez del tema en un contexto inflacionario y los sobrados temores en el ámbito empresario por el avance sindical.