“Democratizar la justicia es usar el sentido común con los códigos de fondo en la mano”

“Democratizar la justicia es usar el sentido común con los códigos de fondo en la mano”
Expresó el secretario de Justicia de la Nación Julián Álvarez en diálogo con EL SIGLO. Se refirió a la importancia de acercar la justicia a los sectores más postergados a través de los CAJ. A su vez defendió la idea de implementar un nuevo Código Penal, ideado por especialistas de diversos partidos políticos.

"Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) cumplen un ron central. Es el intermediario entre en conflicto entre partes y el sistema judicial. Allí hay abogados, un representante del Estado que otorga asesoramiento para que se puedan resolver conflictos, sino alcanzan se pueden hacer mediaciones comunitarias, ya se familiar, de tenencias, por medianeras con vecinos, etc. De eta forma se llega a un acuerdo con la palabra del Estado a través del Ministerio de Justicia", comentó en diálogo con El SIGLO el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez.

En su visita a Tucumán el funcionario nacional explicó que un CAJ "no es solo una solución de conflicto jurídico, sino también social. Este trabajo lo comenzamos con los curas villeros, necesitaban psicólogos, trabajadores sociales y es precisamente lo que nosotros estamos brindando, un mediador comunitario y porque no el Estado en su conjunto, con toda su presencia jurídica y administrativa.

De este modo, los CAJ, se volvieron un catalizador de la ventanilla única del Estado, donde se accede a políticas de inclusión. Ayer (por el lunes) se inauguró un CAJ en la Fundación María de los Ángeles, un emblema en la lucha contra la trata".

La necesidad de un Código Penal acorde a los nuevos tiempos

"El Código Penal actual es de 1921, imaginate los delitos de aquellos años, no se asaltaban bancos, no había delitos informáticos, ni narcotráfico. Las modalidades delictivas fueron creciendo. De este modo el gobierno nacional en un proceso de democratización de la justicia propuso una modificación de los códigos de fondo. Comenzó con el digesto jurídico argentino, estamos tramitando media sanción del digesto del Código Civil y Comercial. Ahora estamos discutiendo el Código Procesal", precisó Álvarez con solvencia.

Hace dos años se asignó una comisión para analizar el Código Penal, la misma integrada por el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario Legal y Técnico de Presidencia, Carlos Zannini; León Arslanián; el diputado del PRO, Federico Pinedo y el jurista radical Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata.

La intención es que redactara un proyecto del Código Penal, seguida por el juez Zaffaroni especialista en el tema. "Hace cinco semanas, la comisión nos entregó un anteproyecto, propusimos dar el debate y el Frente Renovador en un planeo muy hipócrita utilizando una herramienta tan importante como este código, lo viene tergiversando para sumar votos. Pero haremos que la sociedad opine y enviaremos el proyecto al Congreso sin perjuicio de ver si suma o resta votos. Venimos de un proceso político de más de diez años y somos conscientes de que hay que institucionalizar las transformaciones sociales. No criminalizar la protesta social, pensar en los derechos humanos, ser severos sin la política de dar palazos, nuestra política es la inclusión".

Respecto a la democratización de la Justicia el funcionario nacional opinó que "es un proceso que se inició en el 2003 que queda en evidencia con la los amparos contra la Ley de Medios, con la sentencia de absolución de todos los imputados en caso Verón, entonces la presidenta tomó el guante entendiendo que perjudica a la sociedad. De este modo se están aplicando una serie de leyes que tiene que ver cómo acceder al sistema judicial, cómo ver si los jueces son o no idóneos para estar al frente de ciertos casos, crear un órgano político para designación o remoción de magistrados. Usar el sentido común que van de la mano de los códigos de fondos".

Julián Álvarez, tiene apenas 33 años. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Obtuvo una maestría en Filosofía del Derecho y es especialista en Derecho de Daños. Trabajó en varios estudios jurídicos hasta el 2010, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo designó viceministro de Justicia por su fuerte compromiso ideológico con el gobierno nacional.

Nació el 5 de agosto de 1981 en Lanús, e inició su actividad como abogado en mayo de 2005 cuando creó la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS) para acercar la justicia al pueblo. Es precisamente esa premisa la que impero para la creación de los CAJ.

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