La investigación que trata de certificar si hubo lavado de activos y enriquecimiento ilícito a través de “cajas negras” de recaudación durante el gobierno de Daniel Scioli avanza con indagatorias. Ayer fue el turno de Mónica Ripamonti, la contadora delegada de la Jefatura de Gabinete que ante el fiscal platense Álvaro Garganta intentó desligarse.

Un vocero judicial le dijo a este diario que “la profesional no pudo explicar los motivos por los cuales la boletas presentadas para respaldar gastos por distintos eventos organizados durante los años 2014 y 2015 en la Jefatura de Gabinete no respetaron las normas establecidas por la AFIP”.

Ripamonti había sido citada por Garganta en calidad de acusada por el delito de “partícipe necesario de los delitos de peculado de caudales y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento en el deber de funcionario público”.

Una fuente de la UFI nº 11, que tiene a cargo la investigación tras la denuncia radicada por la legisladora Elisa Carrió en junio pasado, le explicó a este medio que la AFIP exige que todas las facturas tengan detallada la cantidad de unidades, su valor individual y total, los motivos del servicio, entre otros datos. Sin embargo, esa información brilla por su ausencia en las boletas incautadas que figuran en la causa.

“La responsabilidad de Ripamonti no es menor. Ella, por su condición de contadora y responsable de avalar los gastos, debía conocer las normas vigentes”, señalaron desde la fiscalía.

Al parecer, la profesional intentó desvincularse al indicar que así se manejaban en todos los organismos, lo que no hizo más que alterar a Garganta. “Quiso explicar lo inexplicable”, aseguraron desde la UFI nº 11.

Como se recordará, el extitular de la Jefatura de Gabinete, Alberto Pérez, fue indagado el 7 de noviembre pasado y en esa ocasión responsabilizó al exsubsecretario de Administración, Walter Carbone, y a las autoridades del Tribunal de Cuentas.

Al respecto, desde la fiscalía de Garganta aclararon que la contadora delegada era la que indicaba si la factura se pagaba o no, en tiempo real, y que el Tribunal de Cuentas, meses después, realiza “la autopsia” del expediente, por lo que la responsabilidad se percibe con fuerza en la Jefatura de Gabinete y es muy poco creíble que Pérez desconociera esas maniobras.

En el marco de esta causa, Garganta sostuvo que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que, entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el titular de la Subsecretaría Administrativa sustrajeron por lo menos en 25 ocasiones la suma aproximada de $10.720.347 destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.

Según estableció la investigación, Carbone habría sido el encargado de rendir los gastos de diversos eventos, como capacitaciones o charlas, autorizados por Pérez a través de la emisión de gastos para partidas no contempladas en el Presupuesto de la Provincia.