El Gobierno les conminó a las mayores alimenticias del país a que dejen de especular y garanticen el abastecimiento, después de corroborar faltas en productos de primera necesidad. Aceite, leche, pan, pastas, harina y detergente, entre los incumplimientos más graves por este comportamiento especulativo. Mientras la pandemia recortó los ingresos de la mayoría de los hogares, las compañías de primera línea del sector vieron mejorar sus ventas e incluso sus ganancias.

Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian fueron imputadas por la Secretaría de Comercio por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo.

Mientras los consumidores vieron su capacidad de compra disminuida por la inflación, la pandemia no perjudicó a todos por igual. Por el contrario, muchas de las alimenticias más grandes agrandaron sus billeteras. Ese fue el caso de Molinos Río de la Plata, presionada por reducir los inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites.

 

Se trata de una de las pocas imputadas que cotiza en la bolsa argentina y que, por lo tanto, abre sus balances contables. En el tercer trimestre de 2020, la empresa de Luis Pérez Companc registró una ganancia neta de $ 1.025 millones, que contrastó con la pérdida total de $ 3.396 millones en el mismo período de 2019. Fue tal el impulso que consiguió en las ventas que pudo acumular una utilidad positiva de $ 1.679 millones en los primeros nueve meses en plena crisis sanitaria, muy por encima del rojo de $ 1.852 millones que marcó sobre el fin del macrismo.

La semana pasada, en la reunión del Ejecutivo con empresarios y sindicatos, Pérez Companc formó parte del puñado de la élite que decidió enviar a un subalterno, pese a que le habían aclarado que la invitación para debatir precios y salarios era “personal e intransferible”. Allí lo representó Amancio Oneto.

 

Por su parte, Mastellone no aportó la información requerida por Comercio, lo que derivó en su imputación. La láctea mantiene un rojo en sus libros contables que data de varios períodos previos. En el tercer trimestre de 2019 perdió neto $ 2.652 millones. Para la misma etapa de 2020 recortaron sus bajas 83% a nada menos que $ 455 millones.

El desabastecimiento forma parte de una práctica común en el empresariado cuando buscan elevar el precio de sus bienes. Facilita este ejercicio la elevadísima concentración en cada uno de los segmentos. Para las leches, esta fabricante concentra el 69% de los productos vendidos (y el 57% de la facturación), de acuerdo a un informe de CEPA publicado en El Destape.

Molinos Río de la Plata, por su lado, mantiene un monopolio de los fideos con el 79% de las ventas. Del arroz controla el 45% de la facturación y del aceite el 36%, de acuerdo al estudio.

El Gobierno dio un giro en el encare con "los dueños de Argentina". La inflación se mantuvo en el 4% en diciembre y enero, pero los alimentos superaron incluso esa elevada marca, signo de gran preocupación. Más aún, según un informe de la organización Consumidores Libres, los supermercados y almacenes aumentaron la comida otro 3% durante la primera quincena de febrero.

Los trabajadores perdieron capacidad adquisitiva en los últimos años y necesitan mejorar sus perspectivas. Esta imputación de la secretaría de Paula Español puede llevar a multas de entre $ 500 y $ 10 millones, pero lejos está el Gobierno de plantear imponerlas. Pero el Ejecutivo ni siquiera espera cobrar estos montos con sabor a poco, sino que pretende que con la sanción administrativa las compañías vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta. Una suerte de "garrote" liviano para la especulación para presionar a nuevos aumentos en los productos de primera necesidad.