“Hay 50 millones de celulares para 40 millones de personas”, dijo Cristina Kirchner el jueves, para anunciar un proyecto de ley de regulaciones de producción y consumo, una actualización de los derechos que los consumidores ya tienen por mandato constitucional.

La presidenta tuvo que admitir que el mayor reclamo de la población era las deficiencias en la telefonía celular. “Por eso licitamos el 4G”, se excusó.

 

Una vez más, la presidenta mostró su alianza con las telefónicas que la llevó a bloquear todas las iniciativas para declarar la actividad como servicio público, condición que la habilitaría a controlar las tarifas que las compañías, aún con un servicio malo, manejan a gusto.

 

Para disimular, Cristina ordenó abrir los debates con los proyectos que promueven declarar a los celulares servicio público, pero con la sola idea de que no lleguen al recinto.

 

En el Senado las comisiones recibieron especialistas y en diputados el Frente Grande presentó un proyecto, todavía cajoneado.

 

Esta semana no sólo pasará sin que alguno de esos proyectos cobre vida, sino que el Gobierno avanzará con una ley para que el transporte aéreo sí sea considerado servicio público.

 

El proyecto ingresó por el Senado y el miércoles a las 10 será debatido en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, a cargo del kirchnerista mendocino Adolfo Bermejo.

 

Estará invitado el subsecretario de Transporte Aerocomercial de la Nación, quien tendrá la misión de defender la siempre cuestionada gestión de Mariano Recalde al frente de Aerolíneas Argentinas.

 

Es que el proyecto planea “crear un plan de negocios que equilibre la seguridad operacional con la productividad y el respeto de los derechos de los trabajadores; alcanzar un liderazgo en la región; lograr el autofinanciamiento y reinvertir en dicha actividad las ganancias que se obtengan”.

Y planea “promover la innovación tecnológica; capacitar y/o facilitar la capacitación y profesionalización del personal conforme a estándares internacionales; asegurar el compromiso ambiental y garantizar la representación de la comunidad aeronáutica”.

El año pasado se filtró una filmación en la que Recalde les contaba a militantes que le había pedido a la presidenta sacarle rutas aéreas a la chilena LAN.

 

La idea de Cristina es declarar “servicio público esencial” la navegación aérea y crear prestadores la nueva Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) y la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo.

 

EANA tendrá las funciones de Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, así como el personal, los bienes y el presupuesto y “se regirá por las normas y principios del derecho privado”, por lo que no podrá someterse a los principios del derecho administrativo.

 

Pichetto y su bloque deberán justificar porqué es más importante un control de la aeronavegación, un servicio usado por una cantidad de gente mucho menor a los 50 millones que tienen celular, pagan lo que la empresa estima necesario y sufren un mal servicio. Es la agenda parlamentaria del segundo semestre que ya comienza.