Luego de haber decretado la licencia forzosa de la mayor parte del personal durante todo el mes de enero, Cristina Kirchner ya comenzó a mover sus alfiles en el Senado para diseñar la agenda de los primeros dos meses del año y retomar en los próximos días la actividad legislativa en el Senado.

Al tope de la lista de tareas de la vicepresidenta figuran la modificación de la ley de Defensa de la Competencia y el acuerdo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para ocupar el Juzgado Federal 1 de La Plata, cargo estratégico ya que tiene competencia electoral sobre la provincia más poblada del país.

Junto a estos dos temas, en la carpeta de la vicepresidenta también se incluye la continuación de su ofensiva por hacerse con el control de la Procuración General de la Nación. Si bien en esta nueva etapa tendrá mayor énfasis en buscar el desplazamiento del fiscal Carlos Stornelli, la vicepresidenta no se olvidará del procurador interino Eduardo Casal.

Tanto los cambios en la Agencia Nacional de la Competencia como el pliego de Ramos Padilla cuentan con dictamen de comisión desde fines del año pasado y fueron incluidos por el Poder Ejecutivo entre los temas habilitados para ser discutidos en sesiones extraordinarias en febrero.

Sólo el hecho de que otros temas se convirtieran en prioridad de la agenda oficialista -la necesidad política del Gobierno de sancionar la legalización del aborto y el regreso al Senado en segunda revisión de la quita de fondos a la Ciudad-, modificaron la agenda de diciembre del kirchnerismo en la Cámara alta.

Esas urgencias ahora ya no están, por lo que Cristina Kirchner podrá avanzar sin demasiados inconvenientes hacia la consecución de sus objetivos.

El más preciado es la modificación de la ley de Defensa de la Competencia. El proyecto fue presentado por la kirchnerista Ana Almirón (Corrientes) el 13 de noviembre y apenas cinco días después obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación General, que preside la senadora correntina.

La iniciativa es de exclusivo cuño kirchnerista y su sola mención genera polémica en torno al impacto que su sanción podría tener sobre la seguridad jurídica y las inversiones en el país.

La intención del kirchnerismo es colonizar el tribunal que debe resolver los conflictos de defensa de la competencia, para lo cual pretende que sus integrantes sean elegidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo y no por concurso, como lo dispuso la ley sancionada en 2018.

El primer paso en esta jugada la dio el año pasado Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, cuando dejó sin efecto la terna para integrar el tribunal que, tras haberse realizado los respectivos concursos, había sido presentada ante el Senado en 2019.

En la lista de nuevos candidatos aparecen anotadas dos mujeres de fuerte ligazón con el kirchnerismo. Son los de María Laura Manín, vinculada al ministro del Interior, Eduardo De Pedro; y el de Johanna Cristallo, exsecretaria privada de Alejandra Gils Carbó.

Ofensiva judicial

Prioridad uno en la agenda política de la vicepresidenta durante todo el año pasado, la cuestión judicial no estará ausente en el reinicio de la actividad legislativa en el Senado este año.

El pliego de Ramos Padilla no escapa a esa lógica. Su nombre fue impulsado para el juzgado federal 1 de La Plata como parte del proceso de revisión de los nombramientos judiciales impulsados por el gobierno de Mauricio Macri, que habían quedado congelados en el Senado en el último año de la administración de Cambiemos.

El nombre del postulante fue motivo de una fuerte pulseada entre el kirchnerismo, que impulsaba al juez federal de Dolores, y el sector que responde a Alberto Fernández, que pretendía mantener la postulación de Laureano Durán que había elevado al Senado el macrismo.

Como suele ocurrir con cada choque de opiniones en el Gobierno, Cristina Kirchner impuso su criterio.

 

Cristina Kirchner pone en marcha la actividad legislativa en el Senado Fuente: LA NACION - Crédito: Hernan Zenteno

 

Ramos Padilla guarda estrecha vinculación con otro de los objetivos judiciales que tiene en la mira la vicepresidenta. Fue él quien llevó adelante y procesó al fiscal Carlos Stornelli en la causa por el supuesto espionaje ilegal que involucraría, también, a periodistas con el falso abogado Marcelo D'Alessio.

La persistente negativa del fiscal a comparecer ante Ramos Padilla es la causa que esgrime el kirchnerismo para remover a Stornelli de su cargo, para lo cual en diciembre pasado inició una ofensiva en la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal.

Presidida por el senador ultrakirchnerista Martín Doñate (Río Negro), la comisión le tomó testimonio a un abogado en diciembre pasado antes de entrar en receso. Todo indica, como lo prometió el legislador, que el caso Stornelli continuará este año.