La saga que podría terminar con la ex presidenta siendo conducida a Comodoro Py por fuerzas policiales, dio comienzo cuando Bonadio rechazó en dos ocasiones otorgarle una prórroga a la citación e incluso le rechazó un pedido para realizar esos trámites administrativos en Santa Cruz.

Ante esa situación, el viernes último la ex mandataria no se hizo presente a las 11 en los tribunales de Comodoro Py donde debía dejar sus huellas dactilares para que estas sean adjuntadas al Registro Nacional de Reincidencia y donde además iba a ser entrevistada por una asistente social para dar forma a un estudio socioambiental, paso previo para que el juez dé inicio a los trámites de envío del expediente a juicio oral.

En caso de que Cristina no se presente,

Bonadio podría usar la fuerza pública

A esa misma hora Cristina arribaba al juzgado federal de Río Gallegos donde le hizo entrega al camarista Javiel Leal de Ibarra, de un escrito en el que explicaba que el Código Procesal prevé que esos trámites se pueden realizar en esa provincia y donde buscó dejar aclarado que se encontraba a disposición de la Justicia.

También por la mañana de ese día, Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta, presentaba ante la Sala II de la Cámara Federal porteña un recurso de queja en el que insistía en el pedido de prorroga de la citación, acusaba a Bonadio por presunto “abuso de autoridad” y lo criticaba por tener “comportamientos caprichosos”, además de pedirle a sus superiores, en este caso Eduardo Farah y Martín Irurzun, que intervengan ante lo que consideró una “arbitrariedad”.

Para el letrado, en caso de que se consume “una privación ilegal calificada” de la libertad de Cristina, el hecho constituirá un “atropello”.

La respuesta del juez consistió en librar otro oficio en el que fijó una nueva fecha de citación para mañana bajo apercibimiento de ley.