El déficit del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia es explosivo y amenaza con convertirse en uno de los mayores problemas de la administración bonaerense. La caja jubilatoria de los estatales acumula un rojo que crece de manera exponencial, y que para este año ya se proyecta en 40.000 millones de pesos.

La asistencia de la Nación para cubrir ese desequilibrio -en abril le aportó $6000 millones-, compromete a la provincia, como a todos los otros distritos que reciben ese tipo de ayuda, a ejecutar reformas para armonizar las prestaciones con las de la Anses, un factor que genera inquietud en los gremios estatales y entre los cientos de miles de empleados públicos que se resisten a perder las actuales condiciones de retiro.

 

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Nadie quiere hablar de armonización en La Plata. Pero tanto en el oficialismo como en la oposición y en algunos gremios entienden que la situación actual es insostenible. El problema es el remedio.

El último año con superávit fue 2016. A partir de allí el rojo fue creciendo de manera exponencial: $1000 millones en 2017, $12.000 millones en 2018, $23.000 millones de 2019 y para este año se proyecta en unos 40.000 millones de pesos. La ley prevé que el desequilibrio en el IPS sea financiado por el Estado provincial. Pero como los fondos provinciales no son suficientes se recurre a la ayuda de la Nación. 

En abril, el déficit previsional bonaerense fue de 3333 millones de pesos (recaudó $11.836 millones y pagó $15.169 millones), según un informe que presentó el presidente del IPS, Eduardo Santín, en la Cámara de Diputados. Ese mes, Kicillof firmó un convenio bilateral de financiamiento con Anses por el cual recibió $6000 millones.

Para los gremios, esto significa abrir la puerta a las reformas y agitan el fantasma del traspaso a la Nación de esa caja previsional. En el gobierno de Kicillof rechazan de plano esa hipótesis y también descartan cambios en las actuales condiciones de retiro. "No pensamos ni modificar la edad jubilatoria, el cálculo del haber inicial ni la movilidad", dijo Santín a LA NACION. 

En abril, el IPS registró aportes de 755.819 empleados de la administración pública, docentes, municipales y del servicio penitenciario y pagó prestaciones a 296.193 jubilados y pensionados. Esto significa que hay 2,55 aportantes por cada pasivo, cuando el cálculo de equilibrio debería ser de 3,6 a uno. Es decir, que para alcanzar ese objetivo sin que haya ninguna reforma habría que incorporar unos 400.000 empleados a la masa de aportantes.

La "armonización" entre Nación y Provincia

Cuando la Nación financia las cajas jubilatorias a las provincias que no las traspasaron a la Nación en los 90 -como sucedió en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras-, exige a cambio un ajuste para equilibrar el sistema. La famosa "armonización". Es lo que ocurrió con Córdoba en 2012 y ahora, como contrapartida a la ayuda financiera, el gobierno de Juan Schiaretti impulsó un paquete de reformas para reducir el déficit en un 30%, que días pasados aprobó la Legislatura. El haber promedio en Córdoba es de 57.000 pesos.

La jubilación promedio de los estatales bonaerenses supera los 51.000 pesos mensuales. Se retiran a los 60 años, con 35 años de aportes, y los docentes -el segmento mayoritario de la administración provincial- se pueden jubilar a los 50 con 25 años de aportes. El haber inicial en la provincia es de entre el 75% y el 80% del cargo de mayor jerarquía en tres años continuos o en cinco años discontinuos.

En la Anses, la edad jubilatoria es de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres y 30 años de aportes para ambos. Y el haber inicial es de entre el 55% y el 60% del salario promedio actualizado de los últimos diez años.

 

 

Desde el IPS se apunta a la gestión de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal para explicar la crisis del sistema. Entre 2010 y 2020 cambió la política en la carrera administrativa y en la gestión de Cambiemos se impuso el concepto de reducción de la planta de personal, argumenta Santín. En realidad, entre el año 2000 y 2015 el número de agentes bonaerenses creció a un ritmo del 4% anual cuando la población en la provincia lo hacía al 1%. En la década del 90 la provincia había absorbido 66.000 trabajadores nacionales (docentes, de la salud y de la cartera laboral). Ese crecimiento en la masa de trabajadores se tradujo en un superávit en la caja jubilatoria.

En 2015, cuando asumió María Eugenia Vidal, se congeló el ingreso de nuevos empleados, y los que se sumaron lo hicieron a través de contratos y monotributo. Los trascendidos de que se haría un cambio previsional empujaron a miles de estatales a acelerar su retiro. El plan piloto fue la reforma de la caja del Banco Provincia (Bapro), que acumulaba un déficit de $8000 millones, y que el exministro de Economía Hernán Lacunza instrumentó con un fuerte rechazo de los gremios y paros permanentes. 

Al momento de la reforma, que incluyó pasar la edad jubilatoria de 57 a 65 años (esto terminará aplicarse en 2028), el Bapro tenía 16.000 jubilados y 10.000 aportantes. Jorge Sarghini, exministro de Economía de Eduardo Duhalde y actual diputado nacional, no había podido reformar esa caja bancaria por una serie de paros que jaquearon al banco provincial.

A partir de 2015 la masa de empleados bonaerenses no creció, pero sí la de los jubilados, que aumentó a un ritmo constante de unos 15.000 nuevos jubilados por año. El efecto fue el estancamiento de las contribuciones al IPS mientras aumentaba el volumen de las prestaciones. Hubo, en los hechos una transferencia del déficit. El rojo pasó de la administración central a la caja de jubilados. 

El mayor descalce se produce en el magisterio. El 41% de los aportantes al IPS son docentes, pero de la masa de jubilados de esa caja, el 52% son del magisterio. Los otros subsistemas están en equilibrio o con más activos que pasivos en el caso de los municipales. El universo previsional se completa con la Caja de la Policía, con 92.294 activos y 37.452 pasivos, y la deficitaria del Banco, con 10.398 activos y 15.374 pasivos.

Con el convenio firmado entre Anses y la provincia, el gobierno de Kicillof busca recuperar fondos que le reclama a la Nación. Estiman que son unos $10.000 millones. Pero con eso no alcanza para compensar el desequilibrio previsional. La idea de Santín es incorporar a la planta transitoria este año a los 15.000 contratados o monotributistas de la administración central, empresas con mayoría estatal u organismos descentralizados y a los 35.000 de los municipios. Le faltarían unos 350.000 aportantes más para no depender de la Nación y quedar en equilibrio. 

Las probabilidades de reformas para equilibrar el sistema sobrevuelan en la capital provincial. En algunos sectores del peronismo, el equipo de la exgobernadora Vidal e incluso algunos representantes del sindicalismo estatal, consideran que el cambio es inexorable.

En el listado, aparecen el aumento progresivo de la edad jubilatoria -"una discusión perversa", según Santín-, la tasa de sustitución, el haber inicial y la contribución patronal. Pero cualquier modificación dependerá de la voluntad política y del consenso.