Hernán Cappiello

La reforma de la obra social del Poder Judicial expuso las diferencias internas entre los jueces de la Corte Suprema de Justicia: el trío integrado por el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosebkrantz y Juan Carlos Maqueda dispuso en una acordada reformar el estatuto y ampliar el directorio, pero Ricado Lorenzetti, en una extensa disidencia, reclamó sancionar a las autoridades por irregularidades encontradas en una auditoría y se opuso a los cambios.

El tema, que podría parecer una cuestión anodina de gestión interna de la Corte, viene manteniendo ocupados a los jueces, que encararon una reforma profunda en la obra social para modernizarla, afrontar sus deudas y hacerla eficiente para los 47.000 afiliados. Hasta la intervención de esta gestión de la Corte, la obra social estaba bajo supervisión del juez Maqueda. Se trata además de un organismo que maneja una caja millonaria. La Corte intervino, saneó la entidad, la reorganizó y ahora dio paso a una segunda etapa de reformas.

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La mayoría de la Corte resolvió mantener al actual director, Aldo Tonón, y a dos directores, y sumar además a otros dos, uno por el gremio de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional y otro por la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, ya que ambos concentran a los afiliados. Los dos directores nuevos serán elegidos por la Corte de una terna elevada por las asociaciones. Además, se dispuso que la auditoría sea externa, sin relación jerárquica con el directorio.

Es Tonón quien está siendo investigado mediante un sumario administrativo. Tiene avanzados los trámites ara jubilarse. No hay acusaciones sobre Maqueda. Tras la llegada dela nueva gestión se realizó una auditoria que abarcó desde 2008 a 2021.

En su disidencia, Lorenzetti señaló que viene diciendo en sus fallos que no es bueno modificar constantemente la instituciones y que la obra social no es la excepción. Dijo que “cuando se habla de reformar, antes hay que hacer cumplir lo que ya está escrito, porque mejorar la calidad institucional no es cambiar las normas todo el tiempo”.

Por eso dijo que “los cambios permanentes de estatutos afectan claramente la seguridad jurídica y la estabilidad de las instituciones”, porque “lo que se decide ahora puede ser alterado en poco tiempo”. Agregó que eso genera “inestabilidad” en la organización. “El diseño institucional del estatuto que se propone conlleva a un control de hecho por parte de la Corte Suprema, que puede generar su responsabilidad a tenor de la legislación vigente”, advirtió Lorenzetti.

El juez se mostró de acuerdo con incorporar a los trabajadores y magistrados al directorio, pero no a ampliarlo, sino a colocarlo en los dos lugares existentes. Señaló que la intrevenció de la Asociación de Magistrados es “meramente declarativa”, ya que el director sale de una terna propuesta por la entidad y el candidato es elegido por la Corte. Y señaló que la Corte elige al presidente y al vicepresidente del directorio y ello “implica entrometerle en la democracia interna” del organismo.

El meollo del asunto es la designación del nuevo Administrador General, ya que dijo que “el directorio tiene funciones declarativas en la medida en que se dispone” de este nuevo encargado de la administración, que en la práctica será quien conduzca la obra social.

Finalmente, remarcó que “el actual directorio ha incumplido sus deberes”. Recordó que los balances son deficientes, no confiables, que hay informes “sumamente graves”. Por eso pidió aplicar sanciones y notificar a los organismos de control, a la Auditoría General de la Nación y a dos jueces que intervienen en denuncias penales relacionadas con la obra social.

 

Desde que Rosatti asumió la presidencia de la Corte y reunió la voluntades coincidentes de Rosenkrantz y Maqueda en cuestiones de gestión, Lorenzetti -que durante una década comandó el máximo tribunal-mantiene diferencias que en ocasiones se advierten en posicionamientos públicos.