Mauricio Macri y su familia presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema para que frene el proceso de salvataje o quiebra de Correo Argentino, algo que ya lograron demorar más de 15 años. Es la cuarta vez que llegan a la Corte por el caso Correo: en las tres anteriores les fue mal.

El escrito lo presentaron Jaime Cibilis Robirosa, presidente de Correo Argentino SA (hoy intervenida), y Jaime Klidermacher, histórico abogado de los Macri para estos asuntos. En lo concreto, reclaman por el recurso extraordinario que les denegó la Sala B de la Cámara Comercial, donde insistían con lo mismo: que no se avance en el proceso de salvataje y posterior quiebra de Correo Argentino. La queja es a instancia siguiente cuando falla el extraordinario y era el movimiento obvio, tal como adelantó El Destape. No escatiman recursos para demorar un expediente, aunque en este caso la presentación no tiene ningún efecto suspensivo.

En la versión Macri de la vida, sus abogados plantean que “Correo, ha transitado un complejo y largo proceso desde que el Estado Nacional provocó su situación de insolvencia y luego la agravó al expropiarle sus bienes sin compensación alguna”. No dice, claro, que fue Franco Macri quien se presentó ante el entonces presidente Fernando De La Rúa para decirle que no pagaría el canon y que entraba en concurso de acreedores. Se puede chequear en la tapa de Clarín del 19 de septiembre de 2001, mucho antes de que Néstor Kirchner les quitara la concesión justamente por la falta de pago del canon.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. 

Las tres veces que los Macri ya plantearon ante la Corte cuestiones relativas al caso Correo Argentino rebotaron. La primera fue en 2009, tal como publicó El Destape, cuando el máximo tribunal cuando rechazó la estrategia de los Macri de compensar su deuda con el Estado con las supuestas deudas que el Estado tiene con ellos. La Corte recogió los fundamentos y conclusiones del entonces Procurador General de la Nación Esteban Righi, que dictaminó el 4 de junio de 2008 que debía rechazarse la decisión de la Sala B de la Cámara Comercial que, en los hechos, acompañaba la estrategia dilatoria de los Macri. La estrategia de, como sintetizó Righi, "no cumplo si no cumples", no tenía como objetivo discutir la deuda de los Macri con el Estado sino, en palabras del ex procurador, “posponer su cancelación”.

La segunda vez fueron directo contra la fiscala Gabriela Boquin, a quien acusaron en todo el expediente de cometer el terrible delito de actuar como fiscal y pidieron su desplazamiento. En diciembre de 2018, la Corte rechazó también por unanimidad el pedido de los Macri de desplazar a la fiscala Boquin y la ratificó al frente de la investigación. Hasta las juezas que intervienen en la causa sostuvieron que la fiscala tenía legitimidad para investigar y pedir pruebas. Lo hizo la jueza comercial de primera instancia Marta Cirulli, que está imputada junto a Macri en la causa penal en la que se investiga el vaciamiento de Correo Argentino, cuando escribió: “la legitimación del Ministerio Público para peticionar esas medidas ha sido estimada implícitamente por el Superior”. Por el “Superior” se refiere a la Sala B de la Cámara Comercial, cómplice de las maniobras dilatorias de esta causa durante más de 17 años pero que, sin embargo, no llegaron al extremo de negar la esencia de la fiscalía: investigar. El 6 de diciembre de 2017, las juezas María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini afirmaron: “La Sra Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”. La Corte dijo lo mismo.

La tercera fue en septiembre de 2019, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario que llegó a esta instancia por impulso del procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, que pasó de abogado de los Macri a abogado de los Macri con patente de funcionario. Saravia Frias había pedido 120 días hábiles para evaluar la ante última propuesta de pago que hizo la familia Macri y las juezas Maria Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini le hicieron lugar al recurso.

Esa propuesta, hecha en julio de 2018, era casi calcada a la que hicieron en junio de 2016, dos años antes, que implicaba una quita de más de 70.000 millones de pesos. En 2018, lo único que ofrecieron como mejora fue el pago de un “reconocimiento adicional” a condición de que le ganaran juicios al Estado. Luego, en julio de 2019 y tal como informó El Destape, hicieron una propuesta aún peor: pagar su deuda de 296 millones de pesos con 18 años de retraso y que los intereses se paguen con plata que el Estado supuestamente les debe a ellos.Los cortesanos afirmaron que no estaba “justificada la configuración de la gravedad institucional invocada” y, por ende, “corresponde declarar mal concedido” el recurso que, a todas luces, fue para ganar tiempo de parte del Macri-Gobierno en beneficio de la Macri-Familia.

En este cuarto pedido para que la Corte falle a su favor, la versión Macri sigue así: “A lo largo de este concurso ha demostrado una hostilidad manifiesta que ha ido oscilando en su virulencia en función de los intereses políticos del Poder Ejecutivo de turno, atento el vínculo del ex Presidente de la Nación con la sociedad accionista de Correo. Esa hostilidad manifiesta se ha transformado en la actualidad en una persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

Vale la pena dedicar un párrafo para desmentir esa versión. Ya quedó demostrado en todas las instancias judiciales que el Estado no tuvo “hostilidad manifiesta” sino que eso es un invento de los Macri para no decir que no le aceptaron las ridículas propuestas de de pago que implicaban una estafa a las arcas públicas. Que exista una “persecución” y que se “intenta decretar la quiebra” es otro invento, la quiebra deberían haberla decretado en 2004, y en la actualidad no pasa otra cosa que la que dice la ley: primero el concurso de acreedores, luego el salvataje y finalmente la quiebra. Que el concurso deba durar 120 días hábiles y lo hayan extendido más de 5.000 es dato más que suficiente para demostrar que si hubo hostilidad fue de parte de la familia Macri.

Acaso el único punto certero del recurso de queja es donde reconocen “el vínculo del ex Presidente de la Nación con la sociedad accionista de Correo”. Hablan de Mauricio Macri y es una confesión: es ese vínculo el que lo impulsó a intentar condonarle más de 70.000 millones de pesos apenas llegó a la Casa Rosada y como puso todo el Estado en pos de ese objetivo aún una vez descubierto. El caso lo investiga con una lentitud planificada el juez Ariel Lijo, que ni siquiera llamó a indagatoria a Macri cuando pasaron ya más de 3 años de iniciado el expediente.

Los Macri insisten en este cuarto pedido a la Corte en que lograron las mayorías de acreedores sobre sus propuestas cuando ya quedó demostrado que fueron fraudulentas, en que las sindicaturas aprobaron lo actuado cuando, por ejemplo, la sindicatura general está en manos de Julio César Rivera, abogado personal de los mismos Macri, y que la fiscala Boquin no tenía potestad para actuar cuando la propia Corte Suprema ya ratificó que sí.