El debate por el nuevo cuadro tarifario de la electricidad quedó confirmado hoy por una resolución del Ente Nacional Reguladores de la Energía (ENRE) publicada en el Boletín Oficial. Se especifica quepodrá participar en la audiencia "toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva, conforme los requisitos previstos en el procedimiento de Audiencia Pública aprobados por la Resolución ENRE N° 30/2004".

"Las personas jurídicas, organismos o entidades interesadas podrán participar por medio de sus representantes, acreditando personería mediante el instrumento legal correspondiente, debidamente certificado, admitiéndose la intervención de un solo orador en su nombre.

A tales fines deberán inscribirse personalmente y en forma previa, en el correspondiente Registro de Participantes. Se entregará la respectiva constancia de inscripción. No se habilitará la inscripción por página web", se agrega.

El período para inscribirse será entre el 11 y el 26 de octubre hasta las 11 de la mañana. El Registro de Participantes que funcionará en el horario de 9 a 17, en la Mesa de Entradas del ENRE, ubicada en Avenida Madero 1020, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuando a mediados de este mes se realizó la audiencia pública del gas se multiplicaron las quejas de cientos de oradores que estaban inscriptos pero que finalmente no fueron incluídos en la nómina. Desde todo el país se hicieron escuchar los reclamos, e incluso se produjeron episodios con gritos e insultos dentro del auditorio de La Usina. 

Además, se especificó que "en oportunidad de la Inscripción, quien solicite participar como expositor en la Audiencia Pública deberá manifestarlo expresamente en el Formulario de Inscripción, realizando en su parte pertinente un resumen que refleje el contenido de la exposición; pudiendo adjuntar un informe escrito de la exposición a realizar, así como toda otra documentación y/o propuesta relativa al objeto de la Audiencia Pública". Las personas físicas tendrán 5 minutos para hacer su exposición y los representantes de las personas jurídicas, organismos o entidades interesadas que se hayan inscripto como participantes, 10 minutos.

A fines de agosto, una medida cautelar había dejado sin efecto el aumento de la tarifa de luz en todo el país. Sin embargo, el pasado 6 de agosto la Corte Suprema revocó esa medida por cuestiones "procesales".

La demanda había sido presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

La Corte dijo que los diputados presentantes, el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de dicho Estado carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia.

En cuanto a la presentación del Club Social y Deportivo "12 de octubre", que también adhirió a la demanda, la Corte dijo que si bien no invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia, y por ende no los puede representar, se reenvían las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo.

En otra resolución, la Corte rechazó su intervención en la causa por el aumento de la tarifa de energía eléctrica "Fernández, Francisco Manuel y otros", que fuera enviada por la jueza Martina Forns, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín.

El Máximo Tribunal dispuso la devolución del expediente a la magistrada y le encomendó "que, sobre la base de las rigurosas exigencias vigentes en materia de procesos colectivos según los recordado por el Tribunal en el pronunciamiento mencionado (Halabi), verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitan su intervención en el proceso y, en su caso, adopte las decisiones que correspondan con arreglo al estado de la causa".

bull; Las resoluciones cuestionadas

En los últimos días de enero, a poco más de un mes de asumir el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó varias resoluciones, por las que dispuso un incremento de la tarifa de energía eléctrica que deben afrontar los usuarios para acceder el valor por consumo de ese servicio, que se comenzó a aplicar a partir del 1 de febrero. 

El Gobierno había asegurado que el aumento de tarifas no sería de grandes proporciones. De hecho, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, afirmó que equivaldría "a dos pizzas". Sin embargo, las facturas no reflejaron eso y los usuarios debieron afrontar liquidaciones con aumentos superiores a 700%. 

Al igual que con lo sucedido con el gas, el malestar generalizado, tanto entre usuarios residenciales como comercios e industrias, obligó al Ejecutivo a reconocer los errores en la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios y a recalcular su estrategia. Las críticas apuntaron principalmente al titular del área energética, Juan José Aranguren.

Para el caso del transporte de electricidad, Aranguren había anticipado que "se estarán convocando para antes de fin de año las audiencias públicas en las cinco áreas de transporte en que se divide la Argentina" y que aportan la energía generada a partir de distintas fuentes al Sistema Argentino de Interconexión.

De esta manera, el Gobierno prevé que para "el 31 de enero van a estar definidos todos los cuadros tarifarios sancionados de forma de que con el inicio del período estacional del 1 de febrero, podamos tener tarifas eléctricas ya definidas y un sendero de cómo pensamos reducir los subsidios de forma tal que podamos estar solamente subsidiando a quienes lo necesitan", había expresado la semana pasada Aranguren.